Hace más de un año que el país se encuentra sumido en la pandemia bajo estrictas medidas sanitarias. Cada vez se vuelve más difícil lidiar con el confinamiento y la mente ya comienza a resentir los efectos del encierro y la falta de interacción social. Al respecto, causaron preocupación los resultados del último informe “Un año del COVID-19″ de la consultora internacional Ipsos, que tras realizar una medición en 30 países y consultar a más de 21 mil adultos reveló Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia.
Paralelamente, se espera que próximamente se promulgue la ley de Protección a la Salud Mental, iniciativa que -en síntesis- reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral de las personas con una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. Por otra parte, el diputado y precandidato presidencial Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para atender la salud mental que busca, como idea general, mejorar su acceso y financiamiento, a través de una paridad en gastos, es decir, que por cada peso que se gaste en salud física haya necesariamente una proporción destinada a salud mental.
Sobre la actual iniciativa legislativa en trámite de promulgación, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Roberto Aceituno, comenta que tanto en esta como en otras políticas públicas falta dialogar con el mundo académico y especialistas de múltiples áreas o campos del saber. La preponderancia de analizar la problemática a partir de un enfoque interdisciplinario, por tratarse de un fenómeno tan complejo, también es relevada por Juan Yáñez, coordinador del Magíster en Clínica Adultos y académico del Departamento de Psicología de la U. de Chile.
La salud mental se ha tendido a observar, analizar y asociar solamente a la enfermedad. Sin embargo, a juicio de Juan Yáñez, debiera ampliarse la mirada y considerar también el bienestar. Muchas veces ocurren en la vida “disfuncionalidades cotidianas”, cuando los sujetos se alteran debido al contexto o condiciones bajo las cuales se desenvuelven. Esto también se les llama trastornos comunes. Primero, “se debiera separar en salud mental lo que son las patologías clásicas del 85 por ciento de la población restante que en cualquier circunstancia podría caer en problemas de salud mental. El cuidado de la población en general es muy importante y se debe mejorar la gestión en salud mental”, complementa Yáñez.
Tardío avance en políticas públicas
Históricamente, el Estado poco se ha preocupado de la salud mental y discusiones como las actuales reviven el debate sobre la necesidad de mejorarla. Marianella Abarzúa, coordinadora del Área Extensión y Servicios del Centro de Psicología Aplicada (CAPS) de la U. de Chile, recuerda que en 1990 Chile suscribió el Acuerdo de Caracas, el cual apuntaba al resguardo de los Derechos Humanos de quienes sufrían enfermedades mentales, particularmente aquellas personas hospitalizadas en los grandes hospitales psiquiátricos en Chile. Sin embargo, la preocupación real por este tema ha sido discontinua.
Más tarde se publicó el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que si bien no tiene la misma incidencia o fuerza que una ley, entrega recomendaciones por parte del Ministerio de Salud a los distintos operadores del ámbito. Marianella Abarzúa explica que el gran problema es que, precisamente, opera a modo de sugerencia.
“En el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo una estrategia nacional de salud mental fallida que no prosperó y pasaron siete años de eso. Salud mental sigue siendo el pariente pobre. De hecho, para dar simplemente un ejemplo, en el Plan Nacional de Salud Mental que rigió de 2000 a 2010 se suscribió un compromiso de aumentar el presupuesto de salud mental al interior del presupuesto de salud. La expectativa era llegar a un 5 por ciento, el cual de todas maneras era bajo en relación a, por ejemplo, otros países de la OCDE. En el Plan Nacional de Salud Mental 2015 aparecía que solamente un 2,3 por ciento del presupuesto estaba destinada a la salud mental”, relata la especialista.
Un equipo de la Facultad trabajó sobre el Plan Nacional de Salud Mental hace años. En ese tiempo, rememora el decano y psicoanalista Roberto Aceituno, se reconocía la importancia de la salud mental, pero hasta el día de hoy no ha tenido ninguna consecuencia concreta y real en términos de políticas. Un problema que incluso ya era preocupante a fines de los años 80, cuando realizó un estudio comparativo respecto de planes de salud mental en distintas partes del mundo. La diferencia era abismal entre los recursos que el Estado aportaba a la salud mental en Chile respecto de otros países donde sí tenía un lugar mucho más importante la salud mental, señala el decano.
Sin embargo, agrega, persiste la insensibilidad al no darle importancia a un asunto que además tiene repercusiones más allá de la salud. La mayor cantidad de licencias que se otorgan en nuestro país son por razones de salud mental. En ese sentido, definir políticas públicas en la materia es una necesidad estructural. La inversión en salud, como política pública, debiera ir de la mano con el desarrollo de programas complejos no solo asistenciales, “sino que integren las dimensiones de promoción, prevención e incluso educación para la salud mental. Además de eso, es vital reconocer que, especialmente en las temáticas de salud mental más graves, se requiere de una atención profesional compleja y que es costosa”, comenta.
Enfoque local y comunitario en salud mental
En medio de los debates en torno a la ley de salud mental, para académicos del Magíster en Psicología Comunitaria es necesario también contemplar la participación de las comunidades, que suelen ser olvidadas en los tratamientos de este fenómeno que afecta a la sociedad completa.
Se ha construido un modelo de sociedad muy tensionante para la calidad de vida, donde prima la competencia, las personas se sienten presionadas por altos niveles de exigencia escolar, universitaria y laboral, realizan a diario largos trayectos, todo eso sumado a bajos sueldos y pensiones. “Es sabido que Chile es uno de los países a nivel mundial que más horas trabaja. Todo esto se ha agudizado con la pandemia”, recalca Pablo Valdivieso, coordinador del Magíster en Psicología Comunitaria.
Siempre la salud mental reviste de un componente individual y social al mismo tiempo. Por eso, el problema no se resuelve solamente inyectando más recursos o financiamiento, sino que “hay que generar programas consultados a las personas, potenciando la participación social y construir así las políticas en salud mental y otras”, añade Valdivieso.
Esteban Encina, también académico del magíster y de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, trabajó entre 2010 y 2019 en un Cosam en La Pintana y constata que la salud mental depende mucho de los factores o condiciones sociales. En La Pintana conoció variadas experiencias comunitarias de carnavales y también ocupó un rol protagónico en una iniciativa impulsando monitores de salud mental durante ocho años. Eso fue una necesidad local, recuerda, y se transformó en la experiencia más importante que le tocó vivir en el territorio.
El egresado de Psicología, Sebastián Brandt, realizó su tesis de Pregrado llamada “Hacia la recuperación de la salud mental. Estudio de caso”, defendida en 2021 y guiada por el profesor Víctor Martínez, donde analiza el caso de una mujer que se vio beneficiada con una iniciativa comunitaria, a la que conoció en el marco de una investigación Fondecyt llamada “Me Cuido y Me Siento Mejor” de la Universidad de Chile. Durante el proceso de recuperación de su salud mental, la mujer -que actualmente tiene 71 años- tomaba Sertralina, un antidepresivo común. Paralelo a su investigación, Sebastián participaba de un huerto comunitario en la comuna de La Florida, cerca de donde ella vivía en Macul, y la invitó a sumarse a la iniciativa.
Tras haber terminado su participación en el programa Fondecyt, Sebastián notó que algo había cambiado en ella: “Se veía con más confianza, con ganas de participar, asistía a las actividades extraprogramáticas del huerto como bingos, presentaciones folclóricas, entre otros, haciendo más amistades y compartiendo con otras personas”, narra Sebastián. De esta forma, no era tan solo asistir al huerto, sino que fueron las relaciones sociales y las actividades dentro del huerto las que contribuyeron a su bienestar.
Los territorios necesitan políticas sociales que sean ajustadas a ellos, “eso requiere un diagnóstico de salud territorial. Para eso, se necesita también investigación cualitativa y cuantitativa situada y falta mucho de eso, pues tendemos a las políticas estandarizadas a nivel público. A la hora de aplicar esas políticas estandarizadas se producen brechas, que no obedecen a una mala intención, pero suscitan disparidades en su implementación”, asevera Esteban Encina.
Abordaje y tratamiento temprano
Marianella Abarzúa, quien también es académica y experta en psicología infanto-juvenil, describe que a nivel social se mantiene en nuestro país un estigma respecto de padecer una condición de salud mental de cualquier tipo y recurrir a la atención psicológica o psiquiátrica. Buscar ayuda en servicios especializados abre muchas trabas socioculturales, o prejuicios, constituyendo una de las principales barreras para que las personas se decidan a pedir ayudar ante problemas de salud mental.
Más preocupante aún es la realidad poco conocida sobre las enfermedades o trastornos que presentan niños y niñas, por lo que este grupo social también debiera ser considerado en las políticas públicas. Marianella destaca al respecto el Estudio Epidemiológico Infanto-Juvenil a nivel nacional, que permite, a través de un instrumento estandarizado, determinar la presencia de trastornos mentales diagnosticables. “Aproximadamente en Chile 1 de cada 5 niños cumple con diagnóstico para trastorno y lo peor es que la mayoría no accede al servicio de atención de salud. Es una realidad muy inquietante la que muestra ese estudio”, puntualiza.
En 2012, se conocieron los resultados del primer estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes chilenos, donde se muestra una prevalencia general de trastornos mentales de 22,5 por ciento (19,3 por ciento para hombres y 25,8 por ciento para mujeres), siendo los trastornos del comportamiento disruptivo y los trastornos ansiosos los problemas más comunes. La tasa de prevalencia es más elevada en niños entre 4-11 años (27,8 por ciento), en comparación a los adolescentes entre 12-18 años (16,5 por ciento). En Santiago, el mismo estudio mostró una prevalencia de trastornos psiquiátricos de 25,4 por ciento (20,7 por ciento para hombres y 30,3 por ciento para mujeres). Estos datos fueron reflexionados en una columna publicada por Marianella y Álvaro Jiménez Molina en Ciper Chile, titulada “Deuda pendiente: Desigualdad y trastornos mentales de niños”.
A propósito de estas cifras, y de acuerdo a la experiencia de atención del Centro de Psicología Aplicada (CAPS), la académica indica que la población consultante infantil versus la población adulta es mucho menor, siendo más o menos ¼ versus ¾ de la población consultante. “Eso implica que cuando consultan lo hacen con un trastorno o enfermedad ya más avanzado(a)”, señala Abarzúa.
Desde su trabajo con juventudes universitarias e investigaciones ligadas a salud mental, Gabriela Jáuregui, coordinadora del Área Psicoeducativa de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), considera indispensable que se legisle en la materia y se pueda pensar una ley de salud mental que permee tanto la red pública como también la privada, además de instituciones como nuestra casa de estudios.
Comenta que el tema de la salud mental universitaria siempre ha estado presente, solo que antes se solía vivir de manera más íntima y privada y era tratada desde la perspectiva psicopatológica. Tras la movilización 2018 feminista, se activaron debates sobre la convivencia y en 2019 aparece la primera demanda por salud mental estudiantil en la Universidad. Desde ahí, se empieza a pensar la salud mental en el contexto universitario.
A lo largo de la pandemia, la DAE junto al Centro IDEA de la Facultad, ha desarrollado numerosos talleres en el eje de la Vida Universitaria y la Salud Mental. La propuesta contempla espacios de interacción y escucha recíproca entre los(as) estudiantes que ha sido muy bien valorada por ellos(as), alcanzando una alta participación. En este tipo de intervenciones no se trabaja desde una perspectiva psicoterapéutica, sino más bien en torno al acceso, orientación y derivación al sistema de salud cuando así lo requieran. Dentro de la red asistencial se incluye al CAPS y SEMDA (Servicio Médico y Dental de la Universidad), sumado a Cosam y Cesfam. También se dialoga con ellos sobre sus derechos sociales en temas de violencia de género y otros.
Gabriela Jáuregui también coordina un Proyecto sobre Salud Mental Universitaria, alojado en el Núcleo de la Facultad de Ciencias Sociales llamado Estudios Interdisciplinarios en Salud Mental Universitaria, creado en 2020 y el cual ya venía trabajando desde hace tres años. El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Educación y de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la U. de Chile (VID), cuyo equipo de trabajo es integrado por académicos(as) y profesionales de diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales.
La investigación busca contribuir en la comprensión del fenómeno y su objetivo principal es construir, desde la investigación situada, un modelo integrado de abordaje de la salud mental estudiantil en la Universidad de Chile, que tenga replicabilidad en el sistema de educación superior. Concordante con el enfoque del proyecto y a las opiniones de académicos(as), el decano Aceituno enfatiza que la promoción y prevención en general es importante que se desarrolle de manera intersectorial, a partir de la educación primaria o en primera infancia, ya que muchos de los problemas que se observan en edades posteriores provienen o encuentran un eco en etapas muy iniciales.