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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado multilateral abierto a 33 países de América Latina y el Caribe. Este nace a partir del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992 con el objetivo de asegurar una mayor participación de la sociedad civil en temas ambientales.
Desde esa fecha, ha existido un largo camino hasta su entrada en vigor el año 2021, luego de la ratificación de once países, tal como lo indica el artículo 22 del Acuerdo. Actualmente, hay 24 Estados firmantes y otros 16 que han ratificado su participación (los llamados Estados Parte). El último en sumarse fue la Mancomunidad de Dominica, el pasado martes.
Dentro del Acuerdo se consideran encuentros periódicos de todos los Estados Parte para trabajar en la aplicación de los diferentes artículos considerados en el tratado. En ese contexto, el pasado miércoles 24 de abril finalizó la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile.
Entre los principales hitos de esta reunión destaca la aprobación del Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que tiene como base el artículo 9 del Acuerdo, donde se detalla que “cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”. Este avance es de particular importancia para Latinoamérica, ya que el informe realizado por Global Witness estableció que el 88% de asesinatos a defensores de la Tierra en 2022 ocurrieron en esta zona.
Para Pilar Moraga, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), la aprobación de este plan es un hito clave. “Es un tremendo avance, puesto que esto permite que los defensores ambientales o activistas puedan realizar su labor en términos más seguros, sobre todo en países como los latinoamericanos, en los que existe una permanente tensión con la explotación de recursos naturales y, por lo tanto, tensión entre lo que es el desarrollo económico y el respeto a las comunidades, los modos de vida y su entorno”, afirmó la también directora del Centro de Derecho Ambiental de la Casa de Bello.
Otro hecho a destacar fue la puesta en marcha del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, órgano no punitivo ni sancionatorio, integrado por siete representantes de la sociedad civil responsables de apoyar la implementación del Acuerdo para los Estados Parte y entregar recomendaciones para su puesta en funcionamiento.
El avance de este comité fue uno de los puntos centrales del debate en la reunión, ya que desde la delegación de Bolivia argumentaron que en el formato que estaba planteado “el comité impediría la participación efectiva de los pueblos indígenas en los mecanismos de toma de decisiones”, aseguró Diego Pacheco, jefe de la delegación del país altiplánico. Por este motivo, Bolivia presentó una propuesta para que el comité fuera dividido en dos órganos subsidiarios en los que exista representación de los Estados Parte. Finalmente, esta propuesta no fue votada, pero ingresó en el acta.
Eventos paralelos y proyecciones
Para el presidente reelecto de la mesa directiva de la COP, Marcelo Cousillas, la aprobación del Plan Regional para defensores ambientales convierte al Acuerdo “en el primer instrumento internacional que incluye un artículo específico destinado a que los Estados Partes provean de protección a los defensores del ambiente”. Enfatizó, además, la importancia de las normativas que las Partes deben desarrollar, pues la implementación del Acuerdo “se hace a través del plan nacional que realice cada Estado”.
En el caso de Chile, el plan de implementación nacional fue presentado durante esta COP y considera 56 acciones generales y 236 medidas específicas. Considerando esto, la profesora Pilar Moraga manifestó que “el Acuerdo de Escazú aporta en elevar los estándares en acceso a la información y la participación ciudadana a nivel regional. En ese sentido, creo que esta obligación es de los Estados como primera cuestión. Es el Estado el que debe crear los espacios adecuados para fortalecer los derechos de acceso en materia ambiental y, por lo tanto, la democracia”.
La académica de la Universidad de Chile participó en uno de los eventos paralelos realizados en el marco de este encuentro y fue organizada por el Centro de Derecho Ambiental de la Casa de Bello. La actividad, titulada "La facilitación del acceso a la información ambiental para la sociedad civil: Experiencias desde la ley marco de cambio climático", dio cuenta de los avances actuales de la ley marco en Chile y las principales falencias hasta ahora.
La directora del CR2 enfatizó, asimismo, la necesidad de que la sociedad civil se involucre. “No solo basta con que existan mecanismos formales de participación, sino que esta participación debe ser efectiva y, en ese sentido, la Ley Marco de Cambio Climático y su implementación demuestra cómo los esfuerzos del legislador muchas veces no son suficientes”, señaló.
Finalmente, se confirmó que la COP4 se realizará entre el 22 y el 24 de abril de 2026, nuevamente en la sede de la Cepal de Santiago de Chile. Se espera que para esa reunión el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento esté en pleno funcionamiento. En esta próxima instancia se analizarán los avances del Plan aprobado y también se examinarán los progresos de cada Parte en la aplicación del Acuerdo.