Ante una gran cantidad de asistentes, este jueves 23 de enero se desarrolló el seminario “Democracia y orden interno post 18 de octubre: el rol de las Fuerzas Armadas y las policías”, actividad impulsada para analizar desde el punto de vista constitucional y legal, así como desde una perspectiva práctica, la participación de militares y carabineros en tareas de mantención de orden público durante el estallido social.
El encuentro fue coorganizado por el Área de Política de Defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), junto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.
La coordinadora del seminario, la académica del INAP Mireya Dávila, destacó la relevancia de pensar los roles de ambas instituciones en la perspectiva de la capacidad estatal para hacer frente a los temas de orden público.
El primer panel estuvo orientado a discutir sobre la naturaleza de la participación de las fuerzas armadas y de orden en la mantención del orden interno. Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas, advirtió que el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros señala que dicha institución es “de carácter militar”. “Actualmente se ha mantenido el rol militar de Carabineros, y se ha policializado el rol de las Fuerzas Armadas. Y ningún gobierno ha cambiado esa situación”, indicó.
En su análisis, Varas explicó que la carta fundamental vigente presenta ciertas falencias respecto al rol de las Fuerzas Armadas. “El capítulo 11 de la Constitución pone a las Fuerzas Armadas en un lugar equivalente a otras instituciones del Estado, como la Contraloría, e incluye el concepto de ‘seguridad nacional’, que no está definido en la constitución”. A su juicio, “hay una serie de elementos relativos a la seguridad nacional que podrían significar que las Fuerzas Armadas puedan limitar ciertos derechos. Varas agregó la necesidad de poner fin a la autonomía castrense.
En una línea similar, la jefa de la carrera de Ciencia Política en INAP, Claudia Heiss, planteó que en el proceso de reformas a la Constitución del 2005 hubo cambios importantes a los estados de excepción -situaciones especiales en las que las Fuerzas Armadas toman el control del orden público–. No obstante, “la ley orgánica de los estados de excepción es de 1985, y no ha sido reformada. Por lo tanto, tiene elementos inconstitucionales”, afirmó.
El estado de emergencia, uno de los cuatro estados de excepción establecidos en la Constitución chilena, fue declarado por el Presidente Sebastián Piñera en diversas regiones del país a partir del 18 de octubre. La causa del Estado de excepción debe ser, según explicó la profesora Heiss, una “amenaza existencial” respecto de la comunidad, ya sea invasión, guerra interna, desastres naturales.
“Allí se produce una tensión entre garantizar que no se violen los derechos humanos y derechos fundamentales, y que el gobierno pueda operar con rapidez frente a la crisis, con menos burocracia. Hay una tensión entre libertad y seguridad”. Ahora se ha confundido una amenaza al Estado con una al gobierno, indicó.
En sus comentarios al panel, el profesor del INAP, Jaime Baeza, planteó la necesidad que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de enfrentar “amenazas emergentes, como las relativas al cambio climático” y no dar un rol determinado a ellas en la Constitución. “En el tema constitucional, menos es más”, señaló.
El segundo panel estuvo orientado a analizar la acción de Carabineros y las Fuerzas Armadas durante la crisis.
El coronel (r) de Carabineros, Gonzalo Huenumil, planteó como antecedente un deterioro de confianza de larga data entre la institución policial y la policía. “Con el retorno a la democracia hubo una inyección de recursos y algunos cambios que permitieron que carabineros se desarrollara, pero sin un control civil a la institución. Eso genera que el vínculo con la sociedad sea muy endeble”, aseguró.
Este problema fue mostrándose paulatinamente, por ejemplo, durante las manifestaciones de secundarios en 2006, en las que Carabineros “tuvo que reestablecer el orden público y comenzamos a ver conductas inapropiadas como abuso de poder”, afirmó Huenumil.
Del mismo modo, el llamado pacogate de 2017 “causó no sólo un impacto en la sociedad, sino también dentro de la institución”. “Muchos de los miembros de la institución nos sentimos traicionados porque el Alto Mando daba un discurso en el que muchos creían, mientras se hacía millonario”, dijo.
Así, el prestigio de Carabineros y la confianza en dicha institución por parte de la ciudadanía llegá a su mínimo nivel con la crisis actual. “Viene el estallido social y Carabineros está totalmente deslegitimado”, señaló el coronel en retiro.
“Hoy estamos en una situación de crisis, que es una oportunidad, pero tampoco se ha tomado por parte de la institución alguna decisión que vaya a remediar o paliar lo que ocurre. Tenemos una institución que solamente se mueve por la inercia y no por lo que la sociedad requiere”, evaluó.
Además, aseguró que es necesario que en la modernización de Carabineros se cambie la forma en que se estudian y respetan los derechos humanos. “La forma en que se están incorporando los derechos humanos actualmente no está resultando, y basta con ver cuántas personas han sido vulneradas por la policía”, dijo el coronel en retiro.
Luego, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y académico del INAP, Sergio Micco, informó sobre algunas de las situaciones detectadas por dicha entidad en la observación de las manifestaciones y las labores policiales en pos de mantener el orden público.
“El INDH ha dicho lo que ha visto y oído. Eso ha sido clave para la legitimidad del INDH. Sabemos que hay muchas más, pero podemos decir que hemos visto a 3.583 personas heridas al 30 de diciembre”, indicó.
El director del INDH también explicó cómo, a su juicio, distintos sucesos ocurridos durante la democracia contribuyeron a la actual situación en materia de seguridad y derechos humanos. “En democracia aumentó la cantidad de Carabineros, aumentaron las penas, se rebajó la edad de responsabilidad penal. Las detenciones ciudadanas no las supimos enfrentar. El populismo penal está ahí y no lo hemos querido ver”, afirmó.
“Se está abriendo un abismo entre derechos humanos y el orden público”, aseguró, para luego relatar que el INDH ha sufrido cuatro atentados en su sede en Santiago. “En las paredes del INDH hay rayados que dicen ‘ustedes son defensores de delincuentes’. Sabemos que la primera víctima cuando se vienen abajo los estados democráticos son los derechos humanos”, indicó.
Luego, el director del INAP, Hugo Frühling, comentó las exposiciones del panel. “Carabineros vive una crisis de legitimidad y eso quiere decir que la ciudadanía no considera que a Carabineros se le debe obediencia o se le conceda autoridad, lo que hace sumamente difícil ejercer la labor policial, y -en consecuencia- solo se puede ejercer aumentando la fuerza”, explicó. Esa crisis de legitimidad, agregó, tiene dos fuentes: los casos de fraude y de corrupción en la institución, por un lado, y la relación entre Carabineros y la ciudadanía en los barrios de menores ingresos.
Este primer encuentro del Área de Política de Defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales del INAP de 2020 será continuado durante este primer semestre con un seminario internacional sobre estas materias.
