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En la Facultad de Derecho de la Universidad de O’Higgins, en una actividad organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se desarrolló el seminario “Control de Convencionalidad”, en el que se analizaron los efectos del caso Almonacid Arellano vs Chile entre los países adherentes a la Convención Americana de Derechos Humanos. La actividad contó con la participación de la profesora Constanza Núñez, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y subdirectora de la Escuela de Pregrado de la Facultad .
La jornada se desarrolló con el apoyo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. (ACNUDH) y la Universidad de O’Higgins.
El Control de Convencionalidad es una figura que nació de la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Corte IDH). Permite concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. Ello, a través de la obligación de verificar la conformidad y la correspondencia de la legislación nacional con el Sistema Interamericano de DD.HH. y en particular con la Convención Americana sobre DD.HH.
La figura jurídica surgió por primera vez como expresión de la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en la sentencia de 2006 en el caso paradigmático “Almonacid Arellano y otros vs Chile”, que se refiere al caso del educador y dirigente gremial, Luis Alfredo Almonacid Arellano, quien fue detenido en su casa en Rancagua en septiembre de 1973 y falleció después de ser baleado por agentes del estado en presencia de su familia, a la salida de su casa. El caso se presentó ante la Corte IDH por la ausencia de investigación y sanción de los responsables por una ejecución extrajudicial.
Durante el encuentro académico, la profesora abordó el desarrollo jurisprudencial de esta doctrina en Chile y los desafíos sobre esta materia en el futuro. En la ocasiónTuvo la oportunidad de compartir con el representante regional adjunto de la Oficina para América del Sur de ACNUDH, Xavier Mena, y con la doctora en Derecho por la Universidad de York y docente de la Universidad de Concepción, Amaya Álvez. En la ocasión, se le entregó un reconocimiento al abogado Mario Márquez por la litigación que efectuó del caso ante el sistema interamericano y que permitió sentar un precedente para la región.