El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno, mediante su Diploma de Postítulo en Criminología Aplicada, y el Magíster en Criminología y Gestion de la Seguridad Ciudadana, dió inicio a los cursos regulares de ambos programas de criminología. Para la sesión inaugural, se realizó el webinar denominado “¿Es posible comparar los sistemas penales nacionales? Una aproximación al proyecto RIMES”, a cargo del catedrático de derecho penal de la Universidad de Málaga y experto internacional en política criminal, José Luis Díez Ripollés.
La instancia, realizada de forma híbrida, fue presidida por el Decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier, el Director del CESC, Claudio González, y la Coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, Olga Espinoza, la que convocó a estudiantes de ambos programas de estudios de la Facultad de Gobierno y expertos y expertas en el área.
“La ponencia que vamos a escuchar es uno de los grandes proyectos científicos del profesor Díez-Ripollés: es decir, intenta responder a la cuestión de si es posible la medición de los distintos sistemas penales nacionales. No podemos entender la política criminal, entendida como las políticas públicas en el campo criminal, si es que no lo entendemos de forma comparada. Por tanto, dialoga con muchos elementos que conocemos en esta Facultad de Gobierno, que tiene que ver con la comparación de realidades”, expresó Claudio González.
La exposición
José Luis Díez-Ripollés presentó en su exposición los alcances del proyecto RIMES, instrumento que pretende medir la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados, constituyendo así, una herramienta para comparar sistemas de control penal nacionales desde la perspectiva de la exclusión social que se produce sobre sospechosos, procesados, condenados y excondenados.
“La política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a comparar los diversos sistemas nacionales de control penal de acuerdo a su mayor o menor rigorismo, pero la propuesta aboga por un criterio de comparación político criminal internacional fundado en un enfoque más rico y comprensivo. El modelo teórico adoptado para diseñar esta investigación elige como pauta comparativa el grado en que los diferentes sistemas de control penal minimizan la exclusión social de aquellos que entran en conflicto con la ley penal”, indicó el experto.
En su alocución, Díez-Ripollés explicó la forma de medición aplicada por RIMES a través de indicadores -o reglas y prácticas punitivas- y nueve áreas o cestas de intervención penal, ambos elementos validados por un panel de expertos en el área: control de espacios públicos, garantías penales, sistema de determinación de penas y sistema de sanciones, penas máximas, régimen penitenciario, internamiento de seguridad, estatus legal/social de delincuentes y ex delincuentes, registros policiales y penales y derecho penal juvenil.
Posteriormente, el experto entregó detalles de la aplicación del instrumento en España, que sirvió como piloto para su implementación, previo a su aplicación en Alemania, Inglaterra y Gales, Italia y Polonia, y a dos estados de Estados Unidos, California y Nueva York, a partir de lo cual logró la comparación entre los distintos lugares, aplicando el criterio de la exclusión social.
“Ninguno de los países estudiados se localiza en alguno de los dos extremos de la escala entre mayor y menor exclusión, pero RIMES demuestra que hay diferencias relevantes entre los países analizados, lo que significa que se ha conseguido el objetivo principal de este instrumento comparativo. Los resultados obtenidos permiten identificar qué áreas de intervención penal están generando más exclusión social, y qué ítems juegan un mayor papel en ello. Permiten también un conjunto de reflexiones preliminares sobre las características del sistema de control penal de cada país estudiado en función de la puntuación en exclusión social que obtiene. Nuestro objetivo último es impulsar mejores políticas criminales nacionales”, concluyó Díez-Ripollés al analizar en general los resultados, revelando además que el instrumento se ha aplicado de manera exploratoria en Chile, Perú y Colombia, y que se busca hacer lo mismo en Argentina, Brasil y Ecuador. Además, el proyecto será aplicado en Francia, Rumanía, Portugal, Finlandia y Estados Unidos (Estados de Texas y Florida).
Finalmente, el catedrático de la Universidad de Málaga destacó la oportunidad de exponer su investigación y la herramienta RIMES en la Facultad de Gobierno, y resaltó lo clave que resulta analizar el tema utilizando la perspectiva de la exclusión social.
“Estamos analizando todos los comportamientos de los órganos penales desde una perspectiva muy simple: que si amplían mucho las penas o si endurecen el sistema penitenciario, cuando efectivamente eso se está produciendo y eso se ha de considerar negativamente, pero lo que está pasando son muchas más cosas y de lo que se trata es de ampliar el foco y para eso el concepto de la mayor dureza penal no es un concepto adecuado; hay que buscar uno que sea más políticamente ambicioso y creo que el de la inclusión/exclusión social lo es”, expresó.
Por su parte Monserrat Díaz, investigadora del CESC y quien ha participado en el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, afirmó que “me pareció nutritivo este conversatorio, tanto para la disciplina criminológica como también para la práctica más aplicada a la criminología, porque siento que es una herramienta que tiene posibilidades de incidencia en la política al medir y dar datos concretos”.
Revisa la exposición completa del profesor José Luis Díez Repollés: