Columnas | Historia y nueva Constitución:

'El deporte es político: la larga historia del reconocimiento del derecho al deporte' por Pedro Acuña

El jueves 20 de mayo de 1909, un grupo de deportistas aficionados concurrió a La Moneda para participar del primer meeting sportivo convocado por la Asociación de Football Santiago. Con cerca de quince mil entusiastas provenientes de diversas escuelas y clubes de fútbol, ciclismo y gimnasia, el acto comenzó con discursos de los organizadores antes de iniciar un desfile hacia Plaza de Armas. El comité directivo del meeting –integrado por el profesor Guillermo Martínez, el dirigente Erasmo Arellano, el periodista Armando Venegas, el almirante Arturo Fernández Vial, el regidor capitalino Carlos Silva Baltra, entre otros– presentó un petitorio al gobierno con medidas de apoyo estatal a la actividad deportiva, solicitando la liberación de derechos aduaneros para la importación de artículos deportivos, una mayor inversión pública en plazas de juegos, un incremento en las horas de educación física en las escuelas y la edificación de un estadio nacional para la práctica de todas las disciplinas atléticas. 

La manifestación de los deportistas concitó el apoyo de la prensa capitalina, especialmente El Mercurio, diario que celebró la demanda por un robustecimiento físico y moral de los jóvenes, publicando el discurso inaugural de Silva Baltra, vocero del comité: 

“los jóvenes que se dedican a los juegos al aire libre robustecen el carácter, fortalecen el organismo y contrarrestan las enfermedades y a la muerte, formando así individuos capaces de cumplir con sus deberes y también con la fuerza necesaria para hacer respetar sus derechos […]. El sport en sus variadas manifestaciones sirve de puente entre las clases altas y los desheredados de fortuna, pues ahí se juntan a competir por igual sin fijarse en las condiciones sociales de cada una. Por otra parte, retrae a los individuos de los centros del vicio y del alcoholismo, ya que son ellos sus más poderosos enemigos e infunde a los que a ellos se dedican hábitos de lealtad, de dominio de sí mismos y estimula el espíritu de asociación hasta hace poco mui descuidado entre nosotros” 

(El Mercurio, 21/05/1909, p. 11.).

Al reproducir el discurso de Silva Baltra, El Mercurio se plegaba a la campaña adjudicándose un rol portavoz de la demanda atlética. Las palabras del vocero tenían directa relación con la cada vez más aceptada noción del deporte como antídoto contra la “cuestión social”, es decir, como un mecanismo de saneamiento higiénico, especialmente contra el alcoholismo, la desnutrición, y en favor del fortalecimiento físico y sanitario de la población. El discurso también advertía sobre la importancia moral del deporte para la conducta, incluyendo virtudes cívicas como la armonía entre las clases sociales, el autocontrol, la obediencia de las normas y la defensa de los derechos. 

Como uno de los primeros actos ciudadanos en los cuales se consignó públicamente la importancia del deporte, el meeting sportivo continúa vigente para comprender el puntapié inicial de la compleja relación entre Estado y deporte. La historia de dicha relación está marcada por una serie de discontinuos esfuerzos legislativos para garantizar el acceso a las actividades físicas, así como también, por una persistente omisión del deporte en los textos constitucionales de 1925 y 1980. A más de un siglo de la movilización de los primeros deportistas, resulta pertinente reflexionar sobre la transformación de la noción misma del deporte: de ser pensado a principios del siglo XX como un instrumento para hacer respetar los derechos de cada individuo, a ser concebido como un derecho fundamental en sí mismo, aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional e incorporado en el Borrador de Nueva Constitución de 2022. 

El Estado y deporte a lo largo del siglo XX

Aunque practicados de manera informal desde mediados del siglo XIX, los deportes ocuparon un lugar marginal en las políticas estatales. La actividad deportiva en Chile había sido fruto, principalmente, de esfuerzos privados con indiferencia del Estado. Indirectamente, algunas leyes favorecieron la práctica deportiva. Una ley de 1916 gravó las bebidas alcohólicas, otorgando recursos fiscales para la instalación de gimnasios en escuelas. Una Ley de 1917 estableció el descanso dominical de trabajadores asalariados, brindando una oportunidad semanal para la recreación. También de forma implícita, la Constitución de 1925 otorgó facultades a las asociaciones civiles formalizando el derecho de libre reunión en plazas, así como también estableció que el Estado debía velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país.  

El involucramiento directo del Estado en el deporte llegó con la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931). Como ningún otro mandatario hasta entonces, Ibáñez asumió un rol protagónico creando en 1927 la Dirección General de Deportes y Educación Física y Moral, que centralizó los estamentos de la Confederación Deportiva de Chile, el Comité Olímpico Chileno, la Secretaría de Higiene, el Instituto de Educación Física, la Dirección General de Tiro y Deportes del Ejército y la Liga Contra el Alcoholismo. Un decreto de 1929 sentó las bases de la educación física escolar, estableciendo la obligatoriedad de su práctica para estudiantes de ambos sexos pertenecientes tanto a escuelas públicas como particulares.  

Desde la caída de Ibáñez en 1931 hasta la fractura de 1973, el deporte adquirió un rol protagónico en el esfuerzo de integración social. Se desarrollaron varias iniciativas, incluyendo la construcción del Estadio Nacional en 1938 y el Comité de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres en 1939. Alentando a las familias a practicar un “patriotismo saludable”, el Comité construyó canchas, piscinas y teatros populares en distintos barrios. Como alternativas a la taberna, los deportes “cerca del hogar” impusieron una forma de disciplinamiento social sobre las vidas recreativas de los trabajadores fomentando la moral de la familia nuclear. Defensa de la Raza no logró sus objetivos y desapareció en 1942 con la creación del Departamento de Deportes del Estado, primero dependiente del Ministerio del Interior y luego del Ministerio de Defensa. La idea de un Estado que fuera capaz de difundir el deporte se transformó en la principal convicción de los deportistas, quienes se vieron a sí mismos como agentes cooperadores en la democratización del deporte. 

No sería hasta la década de 1960 que las iniciativas estatales transitaron del enfoque higiénico-pedagógico hacia un modelo profesional-competitivo. Así, el fútbol recibió la mayoría de los recursos fiscales durante la organización del Campeonato Mundial de Fútbol en 1962. Partidos políticos aprovecharon la popularidad del deporte para reclutar futbolistas en distintos espacios de actividad política. Por ejemplo, el Partido Comunista apoyó a los jugadores Caupolicán Peña y Mario Moreno para liderar el primer Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP). La Democracia Cristiana reclutó al arquero de la Universidad de Chile Eduardo Simián como miembro del gabinete de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Similarmente, el defensa de Colo-Colo Hugo Lepe era militante socialista y arquitecto del Ministerio de Obras Públicas de Salvador Allende (1970-1973). Peña, Moreno, Simián y Lepe impulsaron la Ley Nº 17.276 o Ley del Deporte de 1970, la cual estableció la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER) que rigió hasta 2001. La ley aumentó los fondos para el deporte amateur mediante impuestos más altos a la venta de alcoholes y protegió a los futbolistas profesionales de la explotación dirigencial. 

Los militares y civiles golpistas de 1973 alteraron profundamente la relación entre Estado y deporte. El Estadio Nacional fue utilizado como centro de detención y tortura, con decenas de deportistas detenidos. Pero la intervención también ocurrió en el plano legislativo. La dictadura promulgó el Decreto Ley Nº 1.298 de 1975 que proporcionó recursos a partir de las ganancias generadas con la Polla Gol. Los ajustes recesivos del shock neoliberal pusieron fin al proyecto desarrollista y transformaron el deporte democratizador de las décadas anteriores. La baja asistencia a los estadios tras la crisis de 1982 provocó la quiebra de varios clubes, los cuales tenían limitada su libertad de reunión para recaudar fondos en rifas y colectas. Paralelamente, el deporte no quedó consagrado en la Constitución de 1980 y solamente el inciso sexto del artículo 118 hace alusión a la posibilidad (y no el deber) que tienen las municipalidades para fomentar el deporte a través de personalidades jurídicas. 

El retorno de la democracia no implicó un cambio en el ethos deportivo instalado por la dictadura. Los enclaves autoritarios del pinochetismo con sus valores de logro individual y exitismo internacional se arraigaron profundamente en la actividad física. El discurso de “país ganador” utilizado en la campaña del “Sí” a favor de la permanencia de Pinochet en el poder se trasladó a las conductas de hinchas y atletas. El caso más paradigmático es el de Roberto Rojas, quien, durante un partido frente a la selección brasileña en 1989 se auto-infringió una herida en el rostro con un bisturí, simulando haber sido alcanzado por una bengala lanzada desde las tribunas del Estadio Maracaná. El hecho que buscaba la descalificación de Brasil –aclarado tras investigación de FIFA– avivó un discurso racista de autoridades e hinchas, quienes creyeron la versión inicial de Rojas. Exaltados apedrearon la Embajada de Brasil mientras la junta militar declaraba que los brasileños eran “un pueblo de seres primitivos”, generando un serio impase diplomático. Los hechos de violencia en torno a las barras bravas concentraron la atención estatal durante la transición democrática, llevando a Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) a promulgar la Ley de Violencia en los Estadios en 1994, normativa que por primera vez establecía sanciones a quienes causaran desórdenes durante espectáculos deportivos. 

Los actos de violencia a nivel local contrastaban con el discurso triunfalista de los años noventa. La clasificación de Chile al Mundial de Francia 1998, la consolidación del tenista Marcelo Ríos como número uno del mundo y el discurso en torno al velocista Sebastián Keitel (“el blanco más rápido del mundo”) fueron presentados como resultado de las reformas neoliberales ya que simbolizaban la competitividad de los productos chilenos exportados en el extranjero. Además, la Nueva Ley del Deporte de 2001 acrecentó el carácter subsidiario del Estado a través de un fondo de subvenciones para infraestructura mediante licitaciones. El carácter subsidiario se confirmó con la implementación de la Red de Estadios Bicentenarios durante la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010) que significó un importante ahorro para que los clubes pudiesen mejorar sus recintos deportivos. Pero los problemas de los clubes persistieron. Tras la quiebra de Colo-Colo, en 2005 el Congreso aprobó la Ley que transformó los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas. Así, Blanco y Negro S.A. concesionó todos los activos del club a cambio de pagar las deudas de Colo-Colo a través de una apertura en la Bolsa de Comercio. El autor del proyecto fue el empresario Sebastián Piñera, uno de los principales accionistas tras anunciar su carrera por La Moneda. Consciente del rédito que le otorgaba figurar como promotor deportivo, Piñera (2010-2014) inauguró el “Plan Estadio Seguro”, incrementando la vigilancia pública de encuentros deportivos; y estableció el programa “Elige Vivir Sano”, imitando la campaña estadounidense “Let’s Move!” liderada por Michelle Obama. En 2013, Piñera creó el Ministerio del Deporte, y paradójicamente, su segunda administración (2018-2022) eliminó Educación Física como asignatura obligatoria para escolares de tercero y cuarto medio—medida decretada en 2019, meses antes del estallido social.  

Del estallido a la Convención

El deporte no estuvo ajeno a la revuelta del 18 de octubre de 2019. Durante las primeras semanas del alzamiento era común ver hinchas de equipos rivales compartiendo espacios de organización. Los socios de Colo-Colo organizaron un cabildo ciudadano que contó con 1.500 personas en el Estadio Monumental donde se debatieron diversas demandas sociales, incluyendo la necesidad de una nueva Constitución y la importancia de incorporar el deporte como derecho fundamental. A los cabildos, se sumaron protestas de atletas posando frente a las cámaras con un ojo tapado por los más de 500 traumas oculares ocasionados por la policía. La selección femenina de fútbol aprovechó un partido amistoso para denunciar la represión. Sin importar sanciones de la FIFA (que prohíbe mensajes políticos), las futbolistas mostraron una pancarta con el mensaje: “La democracia de Chile tortura, viola, mutila y mata a sus ciudadanos: ¡Fuera Piñera!”. Paralelamente, barristas mujeres formaron comisiones de género para combatir la violencia machista tras denuncias al interior de sus barras. Al centro de las críticas feministas estaba la privatización de los clubes como raíz de la inequidad de género. 

Si la revuelta desenterró profundas desigualdades sociales, la pandemia reveló el deficitario aporte estatal en deportes. Ante el encierro provocado por las cuarentenas, miles de aficionados se ejercitaron en sus hogares. El confinamiento reestableció el ethos neoliberal motivando a cientos de emprendedores a ofrecer sus servicios para mantener un estilo de vida sano en cuarentena, posicionando sus marcas con el mensaje #EntrenaEnCasa. Recomendaciones de coaches e influencers expresaban que el deporte podía ser el antídoto a la incertidumbre pandémica, el sedentarismo y la atrofia muscular. Algunos gimnasios extendieron membresías con clases virtuales, aunque otros quebraron por la prolongada prohibición de funcionamiento. El distanciamiento visibilizó otras prácticas corporales, diferentes a aquellas consolidadas en el mercado fitness. Cientos de dietas comenzaron a circular por grupos de WhatsApp, combinadas con clases de yoga y zumba seguidas por Instagram. Así, las redes sociales colaboraron tanto con el despliegue de valores individualistas, como también con el trabajo colectivo de gimnasios municipales y entrenadores cesantes, que transmitieron sus rutinas de ejercicios con implementos caseros. Aunque la “franja horaria” para realizar actividad física al aire libre aportó en salud mental al re-impulsar prácticas como el ciclismo, running y montañismo, la falta de espacios apropiados en comunas pobres dificultó un retorno masivo a la actividad deportiva. Por su parte, el Ministerio del Deporte careció de una política de reintegro deportivo, priorizando el retorno del fútbol profesional (masculino). 

El plebiscito de 2020 y la elección de convencionales de 2021 motivaron la activa participación de deportistas en el proceso constituyente. Atletas como candidatos y clubes barriales funcionando como sedes del “Apruebo” antecedieron una declaración firmada por 131 organizaciones como la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, cuyas directivas convocaron a cabildos e invitaron a compartir información en redes sociales. Las primeras iniciativas de norma manifestaron la voluntad de declarar al deporte como derecho social garantizado por el Estado, por cuanto su ejercicio potencia la salud, disminuye la obesidad infantil, fomenta la igualdad y potencia el desarrollo integral de las personas. Buscando reemplazar la lógica competitiva por un enfoque recreativo, la Comisión de Derechos Fundamentales reconoció las prácticas corporales como un concepto más amplio e inclusivo que deporte. 

Al interior de la Convención, el articulado sobre deporte, actividad física y prácticas corporales no generó consenso. La norma buscaba asegurar el derecho al deporte conservando la autonomía de asociaciones y federaciones. La propuesta inicial fue aprobada por 17 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Clave en el acuerdo entre fuerzas progresistas resultó la ajedrecista Damaris Abarca (Convergencia Social), quien defendió la propuesta argumentando que la derecha solo buscaba perpetuar la discriminación. Efectivamente, los votos en contra provenían de la derecha, particularmente Rocío Cantaurias (Evópoli), quien intentó agregar las siguientes indicaciones: “En una competencia deportiva solo podrán participar personas del mismo sexo”; “El Estado reconoce y protege la práctica de deportes nacionales tradicionales”; y sustituir la palabra “asegurando” por “fomentando”—finalmente rechazadas en el Pleno de la Convención. 

La propuesta final superó los 2/3 en el Pleno de la Convención aprobándose el artículo 22 que consagra el derecho constitucional al deporte, la actividad física y las prácticas corporales. En su inciso primero, aprobado con 130 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, se señala: “Todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley”. En su inciso segundo, aprobado con 113 votos a favor, 12 en contra y 24 abstenciones, se señala: “El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas”. En su inciso tercero, aprobado con 104 votos a favor, 27 en contra y 12 abstenciones, se señala: “La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y participación vinculante de sus organizaciones”. 

Por primera vez en la historia constitucional chilena existe un articulado específico que recoge la demanda atlética iniciada en 1909 con el meeting sportivo. Tras décadas de legislación intermitente, la norma aprobada por la Convención Constitucional declara el rol garante del Estado con el deporte, superando el carácter subsidiario y meramente facilitador. El articulado da pie para revertir medidas erráticas como la eliminación de la educación física del programa escolar y recuperar los clubes deportivos del empresariado para traerlos de vuelta al tejido social del cual surgieron. Así como la “cuestión social” estrenó una zigzagueante relación entre Estado y deporte con avances y retrocesos, la ineludible atención hacia los cuerpos durante el estallido social y la pandemia generó condiciones únicas para reconocer la función social de la actividad física. 

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