Existe bastante consenso a nivel mundial de que una auténtica televisión pública no puede regirse por un exclusivo autofinanciamiento. Aunque la propiedad de ella sea estatal, aquello la convierte, de hecho, en una empresa de televisión comercial regida por las “leyes del mercado”. Esta es la contradicción vital que afecta a TVN y que le impide ser un medio de comunicación que promueva un debate sobre los grandes temas nacionales que puedan afectar dichas “leyes”; que garantice una efectiva libertad de expresión de los sectores sociales mayoritarios, excluidos de los beneficios del actual modelo económico; y que fortalezca el desarrollo artístico y cultural de la sociedad chilena con contenidos de calidad, independiente de los avatares del “rating”.
Para convertir a Televisión Nacional en un real canal público es imprescindible dotarlo de un financiamiento de ese carácter. Este puede provenir de diversos orígenes. Uno puede ser la estipulación fija –por ley- de un porcentaje determinado del Presupuesto Nacional destinado anualmente a TVN. Esta forma dejaría a la estación con una fuente de recursos independiente de la discreción gubernativa, lo que garantizaría su carácter de entidad pública no gubernamental.
Otra fuente complementaria, también fijada por ley, podría provenir –como en países europeos- de un impuesto específico al avisaje publicitario televisivo. O como se hace en Colombia, de un impuesto a las utilidades de las emisoras televisivas privadas con fines de lucro. De hecho, en países como Francia más de la mitad de los recursos con que opera la televisión pública no provienen del autofinanciamiento empresarial.
Para convertir a TVN en un auténtico canal público, otro requisito indispensable
es hacerlo representativo de las diversas expresiones más significativas de la sociedad chilena. Hoy día la única diversidad reconocida en su directorio y en sus principales líneas programáticas es la referente a los partidos políticos con representación parlamentaria. De partida, con este esquema se profundiza la exclusión de terceras fuerzas que dejó el antidemocrático sistema electoral binominal impuesto por la dictadura y todavía vigente. Además, se deja afuera a la proporción cada vez mayor de la población que no se siente representada por la democracia restringida existente.
Por otro lado, al reconocer solo la relevancia de lo político se están excluyendo todas las demás dimensiones que configuran la riqueza y diversidad del país: socio-económicas, culturales, regionales, espirituales, étnicas, etc. Perfectamente se podrían compatibilizar aquellas, ampliando el directorio a unos 15 miembros
y radicando la dimensión política en la conservación por parte del Senado y el Presidente de la República de las facultades de elegir a los miembros. Y estableciendo que los electos deban tener diversas calidades: académicos; dirigentes gremiales, sindicales y de colegios profesionales; personalidades del arte y la cultura; representantes de organizaciones religiosas y minorías étnicas; etc. Y cuidando, a su vez, que dicha composición contemple también una diversidad regional.
Otro elemento fundamental de tener en cuenta, al establecer la futura televisión digital, es la creación de numerosos canales estatales especializados: educativos; deportivos; musicales; de documentales; etc. Estos podrían ser regidos por directorios establecidos en forma análoga, aunque naturalmente privilegiando en ellos las calidades más afines al tema; tanto en la selección de especialistas, de representantes de instituciones y de la comunidad organizada.
También sería muy importante que la futura ley de televisión pública establezca algunas formas institucionales de comunicación entre las entidades directoras de los diversos canales estatales y la comunidad organizada, para que ambas partes tengan los mayores elementos posibles para contribuir a la generación de medios de comunicación democráticos al servicio de todos los chilenos.
| Felipe Portales | Fecha de publicación: Lunes 3 de diciembre, 2007 |