La sesión comenzó con la intervención del rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, quien detalló las medidas adoptadas para garantizar la realización del Proceso de Admisión 2020 tras el inicio del estallido social –razón por la que finalmente se rindieron las pruebas los días 6 y 7 de enero-, y las determinaciones en materia logística y de seguridad para el próximo lunes 27 y martes 28 de enero, nuevas fechas dispuestas para las y los postulantes que hayan visto suspendido su proceso.
El Rector Valle afirmó que se han “reunido con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y con el alto mando de Carabineros para garantizar las mayores prevenciones, con las mayores precauciones, desplegando toda la capacidad que pueda tener Carabineros en los cercos perimetrales, en el control de los materiales de las pruebas. Llamo a que todos hagamos un esfuerzo, con un sentido de nación, porque necesitamos de esta unidad a propósito de esta prueba”.
Luego la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, Leonor Varas, adelantó que “la aplicación de fin de enero se está organizando y se están tomando nuevas medidas; por ejemplo, con Carabineros, con el Ministerio del Interior, con el Cruch, con abogados". Si bien indicó que "el fin último es que los postulantes la rindan con tranquilidad", también es necesario "resguardar las pruebas en el establecimiento educacional de un modo distinto que hicimos en el primer ejercicio”.
En esa misma dirección, el Rector Ennio Vivaldi planteó que, a pesar de las criticas a la prueba, aún se mantiene como un proceso igualitario para todas y todos los postulantes. "En la década del sesenta la U. de Chile se propone hacer una prueba que de igualdad de condiciones a todos los jovenes para ingresar a la universidad. Ese principio de igualdad de derechos es válido hasta hoy, con todas las injusticias que hay en la educación, hoy un joven que tiene un cierto puntaje, provenga del colegio que provenga, su padre y su madre pueden no conocer a ningún rector de una universidad, pero él dice: "aquí están mi puntaje y tienen que respetar mi derecho a ingresar a la universidad que me corresponda”. El principio era enfatizar la potencialidad por sobre las oportunidades, y siempre vamos a intentar que la potencialidad predomine sobre las oportunidades”.
Posteriormente el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, agregó que parte de la necesidad de desarrollar el proceso de selección universitaria de la mejor manera es debido a que “gran parte de los beneficios estudiantiles reside en la posibilidad de rendir la PSU”, explicando a su vez que “es prioridad mejorar el sistema en lo que sea requerido”, especialmente porque para la admisión 2021 es su repartición la encargada de administrar el proceso.
El diputado Mario Venegas (DC) llamó a preocuparse por “cómo resolvemos el problema de los miles de jóvenes que fueron perjudicados”. Además, aseguró que a la hora de hacerse cargo de la seguridad del proceso “si se mira la línea de responsabilidades quien debe garantizar el orden público es el gobierno a través del Ministerio del Interior, no es el Demre, no son los rectores. Se trata de garantizar y resolver un problema y que se haga de la forma adecuada en los próximos días que están planificados”.
Por su parte, el diputado Luis Pardo (RN) expuso que “una cosa son las causas sociales, que todos entendemos y trabajamos para superarlas y otra cosa es decirles a los jóvenes que lo que están haciendo es de alguna manera legítimo porque son víctimas de una violencia estructural, que efectivamente existe, pero no son comparables ni son las señales correctas que debiéramos entregar. Hay un organismo encargado de la ejecución de la prueba y es importante dirimir las responsabilidades”.
Medidas especiales para este proceso
Entre las diferentes acciones tomadas para el resguardo del proceso de admisión 2020 se cuentan la incorporación de 1.500 funcionarios al proceso, sumando un total de 25 mil personas trabajando para llevar adelante la medición.
Adicionalmente a la elaboración e impresión de mayor cantidad de pruebas de respaldo, lo que implicó también el diseño de versiones alternativas del examen, y se definió una red nacional de locales de respaldo en todas las provincias donde se rendía la medición y se elaboró un protocolo de reemplazo.
En materia de seguridad existió una coordinación permanente con Carabineros, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Educación Superior y el Consejo de Rectores, con el fin de definir las medidas de seguridad en la aplicación.