La crisis sanitaria desatada por la expansión de los casos de contagios con el coronavirus COVID-19 en el mundo no sólo ha generado problemas en los sistemas de salud o la economía, sino que en el caso de nuestro país se combinó con los coletazos del estallido social iniciado el pasado 18 de octubre.
Esto, porque el próximo 26 de abril el proceso constituyente tendría su primer gran hito con el plebiscito en el que la ciudadanía decidiría si quería o no reemplazar la actual Constitución con un nuevo texto, y cuál sería el mecanismo para su redacción.
Sin embargo el cronograma fue rápidamente puesto en cuestión debido a la creciente crisis mundial, y a la imposibilidad de realizar una votación en condiciones de seguridad sanitaria cuando una de las principales recomendaciones para no contagiarse es evitar todo tipo de aglomeraciones.
Para el profesor Cristóbal Cuadrado, de la Escuela de Salud Pública y secretario Técnico del Colegio Médico, el aplazamiento del plebiscito hace sentido cuando "las recomendaciones para frenar los contagios son mantener la mayor distancia posible, evitar los contactos y las aglomeraciones, y porque lo más probable es que para la fecha original no hayan las condiciones necesarias para asegurar ni una alta participación, ni la seguridad de quienes acudan a votar".
En ese sentido, hizo hincapié en que "el número de casos esperados de contagios es importante durante las próximas semanas, de un virus que es contagioso y que además tiene una mortalidad no despreciable, por lo que se tiene que hacer todo lo posible para reducir el impacto que tenga sobre la población".
La profesora Claudia Heiss, del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), destacó que si bien la idea de postergar el plebiscito contó con un apoyo casi transversal en el mundo político, el tema "generó suspicacia en distintos sectores, que temen un aprovechamiento político de la pandemia. No ayudó que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, haya planteado esta posibilidad antes de siquiera anunciar el cierre de los colegios y otras medidas de mitigación del contagio".
Además del evidente deseo de no poner en riesgo a la población, uno de los antecedentes citados para reforzar esta idea fue la altísima abstención en las elecciones municipales de Francia, realizada hace algunos días a pesar del peligro del coronavirus, alcanzándose sólo un 14 por ciento de participación.
Con esas cifras en la mano, la profesora Heiss explicó que "es muy importante que el gobierno de garantías de que la urgencia sanitaria no va a afectar el proceso constituyente en curso, y para eso debe haber un acuerdo transversal y sólido, pero también deben darse otras señales complementarias, por ejemplo, promulgar la ley de paridad que no se ha promulgado a pesar de haber sido aprobada en el Congreso".
Para la académica del INAP resulta urgente que esta reforma constitucional, que debe ser aprobada por dos tercios de los parlamentarios, se haga con celeridad ya que hay incertidumbre respecto hasta cuándo podrá seguir sesionando el Congreso. De todas formas expresó que "si todos estamos pasando a teletrabajo por la emergencia, creo que no hay razón para que el Parlamento pase a esta modalidad, porque se tienen que legislar distintas materias importantes y no se puede paralizar el trabajo político, menos con un gobierno tan desprestigiado".
Consultado sobre esta falta de confianza en las instituciones políticas, y las suspicacias generadas por la postergación del plebiscito, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Miguel Urrutia, advirtió que es importante comprender "que amplios sectores de la sociedad no confían en el gobierno, o en la institucionalidad, debido a un conjunto de situaciones como casos de corrupción, desigualdades estructurales o injusticias que se encuentran en la base del estallido social, y que ven reflejadas en lo que pueda pasar con el plebiscito".
En este sentido, Urrutia explicó que para quienes participan de las movilizaciones el apoyar la postergación del plebiscito es interpretado como "un gesto de respuesta a una necesidad de la sociedad, de no someter a la población a un estrés electoral en una situación de pandemia, y sabiendo que esto implica ciertos riesgos de manipulación de parte de la clase política, riesgos que se deben atender en el futuro inmediato".