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En el marco del proceso constituyente

Universidad de Chile entrega recomendaciones sobre empleo en el sector público

Revisar las categorías de funcionarios de planta, contrata y honorarios, así como crear igualdad de oportunidades en materia de género y diversidad, son algunas propuestas del Informe de Políticas Públicas, trabajo desarrollado por el grupo de investigación en Reforma del Estado del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.

La publicación, elaborada por el grupo de investigación en Reforma del Estado de la U. de Chile, busca contribuir a mejorar el funcionamiento del empleo público en el marco del proceso constituyente.

La publicación, elaborada por el grupo de investigación en Reforma del Estado de la U. de Chile, busca contribuir a mejorar el funcionamiento del empleo público en el marco del proceso constituyente.

El documento plantea que las medidas que se tomen en materia de empleo público deberían adherir a los principios de la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento plantea que las medidas que se tomen en materia de empleo público deberían adherir a los principios de la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"No hemos tenido una profundización de qué significa aplicar los principios y las orientaciones del trabajo decente en el empleo público", comenta Rodrigo Egaña.

"No hemos tenido una profundización de qué significa aplicar los principios y las orientaciones del trabajo decente en el empleo público", comenta Rodrigo Egaña.

Lo que planteamos es que el Estado sea el principal promotor en la lucha contra las discriminaciones, plantea Paulina Vergara.

"Lo que planteamos es que el Estado sea el principal promotor en la lucha contra las discriminaciones", plantea Paulina Vergara.

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Informe de Política Pública "Empleo Público en Chile: Desafíos pendientes y recomendaciones para el nuevo marco institucional"

Un Estado más proactivo y con mayor capacidad de respuesta es uno de los temas que podrían ser abordados por la Convención Constitucional. A casi un mes de la instalación del órgano constituyente, académicos del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile presentaron el Informe de Política Pública "Empleo Público en Chile: Desafíos pendientes y recomendaciones para el nuevo marco institucional", publicación que busca contribuir a mejorar el funcionamiento del empleo público.

El texto, elaborado por el grupo de investigación en Reforma del Estado del INAP, plantea una serie de recomendaciones para el trabajo en el sector público, como asegurar el empleo decente, revisar las categorías de planta, contrata y honorarios, crear igualdad de oportunidades de género.

De acuerdo a la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Chile en 2008, el trabajo decente considera el acceso a empleos productivos y "adecuadamente remunerados, socialmente protegidos, con resguardo a los derechos fundamentales en el trabajo, sin discriminación alguna, e incorpora el diálogo social como método fundamental para la formulación de consensos".

En esta línea, el informe plantea que cualquier medida que se tome en materia de empleo público debería adherir a estos principios, más allá de que la interpretación de trabajo decente en Chile es aún materia de debate. "No hemos tenido una profundización de qué significa aplicar los principios y las orientaciones del trabajo decente en el empleo público. No debe ser solo hacer una declaración retórica, sino que tenemos que traducirla en políticas concretas", señaló en la presentación del texto el profesor del INAP y coautor del documento, Rodrigo Egaña.

Otra de las recomendaciones del Informe es revisar los tipos de empleo público que existen actualmente, es decir, las categorías planta, contrata y honorarios "para adecuarlos a las nuevas realidades y modalidad de empleo en el país, a las disrupciones de la transformación digital, entre muchos otros aspectos". "Los honorarios deben quedar solo para tareas esporádicas. Hay gente que trabaja muy comprometida en el sector público y está con una gran precariedad laboral", agregó el profesor Egaña.

El documento identifica también desafíos pendientes en materia de género y diversidad. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en cargos de Alta Dirección Pública es menor al 30 por ciento. Por ello, el informe plantea la necesidad de "modificar los sistemas de reclutamiento", y "mejorar las condiciones laborales que constituyen un ‘techo de cristal’ en el desarrollo de carrera de mujeres en el servicio públicos". Al respecto, el informe indica que "un punto esencial es desarrollar condiciones institucionales para la corresponsabilidad en las labores de cuidado de niños o niñas o bien de personas con necesidades especiales (como personas enfermas, discapacitadas o de la tercera edad)", indica el Informe.

Según la académica del INAP Paulina Vergara, también coautora del Informe, "el Estado chileno no está preparado para hacer frente a la diversidad. Conocemos muy poco sobre diversidad funcional, en general no hablamos de ella sino de discapacidad". La profesora Vergara apuntó a la falta de estadísticas que permitan conocer cuántas personas LGBTI hay en el servicio público, ni sus orígenes étnicos o pertenencia a pueblos originarios. “Lo que planteamos es que el Estado sea el principal promotor en la lucha contra las discriminaciones, porque el invisibilizar estadísticamente o no generar acciones concretas para el reclutamiento de ciertas personas, mujeres, LGBTI o de distintas etnias, implica no hacerse cargo de esto”, sostuvo.

En la presentación del texto, Enrique Rajevic, director del Postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Universidad Alberto Hurtado, valoró el aporte de este trabajo y la importancia de dar estas discusiones en el contexto del debate constitucional. Además planteó la necesidad de separar claramente los cargos políticos de los roles permanentes en el servicio público.

"Ha habido una falta de voluntad del mundo político de soltar influencia sobre el empleo público. El Sistema de Alta Dirección Pública tiene una serie de méritos, pero la influencia política sigue siendo relevante. ¿Por qué debería generar en el funcionariado de a pie un problema el cambio de alcalde o alcaldesa? Actualmente lo genera. No hemos generado un conjunto de garantías para que la personas que trabajan en la administración pública puedan sentir que están trabajando en el Estado de manera permanente", aseguró.

El Informe de Política Pública entrega recomendaciones también en materia de la calidad del servicio público, los principios del Servicio Civil, la gestión de personas, la recuperación de la confianza ciudadana y la apertura de espacios de participación, entre otros temas. El informe completo está disponible aquí.

El video del lanzamiento se puede ver aquí:

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