El martes 9 de enero se realizó una reunión de trabajo con la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para abordar detalles de la “Asesoría para la construcción de indicadores de persecución especializada en responsabilidad penal adolescente, en el marco de la implementación de la Ley 21.527”, proyecto adjudicado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno y al Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Facultad de Derecho.
La iniciativa tiene por objetivo elaborar una propuesta de indicadores y evaluación que atienda a la especificidad y fines del sistema de responsabilidad penal adolescente, trabajo que apoyará la implementación progresiva de la Ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta normativa supone cambios relevantes en materia de persecución, tales como la incorporación de la mediación penal como un proceso restaurativo y orientado a la reparación real o simbólica del daño, y el fortalecimiento de la especificidad del sistema por medio de salas especializadas, así como de fiscales con dedicación exclusiva a causas de responsabilidad penal adolescente.
“La especialización del sistema supone un desafío para el ente persecutor y pone de manifiesto la necesidad de identificar criterios diferenciadores entre el sistema de adultos y el de adolescentes para comprender los fenómenos asociados a la criminalidad juvenil y los procesos asociados a su persecución y sanción”, indicó la investigadora del CESC, María José del Solar. A partir de estos criterios, se propondrán sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión de fiscales especializados sensibles a las particularidades de la criminalidad juvenil y su persecución, así como a los principios que orientan el sistema especializado de responsabilidad penal.
De acuerdo al académico y director del CESC, Claudio González Guarda, “el proyecto es una iniciativa valiosa al permitir la construcción de un sistema de monitoreo de la gestión que comprende la especialidad que supone un sistema de responsabilidad diferenciado, como es el sistema RPA”. Destacó, además, que es provechoso que el Ministerio Público plantee tempranamente la necesidad de establecer indicadores que reconozcan dicha especialidad, recordando la implementación gradual de la nueva norma que comienza en estos días con las primeras cinco regiones de la zona norte.
En la reunión participaron Álvaro Murcia, subdirector de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente, junto a Carlos Gutiérrez, profesional de la misma unidad. Por parte del CEJ, en tanto, participaron su directora, Ema Salinas y la investigadora Macarena Pérez, y en representación del CESC participaron las investigadoras Monserrat Díaz y María José del Solar.