En cumplimiento de un mandato ético e histórico como Universidad pública, durante todo 2019 hemos acompañado las legítimas demandas de estudiantes secundarios en pos de una educación pública de calidad.
En particular, hemos estado junto a estudiantes y comunidad educativa del Liceo 7 Teresa Prats y del Instituto Nacional José Miguel Carrera. Este acompañamiento lo hemos profundizado en el segundo semestre del año recién pasado frente a la creciente persecución de estudiantes y sus dirigentes.
De manera consecuente con este objetivo de acompañamiento, la Cátedra de Derechos Humanos ha conformado una mesa de trabajo para abordar la situación de violencia vivida por la comunidad del Liceo 7, la que también integran la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas, la Defensoría de la Niñez, la Corporación 4 de Agosto y las Concejalías de Rosario Carvajal e Irací Hassler. Por ello, y respondiendo al mandato de esta instancia, la profesora Alejandra Araya estuvo presente el 24 de diciembre recién pasado en la entrega de las instalaciones del Liceo a la autoridad al finalizar la ocupación del recinto, a fin de garantizar que dicha entrega se hiciera sin violencia. Esta labor de acompañamiento es una extensión del trabajo institucional, conjunto y colaborativo que el Archivo Central Andrés Bello, dirigido por la profesora Araya y dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, mantiene con el Liceo 7 Teresa Prats desde 2015, el que ha estado orientado a difundir y preservar el importante patrimonio del Liceo relacionado con la Premio Nobel Gabriela Mistral.
Más allá de que la acción judicial anunciada por el alcalde Felipe Alessandri no tenga fundamento alguno, rechazamos este intento por criminalizar las manifestaciones de estudiantes y de quienes no hemos hecho otra cosa que garantizar la integridad de las y los jóvenes y el ejercicio de su derecho a la educación.
Esta acción legal está vinculada con la emprendida por el Ministerio del Interior en contra de dirigentes de la ACES. Ambas acciones buscan castigar a estudiantes movilizados y amedrentar a quienes hemos asumido el compromiso de protegerles y acompañarles en el ejercicio de sus derechos.
Llamamos a las autoridades de la I. Municipalidad de Santiago y al Ministerio del Interior a desistir de estas acciones que en nada ayudan a restablecer la confianza en las instituciones, paso necesario para comenzar a dar soluciones a las demandas ciudadanas.
Santiago, 09 de enero de 2020