En el mundo, una de cada tres personas tiene sobrepeso, mientras que en Chile este problema afecta a más del 60% de la población adulta, sumado a que cerca de un 20% tiene obesidad y más del 10% sufre diabetes. El pasado 12 de mayo se publicó el Reporte Mundial de Nutrición, para visibilizar que los problemas de malnutrición se verán aún más afectados por la crisis sanitaria.
La Académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) y directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC), Camila Corvalán, participó en la elaboración del reporte. “Estos problemas afectan particularmente a las poblaciones más desprotegidas. Es posible que veamos un aumento de estas inequidades en nutrición, si es que no somos capaces de implementar acciones que logren revertir este panorama”, explicó.
El informe señaló que en Latinoamérica es urgente la necesidad de afrontar la malnutrición en todas sus formas, sobre todo cuando se habla de injusticias asociadas al sistema alimentario, pues los problemas de nutrición no afectan a todas las personas por igual. Las poblaciones de menor ingreso tienen menos acceso a alimentación, afectando la calidad de los productos consumidos y provocando obesidad e, incluso, hambre.
La Profesora Corvalán también se refirió a la malnutrición en Chile. “En general, hoy la obesidad afecta más a la clase media. Sin embargo, creemos que las diferencias nutricionales por nivel socioeconómico se pueden profundizar a raíz de la epidemia; en los niveles socioeconómicos bajos se verán aumentadas las situaciones de inseguridad alimentaria junto con un menor acceso a alimentos de adecuada calidad nutricional. Por lo tanto, es muy posible que observemos también un aumento en las cifras de exceso de peso y de deficit de micronutrientes lo que se ha denominado “ hambre oculta”, agregó.
La crisis económica también es uno de los impactos de la pandemia. Al no poder trabajar en algunas ciudades por la cuarentena, se hace más difícil acceder a alimentos de mejor calidad. Ante esto, existen alternativas de gran aporte nutricional, como las legumbres, frutas y verduras de producción local que deben ser entregadas a la población más vulnerable. Académicas del INTA coinciden en que se debe trabajar apoyando tanto la producción y la distribución de estos alimentos como desde la demanda, con el fin de proveer a la población de una alimentación nutricionalmente óptima.
La seguridad alimentaria como un derecho humano
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), define la seguridad alimentaria como “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.
La Académica y directora de Investigación del INTA, Lee Meisel, indicó “hay que enfrentar la nutrición, el acceso a alimentos saludables y la seguridad alimentaria como un derecho humano. De esta manera, se asegurará el acceso físico, económico y cultural. Hay directrices del Estado que lo definen muy bien y esta es una de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".
En la misma línea, la Profesora Corvalán destaca que para esta meta también es importante avanzar en el acceso universal de salud, otra de las metas definidas por la OMS. Nuestro país tiene un sistema excelente de atención primaria con capacidad de llegar a los grupos más vulnerables. “Es ahí donde existe la posibilidad de integrar acciones de promoción y tratamiento nutricional, que entreguen protección para una serie de enfermedades relacionadas con la nutrición. La nutrición está directamente ligada con el sistema inmune y con la aptitud que tenemos de resistir infecciones como las del coronavirus pero también con el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes o el cancer que hoy son las enfermedades que más enferman y matan en nuestro país”, subrayó.
Por su parte, la directora de Investigación de la VID, Silvia Núñez, destacó la labor de la Universidad de Chile por visibilizar estas realidades. “Es esencial el aporte que ha hecho el INTA a través de los años, al revelar los problemas asociados a la malnutrición. Tenemos investigadores e investigadoras que son referentes internacionales en ese ámbito y es una unidad que, además, se preocupa de hacer llegar sus informes e interactuar con el MINSAL, las autoridades y los tomadores de decisión. Sus aportes se han reflejado en los momentos críticos como el actual”, concluyó.
Respecto a la proyección de políticas públicas de mediano y largo plazo en este ámbito, la Académica Corvalán concluyó que “es necesario y urgente que se tomen acciones en distintos niveles para que la población acceda a alimentos saludables,. Esperamos que se implementen medidas gubernamentales que apoyen la producción local de agricultores y pescadores, facilitando la distribución de alimentos en condiciones de inocuidad adecuadas y que permitan que la población más vulnerables de nuestro país pueda alimentarse en forma saludable. Estas medidas son relevantes en el contexto de la pandemia de coronavirus, pero también para definir las políticas de alimenación a mediano y largo plazo. La nutrición debe ser parte integral de cómo se plantee la reactivación económica de nuestro país”.