El pasado 3 de julio, la académica de la Facultad de Derecho y representante del Programa Transdisciplinario de Medio Ambiente (PROMA) de la Universidad de Chile, Ximena Insunza, fue invitada a presentar sus reflexiones sobre la dimensión ambiental del anteproyecto de la nueva Constitución, impulsada por la comisión de expertos. La instancia se llevó a cabo ante el Consejo Constitucional, donde la especialista tuvo la oportunidad de brindar recomendaciones para fortalecer el artículo Nº 12, que aborda específicamente la protección medioambiental.
Formando parte del nuevo proceso constitucional inciado en el mes de junio, la Secretaría de Participación Ciudadana impulsó diversas audiencias públicas para recopilar opiniones y propuestas de organizaciones y personas naturales en torno a diversas materias.
En este contexto, la académica de la Facultad de Derecho UCH e integrante de PROMA, Ximena Insunza, fue invitada a exponer ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales. En la instancia, la especialista reflexionó sobre la necesidad de robustecer el artículo Nº 12 de la propuesta impulsada por la comisión experta, con el fin de asegurar la protección al medio ambiente.
Según Ximena Insunza, “es fundamental participar para aportar desde la academia con conocimientos expertos sobre los aspectos positivos y negativos del anteproyecto en materia medioambiental”.
A su vez, la abogada explicó que no es la primera instancia de la cual forma parte PROMA, pues “hemos estado trabajando en la materia constitucional. Enviamos un informe a la convención constitucional en el pasado proceso, y siempre estamos muy atentos en todo lo que tenga que ver con medio ambiente y su consagración en la Constitución”.
Un nuevo abordaje al cambio climático
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático resulta una de las mayores amenazas para el planeta, siendo necesario abordarlo como un desafío de urgencia global.
A nivel nacional, existe una alta vulnerabilidad frente a este fenómeno, debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y socioeconómicos, que impactan en toda la biodiversidad y la población.
Es por ello que, diversos especialistas han manifestado la necesidad de incorporar esta materia en la nueva Constitución Política. Dentro de ellos, se encuentra PROMA , espacio que considera imperante la consagración de nuevos derechos medioambientales, tales como el de la naturaleza.
En esta línea, la académica de la Facultad de Derecho, realizó una revisión al artículo Nº 12 de la propuesta, indicando que “van surgiendo nuevas responsabilidades del Estado, nuevas responsabilidades de los ciudadanos, nuevas garantías y nuevos derechos y deberes, que no están descritos en el numeral”.
En cuanto a las carencias de la propuesta actual, la también especialista de PROMA, recalcó que “hay que conciliar la actividad económica y la protección ambiental, pues tiene que haber normas que permitan justamente restringir y limitar ciertas actividades cuando estas no sean sostenibles en el tiempo”, añadiendo que “sería bueno que la regulación de los recursos naturales estuviera en este capítulo y no en el derecho de propiedad”.
Finalmente, Insunza indicó que “es fundamental reconocer el vínculo indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, pues hay que conciliar la actividad económica con la protección medioambiental”, siendo “deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo”.