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Reglamento actualmente está en proceso de consulta

Primer Mercado Nacional de Carbono: ¿Cuál será su contribución para alcanzar la carbono neutralidad?

Ampliar la aplicación del "impuesto verde" a todas las fuentes emisoras que produzcan sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado y permitir reducir este gravamen mediante proyectos sustentables que permitan mitigar los gases de efecto invernadero que producen son los focos del Reglamento del primer mercado de carbono de Chile. Ezio Costa, Reinalina Chavarri y Valentina Durán, académicos de la Universidad de Chile, analizan las debilidades y fortalezas de esta iniciativa que el próximo 3 de septiembre concluye su fase de participación ciudadana y que junto a la Ley Marco de Cambio Climático buscan dar un marco institucional frente a la emergencia climática.

El Reglamento que busca impulsar el primer mercado nacional de carbono busca promover que los dueños de fuentes contaminantes desarrollen acciones de mitigación, mediante compensaciones tributarias.

El Reglamento que busca impulsar el primer mercado nacional de carbono busca promover que los dueños de fuentes contaminantes desarrollen acciones de mitigación, mediante compensaciones tributarias.

Los proyectos a través de los cuales los agentes contaminantes podrían reducir su carga impositiva estarían sujetos a medidas adicionales que sean medibles, verificables y permanentes.

Los proyectos a través de los cuales los agentes contaminantes podrían reducir su carga impositiva estarían sujetos a medidas adicionales que sean medibles, verificables y permanentes.

Para la profesora Valentina Durán, un sistema de compensación de emisiones en Chile, como el que se está formulando, requiere abordar también la discusión sobre aumentar el impuesto verde.

Para la profesora Valentina Durán, un sistema de compensación de emisiones en Chile, como el que se está formulando, requiere abordar también la discusión sobre aumentar el "impuesto verde".

El mayor incentivo debiera estar puesto en generar proyectos no contaminantes o de reducción de emisiones por sí solos, enfatiza el profesor Ezio Costa.

"El mayor incentivo debiera estar puesto en generar proyectos no contaminantes o de reducción de emisiones por sí solos", enfatiza el profesor Ezio Costa.

Reinalina Chavarri plantea que este tipo de instrumentos podrían incentivar la producción regional, alianzas locales e incluso iniciativas de carácter transfronterizo, por ejemplo, en energía.

Reinalina Chavarri plantea que este tipo de instrumentos podrían incentivar la producción regional, alianzas locales e incluso iniciativas de carácter transfronterizo, por ejemplo, en energía.

Alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2050 es uno de los grandes objetivos del país en materia ambiental y uno de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. El cumplimiento de esta meta parece aún más urgente después del dramático informe “Climate Change 2021: the Physical Science Basis”, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). En este contexto, dos iniciativas emergen como marco institucional clave para los desafíos climáticos que debe asumir el país: la Ley Marco de Cambio Climático, actualmente en discusión parlamentaria, y el Reglamento que busca impulsar el primer mercado nacional de carbono, normativa actualmente en proceso de consulta ciudadana y que comenzaría a operar el 2023.

Ezio Costa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en derecho ambiental, explica que el desincentivo a las emisiones actualmente lo define el llamado “impuesto verde” a fuentes fijas de la Ley 20.780. En este sentido, señala que el Reglamento no regula ningún tipo de castigo o desincentivo adicional a lo establecido por dicha Ley, y es más bien un complemento dirigido a promover un mercado de carbono a través de compensaciones a los dueños de fuentes fijas contaminantes que desarrollen acciones de mitigación del cambio climático. “El incentivo en concreto es que los propietarios de estas fuentes podrán reducir e incluso eliminar su carga impositiva del impuesto verde, si es que llevan a cabo un proyecto de reducción de emisiones que compense parcial o totalmente sus emisiones contaminantes”, detalla el también investigador del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (PROMA).

Uno de los aspectos más importantes de este Reglamento es la forma como, en definitiva, dialogará con la Ley Marco de Cambio Climático, algo que hasta ahora solo se plantea en el objetivo de vincular al sector privado en el cumplimiento de las metas de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de nuestro país. Para Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, estas dos iniciativas requieren de una “coordinación interinstitucional del Estado con la participación de los actores definidos por la Ley en discusión; levantando y disponiendo información de calidad, articulando la cooperación multinivel, que integre el conocimiento científico disponible en las políticas y en la toma de decisión pública, privada y de la ciudadanía, en todo lo relacionado a mitigación y adaptación al cambio climático. Hay poco tiempo para equivocaciones”.

Costo versus beneficio: ¿pagar o no pagar el impuesto?

La propuesta de Reglamento sometida a consulta, considera -entre otros temas- la redefinición de la Ley 21.210 sobre las fuentes emisoras sometidas al gravamen del “impuesto verde”, desde aquellas calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt a quienes produzcan sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado. En este contexto, los proyectos a través de los cuales los agentes contaminantes podrían reducir su carga impositiva estarían sujetos a medidas adicionales que sean medibles, verificables y permanentes. “Esto involucra tener una línea base realista y trazable que busca reducir impactos no deseados en el entorno natural y calidad de vida de las comunidades adyacentes, algo muy relevante para el proceso de evaluación, verificación y certificación de proyectos de reducción de emisiones”, precisa Reinalina Chavarri.

Este nivel de exigencias para los proyectos de compensación podría entrar en colisión con un “impuesto verde” que, hasta hoy, se mantendría en solo 5 dólares por tonelada de carbono, advierte Valentina Durán, académica del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. “Hay que tener presente que este tipo de mercados de reducciones de emisiones tienen altos costos de transacción para que sean confiables. El reglamento lo que busca es crear un sistema de verificación y reducción de emisiones con metodología de verificación y certificación de estas reducciones por auditores externos, y con registro público de estos auditores. En mi opinión, pensar en un sistema de compensación de emisiones en Chile, tal como el que se está planteando, solo tiene sentido si es que fijamos un impuesto verde real, acorde a estándares internacionales y más cercano al precio social que tiene el carbono”.

La dificultad asociada a este dilema también es observada por Ezio Costa, quien enfatiza que “esta es solo una de las opciones que da el Reglamento para generar un proyecto de compensación, todo dependerá de si los titulares prefieren compensar a pagar el impuesto, y si compensando, prefieren este tipo de proyectos o proyectos que generen más intervención a los ecosistemas”. En este sentido, plantea que existe un amplio espacio de mejora para que "sea más firme en promover soluciones basadas en la naturaleza. Proteger y recuperar bienes comunes naturales debiera ser una prioridad no solo de este reglamento, sino de las políticas públicas en general”.

Contribución a la carbono neutralidad

La experiencia internacional, de acuerdo a Reinalina Chavarri, muestra que las iniciativas de compensación valoran las colaboraciones entre universidades, centros de investigación, empresas, comunidades locales y ongs. “Es importante que los procesos productivos de las empresas tengan esta herramienta que les permita tomar decisiones que son urgentes y podamos realizar una transición sostenible. Este escenario puede contribuir a la diversidad territorial de los proyectos de compensaciones, según los impactos locales que se quiera recuperar. De esta manera, se podría incentivar una estrategia de sectores productivos regionales, alianzas en el ámbito local e incluso iniciativas de carácter transfronterizo, por ejemplo, en temas de energía o fortalecer los flujos comerciales intrarregionales”, comenta.

Este proyecto podría ayudar a la carbono neutralidad, pero Ezio Costa tiene dudas sobre si tendrá un impacto significativo. “Me parece que con el Reglamento se busca lograr que haya intereses alineados entre el Estado y los privados, los que al estar enfocados en la protección del medio ambiente y de tomar medidas ante el cambio climático podrían ser positivos. Pero por la manera en que está formulado pareciera que el procedimiento para generar proyectos de reducción de emisiones es bastante difícil, por lo que habrá que estar atentos a cómo se comportarán en la práctica los privados, si finalmente se verán incentivados o no”.

Desafíos pendientes

La incorporación del conocimiento técnico y científico a las políticas públicas y corporativas asociadas a los temas del calentamiento global es fundamental para la profesora Chavarri. En esta línea, advierte que “hasta hace muy poco el medioambiente o el enfoque de desarrollo sostenible era considerado una externalidad por parte de las políticas públicas y la economía. En el derecho internacional se ha avanzado poco y solo en determinados asuntos. La crisis del multilateralismo y la crisis sanitaria han dejado en evidencia que habíamos perdido el horizonte ético de las decisiones al no integrar el valor que tiene la naturaleza para la vida humana y de otras especies”.

La pregunta de fondo, sostiene Ezio Costa, es “si efectivamente la creación de mercados es una buena manera de abordar la crisis climática. No es claro que lo sea, y -en general- creo que han habido problemas en esta línea. Además, se podrían producir problemas peores a futuro, en la medida que se incentiva una propietarización de los servicios ecosistémicos que son un bien natural común”. Por esta razón, enfatiza que “el mayor incentivo debiera estar puesto en generar proyectos no contaminantes o de reducción de emisiones por sí solos, y no en generar proyectos contaminantes en conjunto con proyectos de compensación. Lo primero es dejar de destruir la naturaleza. Lo siguiente es empezar a recuperarla”.

En este sentido, agrega, “el mayor desafío es que las empresas y el Estado entiendan que hay cosas que no se pueden hacer, porque simplemente los límites naturales del planeta han sido sobrepasados y nuestra trayectoria es muy catastrófica. No vamos a lograr cambiar esa trayectoria si seguimos pensando que todo proyecto y proceso productivo debe tener una forma de hacerse. No debemos partir de la idea de que se quiere hacer algo y cómo lo compatibilizamos, sino la idea de que tenemos que cuidar la naturaleza y luego ver qué cabe dentro de eso”.

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