De acuerdo al Decreto Supremo N°180 de 1987 del Ministerio de Hacienda, toda institución superior que reciba aporte fiscal directo deberá presentar su presupuesto anual antes del 31 de marzo. Esto es aplicable a la Universidad de Chile y la habilita para formar parte del Presupuesto del Sector Público y, a su vez, cumplir con las exigencias hechas por la Contraloría General de la República para la aprobación de gastos que requieren de la toma de razón de dicha institución.
Por su parte, el Estatuto Universitario indica –en el su artículo 25–, que es facultad del Senado Universitario "ratificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, sus modificaciones y las pautas anuales de endeudamiento" una vez que sea aprobado –previamente– por el Consejo Universitario. Particularmente, el SU debe velar porque dicho presupuesto esté en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad vigente (en este caso, el PDI 2017-2026).
Por lo general, el proceso de ratificación por parte del SU se extiende por más de un mes, pues la revisión no sólo se suscribe al presupuesto global sino que, sobre todo, al análisis de la situción financiera de cada unidad y la distribución del denominado Fondo General.
Este año, sin embargo, el contexto nacional e internacional –a saber, las consecuencias del estallido social y la pandemia por COVID-19– determinó que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI) haya optado por presentar al Senado para su ratificación –en representación del Rector– un presupuesto "resumido" que no contempla el detalle de los órganos y servicios de la Universidad (como lo establece el Reglamento de Presupuesto) con el fin de que el Consejo Universitario y el Senado Universitario pudiesen conocerlo y sancionarlo.
Esto permitirá realizar algunos gastos imperativos –de acuerdo a las exigencias de Contraloría– como, por ejemplo, la compra de insumos médicos por parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la adquisición de licencias y materiales que aseguren el trabajo y docencia a distancia de funcionarios, académicos y estudiantes.
Es así como –en esta ocasión– la VAEGI propone dividir el procedimiento en dos etapas:
i) La primera de ellas consiste en la aprobación del presupuesto global de continuidad en formato Decreto Supremo N°180 del Ministerio de Hacienda, las Pautas Anuales de Endeudamiento y la contratación de líneas de crédito bancarias. El proyecto de presupuesto en su actual formato incluye los ingresos (ingresos de operación, venta de activos, transferencias, endeudamientos, financiamiento fiscal, recuperación de préstamos, leyes especiales y saldo especial de caja) y los gastos (en personal, compra de bienes y servicios, transferencias, inversión y compromisos pendientes).
ii) La segunda etapa –que, según la propuesta de la VAEGI, se abordará entre los meses de abril y junio– contemplará la discusión de los presupuestos de las unidades y, en particular, un análisis de la distribución del Fondo General y del impacto de la emergencia sanitaria en la ejecución presupuestaria del año. Esto se realizará mediante el procedimiento de modificación del presupuesto anual –contemplado por el Estatuto de la Universidad– y que reproduce el trámite de aprobación del presupuesto, siendo presentado por la Rectoría para la aprobación del Consejo Universitario y la ratificación del Senado Universitario.
Además de explicar su propuesta, el vicerrector Daniel Hojman resolvió las dudas de todos los senadores universitarios, quienes procederán a realizar la votación en una nueva sesión extraordinaria a realizarse el viernes 3 de abril a las 16.00 horas.