Buscando centralizar y potenciar las funciones de cuidados y mantención de las áreas protegidas del país, el pasado miércoles fue aprobada en el Congreso Nacional la “Ley para la Naturaleza”. La nueva legislación que llevaba 13 años de tramitación, creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo público a cargo del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que permitirá fortalecer el cuidado y protección de la biodiversidad que se encuentran dentro y fuera de las áreas protegidas del país. Ante esto, académicos y académicas de la Casa de Bello reflexionaron sobre el impacto y los desafíos que presentará la implementación de esta nueva normativa.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la actividad humana ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%, provocando que más de 40 mil especies se encuentren en peligro de extinción en todo el mundo.
Al igual que en otros países y regiones del planeta, los ecosistemas chilenos se encuentran sometidos a diferentes presiones y dinámicas que ocasionan su pérdida y degradación, teniendo como resultado que la mitad de los ecosistemas y dos tercios de las especies, se encuentren amenazadas en su supervivencia, de acuerdo con datos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
Un largo camino
Con la convicción de que es posible construir un futuro más próspero, más justo y más seguro para el planeta, en abril de 1987 se publicó un informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU titulado "Nuestro Futuro Común". El documento planteaba la optimista posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales, destacando la importancia de los ecosistemas para el desarrollo.
En el caso de Chile, no fue hasta el 2014 que se ingresó oficialmente el proyecto “Ley para la Naturaleza” al Congreso, con el fin de completar la institucionalidad ambiental chilena establecida en la Ley 20.417 del año 2010. Esto, esperando crear un servicio público independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encargue de la protección de la biodiversidad.
La jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA y académica del Departamento de Geografía UCH, Daniela Manuschevich, destacó que en este proceso legislativo fue de suma importancia la colaboración y determinación de las autoridades en torno al compromiso en avanzar en la institucionalidad ambiental.
“La única forma efectiva de avanzar en temas ambientales es entendiendo lo biofísico, como lo humano, la gobernanza y todo el rol del Estado. Y son todas esas cosas en conjunto las que permiten la conservación efectiva” agregó Manuschevich.
De este modo, el MMA logra un hito significativo en el ámbito nacional al demostrar su compromiso con la Agenda 2023 y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 a través de esta legislación que permitirá el aumento del presupuesto anual destinado a la institucionalidad ambiental y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
¿Qué implica esta nueva ley y cuáles son sus desafíos?
La “Ley para la Naturaleza” se funda sobre cuatro aspectos principales que abordan; un servicio público para la protección de la biodiversidad; centralizar la institucionalidad de las áreas protegidas y sus cuidados; entregar un instrumento de gestión para la conservación de la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales; y fortalecer y aumentar el financiamiento dedicado a esta labor.
De esta manera, la implementación de la legislación implicará que las labores que actualmente realiza la Corporación Nacional Forestal (CONAF) sean traspasadas al SBAP, considerando tanto las áreas protegidas como sus recursos financieros y su personal, resguardando los derechos laborales de las y los guardabosques.
Estos últimos trabajaron en colaboración con el MMA durante el proceso de reformulación de esta ley, ya que son los que están día a día en los territorios y que actualmente cumplen las funciones de protección, monitoreo y conservación de las especies en las distintas zonas a cargo de CONAF. De acuerdo con la académica Manuschevich, las y los guardabosques comprendieron tempranamente la necesidad de avanzar en la creación del SBAP, siendo ellos considerados en el traspaso de labores y personal al nuevo organismo.
Para Javier Simonetti, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas UCH, esta ley es un paso sustancial para la protección de la naturaleza chilena, puesto a que, al concentrarse esta labor en un organismo especializado, se generará “una gestión articulada del patrimonio biológico del país, caracterizado por su elevado endemismo”.
“Son avances sustantivos, pero el futuro está exento de desafíos, como lograr regular o mejor, terminar con los permisos sectoriales al interior de las áreas protegidas. No obstante, esta ley es un hecho histórico en pos de proteger nuestra Naturaleza y nos otorga más y mejores herramientas para ello”, añadió Simonetti.
Complementando lo anterior, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y especialista en ecología y ciencias biológicas, Eugenia Gayo, señaló que la creación de la SBAP será un total acierto, permitiendo instrumentalizar una problemática que ha sido relegada por más de 10 años.
“El concretar la creación del SBAP proporcionará un servicio público capacitado y fortalecido -tanto financiero como normativamente- para conservar la biodiversidad a través del país, considerando ecosistemas marinos y terrestres, pero además que reconozca que la biodiversidad única de Chile debe ser atendida más allá de los bordes de las tradicionales áreas protegidas. Este último punto, es sumamente relevante pues, reconoce la importancia de manejar algunas amenazas -como son las especies invasoras”, afirmó la académica.
Principalmente, la ley plantea que al eliminar la dispersión y el trabajo desarticulado que actualmente se genera al delegar este trabajo a cinco servicios públicos distintos, se potenciará el uso más eficiente de los recursos. De la misma manera, gracias a este proyecto, se aumentará el presupuesto anual destinado a la institucionalidad ambiental a casi un 58%, permitiendo duplicar el número de guardaparques y potenciando la participación privada en la gestión de las áreas protegidas.
Sin embargo, la implementación de esta ley será un proceso paulatino y que no estará exento de desafíos. De acuerdo con Federico Luebert, académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, uno de los desafíos para el buen funcionamiento de la nueva institucionalidad en áreas protegidas “será de qué manera y con qué velocidad, la experiencia y las competencias que tienen instituciones como la CONAF son traspasadas o son adquiridas por este nuevo servicio”.
Por otra parte, el académico indicó que las áreas protegidas de Chile no se encuentran homogéneamente repartidas en el territorio. “Uno de los desafíos actuales y futuros de las áreas protegidas de Chile es corregir este desbalance territorial y poner bajo protección tipos de ecosistemas propios del centro como del norte de Chile que actualmente se encuentran con muy poca o sin protección”, aseguró Luebert, puesto a que existe una concentración de áreas protegidas en la zona sur del país, mientras que la zona norte y central cuentan con pocas superficies registradas para su protección, siendo esta última el área más diversa y a su vez la más amenazada por las actividades humanas.
¿Cómo continúa el proceso?
Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto de ley se encuentra en proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional y posteriormente deberá pasar por la toma de razón de la Contraloría para su promulgación y publicación.
Una vez promulgada la “Ley para la Naturaleza”, se dará un plazo de un año para dictar el Decreto con Fuerza de Ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Así, el SBAP podrá definir parámetros de funcionamiento en cuanto a su administración, personal, remuneraciones, etcétera, contando con presupuesto otorgado desde su primer año de implementación para seguir desplegándose en todo el país.
Frente a la vinculación de la Universidad de Chile en este proceso, Javier Simonetti destacó la importancia de la ciencia y las evidencias para una buena gestión de la biodiversidad. “No cabe duda que académicas y académicos de nuestra Universidad han colaborado durante la larga tramitación del proyecto de esta ley. Su experiencia en diferentes materias relacionadas a la conservación de la biodiversidad continuarán siendo un aporte relevante para la implementación de la ley y el operar del Servicio” concluyó el académico.