Los procesos de participación ciudadana son una condición de legitimidad esencial para la adopción de decisiones públicas en una sociedad democrática. En esta participación subyacen los principios de respeto, diálogo y comprensión mutua que deben existir en una sociedad plural para construir mínimos compartidos y definir una ruta común. Sin embargo, si los procesos de participación son simples formalidades y no se construyen con el firme propósito de alcanzar puntos de encuentro y con la predisposición a comprender las diferencias, pueden terminar por desacreditar la colaboración como un mecanismo que posibilite la adopción de acuerdos estables.
En el proceso constituyente que se encuentra en discusión en el Congreso, la coordinación de la participación ciudadana ha sido encomendada a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica con el encargo de incorporar también a las otras universidades acreditadas, a fin de potenciar la extensión territorial al diálogo ciudadano. Si bien algunos han vinculado esta tarea a la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile”, desarrollada en común con la Universidad Católica, el proceso de participación que se nos confía ahora requiere de aproximaciones distintas, así como también difiere de lo que realizamos en la primera etapa del proceso constituyente.
En el proceso recién pasado, la Universidad de Chile participó ofreciendo apoyo experto con insumos y puso a disposición de la Convención una plataforma para la presentación de iniciativas populares de norma. En esta segunda fase, la tarea es más sustantiva y exige desarrollar mecanismos de consulta que le den legitimidad al proceso, un asunto aún por definir entre el Congreso y las propias universidades. Tal como se ha contemplado, ya no sería el organismo constituyente el responsable de la participación ciudadana, sino las universidades, y de ellas dependería en buena parte el vínculo que tenga la ciudadanía con el proceso.
Es necesario advertir que las normas que ahora se discuten dan un acotado tiempo a la participación ciudadana, la cual se restringe al periodo posterior a la instalación del Consejo Constitucional, un asunto que debe considerarse, para que el propósito perseguido por esta iniciativa no termine por conspirar contra sus propios fines. Asimismo, existirá una limitación temática, pues el proceso se inicia sobre bases constitucionales ya definidas en el Acuerdo por Chile y la participación está prevista para iniciarse junto con la instalación del Consejo Constitucional, por lo que se contará ya con un Ante Proyecto de nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta.
En este contexto, será importante focalizar las acciones de participación en aquellas cuestiones donde puedan tener incidencia, sobre todo pensando en la relevancia de los derechos sociales para la ciudadanía.
Expresamos nuestro compromiso de coordinar este proceso con conciencia de que el trabajo colaborativo y sinérgico de las universidades chilenas, a partir de sus conocimientos, sus capacidades y especialmente de la responsabilidad de sus comunidades, será fundamental para la definición de un marco de convivencia que nos represente a todos y todas. La tarea que se nos encomienda es contribuir, a través de la participación ciudadana, a dotar de legitimidad a la nueva Constitución.