Primera Sesión Extraordinaria, martes 17 de mayo del año 2005

El día martes 17 de mayo de 2005, siendo las 9:00hrs. , se reunió el Consejo Universitario presidido por el Sr. Rector (S) Dr. Jorge Litvak, con la asistencia de la Sra. Prorrectora, Dra. Cecilia Sepúlveda, y de los señores Decanos de las Facultades que a continuación se indican:

• Arquitectura y Urbanismo Sr. Julio Chesta
• Artes Sr. Pablo Oyarzún
• Ciencias Sr. Raúl Morales
• Cs. Agronómicas Sr. Mario Silva
• Cs. Forestales Sr. Guillermo Julio
• Cs. Físicas y Matemáticas Sr. Luis Ayala (Decano (S))
• Cs. Económicas y Administrativas Sr. Joseph Ramos
• Filosofía y Humanidades Sra. María Isabel Flisfisch
• Medicina Sr. Jorge Las Heras
• Odontología Sr. Julio Ramírez
• Cs. Químicas y Farmacéuticas Sr. Luis Núñez
• Cs. Sociales Sr. Eugenio Aspillaga (Decano (S))
• Cs. Veterinarias y Pecuarias Sr. Santiago Urcelay

Excusa su inasistencia el Sr. Decano de la Facultad de Derecho, profesor Roberto Nahum.

Asisten los representantes del Presidente de la República, Sr. Patricio Rojas y Sr. Carlos Martínez. Están presente los Consejeros Sra. Faride Zeran, Sr. Jorge Valenzuela y Sra. Rosa Devés.

Concurren por invitación del Sr. Rector (S)el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Sr. Carlos Cáceres; el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Sr. Camilo Quezada; el Contralor de la Universidad, Sr. Juan Manuel Pino; el Director (S) del Instituto de Estudios Públicos Sr. Fernando Durán; el Director del CEAC, Sr. Luis Merino; el Director del INTA, Dr. Fernando Vio; el Subdirector del Programa de Bachillerato, Sr. Luis Mencke; el Presidente de la FECH, Felipe Melo; el representante de la ACAUCH, Sr. Sergio Mora; y el representante de la FENAFUCH, Sr. Carlos Abarca. Excusa su inasistencia el Director del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, Dr. Italo Braghetto;

Concurren también los senadores Dra. Raquel Burrows; Dr. Luis Bahamonde, Profesor Francisco Martínez y el Director de Finanzas y Patrimonio Institucional, Carlos Castro.

Actuó como Secretario del Consejo Universitario, el Sr. Antonio Zapata Cáceres, Secretario General (S).

Tabla

1. Ley que establece normas para el financiamiento de estudios de la educación superior.
2. Financiamiento universitario.

El Sr. Rector (S) señala que en la sesión pasada se acordó realizar una reunión especialmente destinada al análisis de la Ley que establece normas para el financiamiento de la educación superior ya que la FECH requirió de parte del Consejo un pronunciamiento sobre esta materia y en general sobre el sistema de financiamiento universitario. Comenta que, con el Secretario General (S), se han reunido en dos oportunidades con el Presidente y Vicepresidente de la FECH, en una con el Decano Sr. Ramos, y en otra con el Decano Oyarzún con el fin de organizar esta reunión para que resulte productiva. Comenta que se tuvieron a la vista en dichas reuniones varias declaraciones públicas sobre las materias señaladas, entre ellas la del Consejo de Rectores, la del Rector de la USACH; las del Rector de esta Universidad y algunas internas de apoyo, como la del Instituto de la Comunicación e Imagen y la de los Decanos del Campus Juan Gómez Millas.

Agrega que se ha invitado a esta reunión a la Mesa Directiva del Senado por la importancia de los temas a debatir. Señala que se propone realizar la sesión del siguiente modo:

Con relación al punto 1 de la Tabla:

• Presentación sobre la ley del Presidente de la FECH.
• Presentación del Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional sobre la posición de la Universidad de Chile en estas materias.
• Presentación del Sr. Patricio Rojas, representante del Presidente de la República.

Discusión general sobre el tema. Solicita que las intervenciones de los Sres. Consejeros se limiten a 5’ con el fin de poder tratar todos los puntos de modo satisfactorio.

Con respecto al punto 2 de la Tabla:

• Presentación del Decano Sr. Oyarzún, quien participó activamente en la redacción del documento “La Universidad de Chile hacia el siglo XXI”.

Discusión sobre el tema.

Como último punto y, tomando en cuenta los antecedentes analizados en estas reuniones preparatorias, se trae una propuesta de declaración pública para someterla a consideración del Consejo Universitario.

Ofrece la palabra al Sr. Felipe Melo, Presidente de la FECH.

El Presidente de la FECH señala que el tema de fondo se centra en cómo la sociedad chilena garantiza que los estudiantes más talentosos del país puedan ingresar y permanecer dentro del sistema universitario sin importar su condición socioeconómica. Esto ha tenido distintas expresiones a lo largo del tiempo. Se ha pasado de la educación superior gratuita a la universidad arancelada. Recuerda que el año 1995 se produce la reestructuración del crédito universitario convirtiéndolo en lo que se conoce hoy como Fondo de Crédito Solidario. Este Fondo es un sistema de crédito para quienes no pueden sustentar privadamente el costo de su educación. Se trata de un crédito bastante subsidiado con una tasa de interés muy baja, con un plazo de 15 o 20 años para pagarlo, pero se sabe que después de cierto plazo el saldo insoluto se condona. Es un crédito que se paga de modo contingente al ingreso obtenido por el profesional. El crédito está subsidiado en un 40% estructuralmente y este subsidio no es una falla del sistema, como muchos personeros de Gobierno han señalado. Se niega a pensar que quienes generaron el sistema lo hayan diseñado con una falla estructural. Cree que este subsidio no es más que la expresión de un interés público y por eso se retorna al 60% y no al 100%. El Gobierno ha desarrollado una campaña sostenida en el sentido que este sistema no es sustentable por el déficit estructural que tiene. Pero sin indicar que ese déficit deriva del hecho que el propio Gobierno no se ha hecho cargo del déficit que se produce anualmente debido a que no se aportan los recursos suficientes para cubrir la demanda, lo que obliga a las universidades a aportar recursos propios. La Universidad de Chile ya tiene un déficit de 2000 millones de pesos adicionales para este año, a los que hay que sumar los 4000 millones ya existentes por el déficit de años anteriores. El Gobierno no demuestra interés real en continuar con este subsidio a los sectores más pobres y desde hace bastante tiempo –el 2001- ha intentado introducir un sistema crediticio muy similar al regulado por el mercado de capitales, con un subsidio marginal, casi inexistente. En esta propuesta el Estado actúa como aval para que las carreras no rentables en términos de retorno futuro puedan ser abarcadas por este sistema entregando este rol de prestamista a los estudiantes a las AFP, al sector bancario etc.

La iniciativa fue fuertemente criticada por los Rectores de las universidades estatales y otras destacadas personalidades de todos los ámbitos; lo que hizo fracasar el proyecto ese año. Se propuso entonces, con el Consejo de Rectores, que se hiciera una reingeniería del Fondo de Crédito Solidario y también se pensó en un sistema de crédito privado que pudiera complementar el financiamiento de los estudios. Desafortunadamente, por la vía de los hechos se estableció como prioritario el establecimiento de un sistema privado de financiamiento argumentando que la mayoría de los estudiantes de pregrado están en el sector privado.

El sistema público que es el Fondo de Crédito Solidario está enfocado solamente en los 250.000 estudiantes de las universidades tradicionales, pero no existe sistema aplicable a los más de 300.000 alumnos del sector privado que incluye universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Es obvio que es necesario generar un sistema que se haga cargo de ese sector. Nadie lo duda; el país ha visto una legítima forma de impartir educación y se requiere asumir que no solamente los estudiantes ricos puedan acceder a ese sistema sino también debe existir un mecanismo que garantice ciertos mínimos en cuanto a equidad e igualdad de oportunidades en el acceso. El punto es que este nuevo proyecto plantea como punto principal un nuevo sistema para el sector privado, pero afecta sin distingo a todas las universidades ya que trata a todo el sistema de educación superior como un solo sistema. Es la primera vez que se aborda de este modo y esta es la principal fuente de la desconfianza e inquietudes que no solo preocupa a los estudiantes sino a toda la comunidad universitaria y ha habido expresiones en ese sentido en las últimas semanas en los distintos medios.

El proyecto del 2003 es básicamente igual al del 2001. Una Comisión Administradora de los créditos con financiamiento público- privado en que las propias instituciones se hacen cargo a prorrata del número de créditos que tenga cada institución. Año a año, según los recursos disponibles en la Ley de Presupuesto, se asigna aval público para aquellos estudiantes que postulen a crédito en sus instituciones porque no tienen medios propios para pagar sus aranceles. Esto ha sido rechazado por la FECH y, en general, por el mundo estudiantil. Los estudiantes han hecho mucho hincapié en que no se desea seguir en este diálogo vacío que plantea que la lucha es entre “egoístas” y “no egoístas”. Les parece que el Ministerio de Educación ha sido extremadamente hábil para descalificar públicamente a los alumnos de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores catalogándolos así y subrayando que estos alumnos sólo quieren más beneficios para sí sin considerar al resto del estudiantado que constituye la mayoría. Desmiente categóricamente esa afirmación señalando que FECH siempre ha estado de acuerdo con que se genere un sistema para los estudiantes del sector privado que hoy día no tienen ningún tipo de ayuda y están dispuestos a participar en iniciativas de ese tipo por estimar que es una función básica de esta Universidad proponer políticas públicas para todo el sector educacional del país. Sin embargo, el punto de crítica al proyecto es que es insuficiente para el sector privado y es inaplicable al sector público entendiendo que ambos sectores tienen roles distintos en el país y ellos deben ser garantizados de manera acorde con su naturaleza por las leyes que los afecten.

La modificación que se incluyó en el artículo 8º, que en su inciso tercero señala que la ley de ninguna manera afecta el Fondo de Crédito Solidario, es considerado un bonito gesto conseguido por la Rectoría de esta Casa de Estudios pero no es garantía de nada. La ley del Fondo de Crédito Solidario señala que los recursos deben distribuirse según ciertos requerimientos relacionados con el nivel socioeconómico de los alumnos, pero también de acuerdo a los fondos disponibles en la Ley General de Presupuesto. Por tanto, es perfectamente factible que ese monto vaya disminuyendo progresivamente. Muchos personeros de Gobierno han declarado que la intención es llegar a establecer un solo sistema de financiamiento privado para todo el conjunto de universidades. Está dentro de la legalidad y de las posibilidades que esto ocurra a corto plazo.

La FECH busca una discusión ciudadana, acabada, sobre estos temas. Quiere concluir con las políticas de hecho. Estima esencial conseguir que se garanticen los derechos más básicos de los ciudadanos. No es posible que sea sólo por la vía del endeudamiento que los chilenos tengan salud, vivienda, y ahora educación. Un estudiante que egrese de la educación superior saldrá fuertemente endeudado con este sistema y no puede ser esa la forma en que el Estado garantice la igualdad de oportunidades. El debate debe ser profundo. Recuerda que el ex Consejero profesor Maza recordó en una sesión de este mismo Consejo que un Ministro de Educación de Pinochet declaró que la educación debía entenderse como un contrato entre privados y que el Estado tenía muy poco que hacer en ese ámbito. Ese planteamiento es inaceptable.

Sin embargo, esa política no ha cambiado sustancialmente durante los gobiernos democráticos y esa es una definición de fondo que merece una discusión más profunda que lo que hasta ahora se ha dado. Ha habido mucha dificultad para dar esta discusión; el Ministro de Educación ha sido renuente a recibir a los alumnos movilizados.

Insiste en que se requiere definir cómo se garantiza la igualdad de oportunidades en educación. Se sabe que, en un oficio reservado, el Presidente de la República renunció a su veto respecto de la nueva ley de financiamiento antes de recibir la solicitud de veto con 25000 firmas que los alumnos de todo Chile le habían hecho llegar. El Presidente no ha querido tampoco recibir a los estudiantes de ninguna universidad del Consejo de Rectores. Con la CONFECH se ha buscado la manera de formar una mesa de trabajo bajo ciertas condiciones básicas. La Directora de Educación Superior ha invitado a conversar sobre el Fondo de Crédito Solidario, pero con el tema focalizado en materia de cobranza y reasignación. Todos saben que las propuestas de los estudiantes sobrepasan con creces una mera reingeniería del Fondo ya que se busca rediseñar completamente el sistema para permitir que accedan a él todos los estudiantes que tengan méritos académicos. Se invita a este Consejo a respaldar esta moción y que este Consejo insista en que a esta Universidad le compete el rol de proponer políticas públicas en materia de educación.

Desea que se ponga en práctica el Acuerdo del Consejo Universitario de formar esta Comisión amplia para abordar el tema del financiamiento universitario y formular una propuesta a más tardar en agosto de este año. Insiste en que se solicita que se manifieste en este sentido. Cree que esta Universidad no está siendo el escenario correcto en la medida en que este tipo de resoluciones se postergan. Finalmente, señala que la CONFECH junto con Federaciones de dos universidades privadas, el Colegio de Profesores, la Asociación de Académicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Asociación de Jardines Infantiles y la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación han formado un Frente Amplio por el Derecho a la Educación para llamar a una discusión ciudadana y se está elaborando una plataforma social, una propuesta ciudadana de reforma a todo el sistema educacional chileno, desde preescolar a universitaria. Invita a sumarse a esta iniciativa a los Sres. Consejeros e invitados del Consejo Universitario.

El Sr. Rector (S) agradece la intervención del Sr. Presidente de la FECH y ofrece la palabra al Vicerrector Sr. Cáceres.

El Vicerrector Sr. Cáceres señala que se referirá a 3 temas: 1) implicancias de la nueva ley para la Universidad de Chile; 2) proyecciones del Fondo Solidario de Crédito y la invitación del Ministerio a discutir sobre el rediseño y 3) cuál ha sido el planteamiento del Consejo Universitario y los esfuerzos que ha hecho desde el año 2001 en adelante.

Implicancias de la nueva ley para la Universidad de Chile: se ha reconocido por todos los sectores que la nueva ley representa un instrumento adecuado para la expansión de la cobertura del sistema de educación, especialmente para las Universidades privadas, Institutos profesionales y Centros de Formación Técnica dada las proyecciones del Ministerio de Educación para el 2010. La nueva ley abre posibilidades para que sectores medios de esta Corporación que no tienen acceso a becas o el Fondo de Crédito postulen a esta nueva fuente de recursos, lo mismo ocurre para todos los demás estudiantes de las universidades privadas.

Desde el punto de vista de la situación del déficit del Fondo del Crédito Solidario, la nueva ley no tiene ningún impacto en la provisión de recursos para sectores de más escasos recursos. No resuelve el problema que tiene actualmente la Universidad de Chile, que es un déficit estimado de 2000 millones de pesos anuales, pese a ser una de las universidades de mayor recaudación del sistema. Hay varias cuestiones que están pendientes en esta ley porque son materias de reglamento. Por ejemplo, se establece un arancel de referencia y ese arancel probablemente se fije a nivel del promedio del sistema, lo cual produce un problema de relación calidad-precio. Por ejemplo, no es lo mismo la calidad de un estudiante de Medicina de esta Universidad que la de un estudiante de esa misma carrera de la Universidad de Los Lagos. Lo mismo ocurre con relación a las llamadas “carreras saturadas”, ya que se establece que habrá una Comisión a cargo de definir este tema. Si, por ejemplo, se establece que Periodismo es una carrera saturada, debe reconocerse de alguna manera que la situación no es igual para todos los egresados de las Escuelas de Periodismo del país, porque las posibilidades en el mercado laboral son muy distintas según el establecimiento del cual provengan. También deben resolverse por vía reglamentaria los problemas derivados de la deserción, de la coexistencia de dos fondos en la Universidad de Chile, por ejemplo. Este Consejo ha planteado su preocupación sobre estos temas en variadas ocasiones.

En cuanto a la invitación del Mineduc de abordar el Fondo de Crédito Solidario, cree que hay que estudiar tres componentes: a) el plazo b) el % del ingreso de los egresados que retornan el crédito a la Universidad y c) las tasas de interés. Ese ha sido el énfasis del Mineduc. Lo que no contempla el Ministerio al parecer es la asignación insuficiente de fondos; el rediseño no enfatiza la revisión de los criterios de asignación de recursos, particularmente la capacidad de pago de los estudiantes que está determinada por el ingreso familiar per capita y que, actualmente, es de más o menos $60.000 dependiendo de las regiones. Ya la Universidad de Chile tiene un déficit de 2000 millones de pesos. Si no se resuelve este problema de asignación, por mucha reingeniería que se haga por el lado de los componentes de cobro, este es un problema que va a seguir. Está abierto también el tema de la Agencia de Cobranza. Probablemente, va a continuar la cobranza en las universidades y no se van a aprovechar las economías de escala que en algún momento el Consejo planteó también a nivel del sistema. Esta ley recién aprobada permite que otros sectores accedan a crédito pero no se resuelve el problema de insuficiencia de crédito para los estratos de más bajos ingresos en las universidades tradicionales y, por otro lado, el rediseño del Fondo de Crédito Solidario probablemente sea incompleto dado la información que ha entregado el Mineduc.

Los esfuerzos y la posición de la Universidad de Chile; hay un listado de ocasiones en que el tema se ha abordado:

20 de marzo del 2001 el Consejo Universitario analizó intensamente las bases de la reforma propuesta por .el Ministerio de Educación y efectuó los lineamientos para efectuar un rediseño del mismo.

29 de marzo del mismo año se reunió el Consejo de Rectores y el Rector contribuyó con las recomendaciones emanadas del Consejo Universitario.

Primera semana de julio de 2001- el tema vuelve a ser abordado por el Consejo Universitario. Se encargó a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos una presentación diagnóstico del Fondo Solidario de la Universidad de Chile con algunas proyecciones a nivel de todo el sistema.

24 junio de 2003- Vicerrectoría de Asuntos Económicos presenta al Consejo Universitario el documento “Antecedentes del Sistema de Crédito Universitario en Chile, el que incluyó predicciones del sistema y una evaluación de las propuestas del Mineduc a la Ley de Reprogramación.

15 junio de 2004 el Consejo Universitario volvió a analizar el tema adoptándose un Acuerdo para lograr una propuesta de la Universidad de Chile al que ha hecho alusión el Presidente de la FECH.

13 de julio de 2004 el Rector solicitó planteamientos al Consejo Universitario para hacer una presentación al Consejo de Rectores. Esta fue una de las últimas intervenciones del Rector ante ese organismo. Para ella, el Vicerrector de Economía efectuó una síntesis de los planteamientos de los distintos sectores. Al respecto comenta que el año pasado se le encargó primero a la Facultad de Economía una propuesta de financiamiento y después eso fue sustituido por una presentación de Lineamientos de una Propuesta. El problema que se generó fue que cuando se les pidió la posición a los estudiantes, el Presidente de la FECH de esa época entregó un documento y, posteriormente, dijo que esa no era la posición de la FECH, dado que el Pleno tenía otra postura. De manera que los estudiantes ya a mediados del año pasado tenían dos posiciones y dos documentos. Uno en la línea del rediseño del Fondo de Crédito y, otro, en la línea del Arancel Diferenciado, pero claramente no se podía trabajar con dos documentos sobre el punto. El Senado, a su vez, elaboró un documento con un análisis a partir del análisis hecho por el profesor Larrañaga, Carlos Castro y otros invitados. Como se ve la Universidad de Chile ha hecho planteamientos de modo sostenido.

El Consejo Universitario ha planteado que el tema del financiamiento estudiantil no es independiente del resto de los instrumentos de políticas públicas de educación superior. Los temas deben ser abordados en forma conjunta para una Universidad de la complejidad de la Universidad de Chile. Pese a la insistencia de este Consejo no ha existido de parte del Mineduc una discusión acerca de qué es lo que se considera como bienes públicos de educación superior y qué bienes privados. Esa discusión no se ha dado y se ha pedido insistentemente. No se sabe si el Mineduc considera el pregrado un bien público o si algunas carreras son consideradas bienes privados, por ejemplo. Esa discusión no se ha dado ni tampoco está presente en el rediseño del Fondo Solidario. No ha existido una definición respecto del financiamiento de las universidades complejas. El Consejo ha insistido en que hay una relación directa entre lo que es investigación y docencia de pregrado de calidad. En Inglaterra si se considera el ranking de satisfacción de los estudiantes respecto de la docencia de pregrado se verá que coincide con el ranking de las universidades orientadas a la investigación acreditadas como tales. El Mineduc no ha respondido a la propuesta de este Consejo Universitario aprobada en julio del 2001, “Financiamiento de las universidades orientadas a la investigación y al postgrado”, que fue enviada al Ministerio y al Presidente de la República. Finalmente, está el esfuerzo de agosto del 2003 con el documento “La Universidad de Chile hacia el siglo XXI” que tampoco ha sido respondido por el Ministerio de Educación. Esta es la historia de los planteamientos que este Consejo Universitario ha hecho a las autoridades de Gobierno en forma insistente.

A continuación, el Vicerrector Sr. Cáceres procede a dar lectura a un Acuerdo del Consejo sobre estas materias: El Consejo Universitario valora que se busquen alternativas de financiamiento al Fondo de Crédito Solidario que tengan recursos suficientes para todos los estudiantes elegibles. Sin embargo, se pregunta respecto a la definición política subyacente en cuanto al rol del Estado dentro del nuevo sistema y de las concepciones que la propuesta ha planteado en el contexto de una propuesta técnica. Por una parte podría decirse que la labor del Estado se circunscribirá a ser un garante final del sistema y un supervisor del funcionamiento adecuado del mismo. Por otra, se podría pensar en un Estado que se comprometa más bien activamente en proveer financiamiento suplementario a aquél provisto privadamente, por ejemplo, para el segmento específico de jóvenes y/o que subsidia en forma efectiva las cargas financieras que serían de otro modo de cargo de los futuros profesionales. Del mismo modo se podría avizorar un Estado responsable de un sistema de acreditación suficiente para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema como asimismo garante de los montos asociados al mismo por parte de los proveedores. En este sentido, considerando que son muchas las opciones de participación del Estado en un sistema como el considerado, creemos necesario que la propuesta se anteceda por una definición de política respecto al rol del Estado en educación superior y que considere cuestiones tan fundamentales como la asignación del Aporte Fiscal Directo, el futuro del AFI, el diseño de los Fondos de Desarrollo Institucional, la continuación de los recursos Mecesup, entre otros, y que deben constituir claramente una estrategia de Estado con respecto al financiamiento basal de las universidades. Así el Consejo Universitario piensa que no es suficiente una propuesta de financiamiento al Fondo de Crédito ya que ello no es independiente de la definición que se adopte respecto a las materias globales de financiamiento de la educación superior como asimismo respecto de la organización actual del sistema”.

Cree que el párrafo al que ha dado lectura resume los esfuerzos que se han hecho y las conclusiones de los documentos que se han enviado al Ministerio y al Presidente de la República.

El Sr. Rector (S) agradece al Vicerrector Sr. Cáceres por su intervención y procede a dar la palabra al Sr. Representante del Presidente de la República, Dr. Patricio Rojas.

El Consejero Dr. Rojas considera que la Universidad no está en deuda con la preocupación acerca del fondo de la cuestión. Señala que este es el país que tenemos y desde el año 90 se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los Gobiernos en este ámbito. Cree innecesario defender lo que se ha hecho pero sí es pertinente explicar y lo hará con las cifras. Presenta los cuadros que a continuación se incluyen destacando los diversos beneficios implementados para abordar la ayuda a los estudiantes de escasos recursos y con mérito académico:

El Dr. Rojas manifiesta que desea presentar algunas cifras relacionadas con los temas en debate.

El Dr. Rojas destaca que, además del Fondo de Crédito, existe una gran cantidad de becas que a menudo no se consideran entre los aportes y que representan cifras muy importantes El crédito es sólo un componente de todo el esfuerzo que se ha hecho. En el año 2004 los beneficiarios fueron 118.000 estudiantes y van a subir a 127.000 este año. Hay que tener presente que la matrícula completa del Consejo de Rectores alcanza a algo más de 250.000 estudiantes, por lo que es una alta proporción. Este número de becas de este año, si se considera el año 1990, eran 70.000 becas, es decir, casi la mitad y los fondos de esa época en moneda 2004 eran 27 mil millones de pesos. La cifra es de 55 mil millones de pesos para este año y hay un 88% de reajuste. Da lectura a las cifras correspondiente a las demás becas existentes en la actualidad. Hay 170.000 beneficiarios en total en todo este sistema. Es más de la mitad de la población del Consejo de Rectores y no se puede desestimar. Es lo que el país ha podido financiar con los recursos públicos que ha podido asignar de acuerdo al crecimiento de la economía, como corresponde a todos los países. Los países crecen de acuerdo a sus posibilidades materiales y no a sus sueños. La ley de presupuesto del año 90 eran a moneda actual 27 mil millones de pesos; el 2004, 50 mil millones; este año aumenta a 55 mil millones. Este es puro aporte fiscal. No dice que vaya a resolver el problema del Fondo Solidario de esta Universidad pero el incremento de cinco mil millones es significativo, representa un 10%, que es más que el aumento que tuvo todo el presupuesto de la nación. Las becas aumentan un 25%, un 2%, y se ve que hay un incremento de un 15% y becas más crédito llega a 83.000 millones con un 12% de incremento. Estas son las cifras. Esta es la realidad. Está de acuerdo que se necesita mucho más, pero hay que pensar a futuro de dónde saldrá ese monto que se necesita aumentar porque todavía quedan estudiantes nuestros que son estudiantes bien dotados y que no tienen acceso a estos beneficios porque pertenecen a la clase media. Este es el segmento que se endeuda con CORFO o recurriendo al sistema privado. Lo que quiere decir respecto a la ley es que la primera razón para este proyecto provino de la presión derivada del crecimiento desmesurado del sector privado. Se juntó con la necesidad de reforzar la acreditación y por eso se la incluyó como requisito para participar en este fondo. Pueden coexistir perfectamente ambos sistemas: el privado y el público.

El Sr. Rector (S) señala que está claro que este proyecto de ley en su articulado original provocó preocupación no sólo en los estudiantes sino en toda la comunidad universitaria que veía el peligro de que, a largo plazo, impidiera el mantenimiento del Fondo Solidario y por eso se hizo un intenso lobby tendiente a incorporar una disposición que dejara claramente establecido que no sería así, lo que se logró con la inclusión del inciso 3º al artículo 8º. Sin embargo, como señaló el Presidente de la FECH, no se trata sólo de que se establezca este artículo y se invite a discutir una reingeniería del Fondo de Crédito Solidario sino de algo mucho mayor que una simple reingeniería. Se desea una discusión que conduzca al rediseño de todo el sistema público de ayuda a los estudiantes. Por eso este tema se ha traído relacionado con el financiamiento del sistema de educación pública.

Ofrece la palabra.

El profesor Martínez se refiere al impacto que la nueva ley puede generar sobre la Universidad de Chile, lo cual no significa que crea que hay que abocarse al tema particular de esta Corporación sino que es necesario mirar el sistema en su conjunto y, en especial, el sistema estatal. Le parece que hay que tomar en cuenta, por un lado, la garantía de deserción, que habrá que afrontarla, porque, efectivamente, habrá una masa de estudiantes participando en este sistema. (La garantía que debe otorgarse varía entre el 90% y el 60%, dependiendo del avance de los estudios del alumno que abandona su carrera). En esto hay dos problemas, uno financiero que deberá evaluarse y otro más profundo porque la actividad académica queda directamente relacionada a un problema financiero de tal modo que, si se exagera, se podría decir que hay que asegurar que los alumnos egresen de la Universidad a toda costa, independientemente de su nivel rendimiento. Y esto se vincula directamente con el tema de la calidad de la educación. Es una cuestión delicada porque por primera vez se vincula el tema del financiamiento estudiantil con su rendimiento en términos negativos. Por otro lado, está el tema de la garantía estatal. Las garantías estatales tienen un límite máximo y, por lo tanto, hay que distribuirlas. Se producirá una competencia de las garantías propuestas en esta ley con los fondos que pudieran pretenderse para el Fondo de Crédito Solidario. Estos son dos impactos concretos sobre la Universidad de Chile.

El Secretario General (S) señala que, de acuerdo a la apreciación del Profesor Martínez parte de los alumnos de la Universidad de Chile se podrían dirigir a esta nueva fuente de recursos que crea la nueva ley. Precisa que, sin embargo, la ley se dirige al sector autónomo, a las universidades privadas. De hecho el propio mensaje señala que así es. Por otra parte, cuando se establecen los requisitos que deben cumplir para optar, se remite a la LOCE y dice que sólo se podrán integrar a la ley las instituciones señaladas en las letras a) b) y c del artículo 29 de la LOCE, el cual señala que el Estado reconocerá oficialmente a las siguientes instituciones de educación superior a) universidades; b) institutos profesionales; c) centros de formación técnica. En el artículo 30 estipula que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Se hace así una diferencia entre las reconocidas y las creadas por ley, diferencia que tendrá importancia cuando se converse sobre el Estatuto de la Universidad. Pero, como si lo anterior no fuera suficiente, para que los alumnos de una universidad tengan acceso a este crédito privado, asumiendo que esos argumentos no estuvieran, la Universidad debe tomar la decisión de integrarse al Consejo de Administración, que se denomina Comisión Administradora de Crédito para Estudiantes de la Educación Superior. Es una integración voluntaria y si la Universidad no lo hace, sus alumnos no podrán acceder a ese sistema de crédito. En lo inmediato, al menos, no se acerca el momento que la Universidad tenga que empezar a lidiar con el problema de la deserción y de las garantías. La Universidad de Chile hasta este minuto, y hasta tanto no haya un cambio en la ley, está en el Fondo de Crédito Solidario.

El Decano Sr. Urcelay señala que los reglamentos pueden cambiar sustancialmente los propósitos que se plantean de manera general. Debe tenerse en cuenta que aún no se ha aprobado la ley de acreditación y eso implica que no hay claridad en cuanto a la manera como se va a incorporar ese tema en esta ley de financiamiento. Si el nivel de acreditación se ubica en un rango alto, es probable que sólo un grupo pequeño tenga acceso. Se pregunta si el país permitirá que establecimientos que no cumplen los rangos mínimos continúen funcionando. No debe asustar la discriminación entre carreras porque en esta Universidad existe desde el 93; hay carreras de distintas categorías y basta con comparar los sueldos de los académicos para admitir que es así. En esta ley se señala que una vez al año se van a establecer las categorías de carrera y eso, al menos, implica tratar el tema abiertamente.

La Decana Sra. Flisfisch considera que no tiene mucho sentido seguir discutiendo la ley porque ya está aprobada. No entiende lo planteado por el Sr. Secretario General (S) en cuanto a que esta ley no afectaría a la Universidad de Chile, porque depende de si se integra o no al Consejo de Administración el que sus alumnos accedan a este sistema de crédito. Cree que contradice lo planteado por el Dr. Rojas.

Concuerda con el Decano Sr. Urcelay en lo que respecta a la priorización del acceso por carreras según las condiciones de empleo y remuneraciones de los profesionales egresados. Más que las carreras que pueden estimarse “saturadas” (periodismo, psicología, derecho inclusive), lo más candente es la situación de aquéllas que no se nombran ni están saturadas, pero que pertenecen a las áreas de humanidades y las artes. Estas últimas estarían marginadas por se, luego del análisis de las condiciones de empleo de sus “profesionales”. En su Facultad ha habido bastante discusión sobre este tema y los estudiantes de Pedagogía han manifestado especial preocupación por este punto. Existen becas especiales en este campo pero hay dudas de fondo, porque carreras fundamentales para el desarrollo del país no se cotizan bien en el mercado y resulta contradictorio que aparezcan condicionadas a decisiones adoptadas por quienes ponen los énfasis en otros aspectos.

Como ha señalado el Decano Sr. Urcelay esta ley ha puesto en evidencia algo que esta Universidad ha sido incapaz de solucionar y es que, de hecho, existen distintas categorías de carrera. Debe reconocerse que existe una inequidad mayúscula en esta institución y que la sufren los que pertenecen a las categorías consideradas de menor rango. Este es un tema recurrente que no ha podido revertirse ni siquiera en la discusión del propio presupuesto, por magro que sea, manteniéndose hasta hoy la distribución histórica. Políticas públicas de este tipo tienden a agravar esta inequidad. No ha sido posible ponerse a tono con los desarrollos que se van produciendo y hay un gran rezago en temas fundamentales como el mencionado. Más que debatir sobre una ley ya aprobada, le parece fundamental estudiar el financiamiento estudiantil.

Desearía que saliera algo concreto de esta reunión y que no sea sólo una mera declaración pública porque sería más de lo mismo y resultaría deprimente.

El Dr. Bahamonde comenta que el Senado invitó a varias personas a exponer sobre estas materias y allí quedó claro que hay una disociación conceptual en preocuparse por el acceso a la educación de los mejores como mecanismo redistributivo de igualamiento o mejoría de las expectativas de ciertos grupos socioeconómicos. Sin embargo, queda claro que en la contingencia actual parece ser un mecanismo demasiado lento e ineficiente al corto plazo, si bien es cierto debiera estar considerado como una preocupación primordial. Comenta que también llamó la atención la falta de mención a las carreras que se deben estudiar en este país o si esto queda entregado a la voluntad de cada sostenedor privado. Tampoco hay una política pública respecto a qué debe ir al ámbito técnico-profesional y qué al universitario. Parece un engaño cruel entusiasmar a la gente que se endeude para carreras que no tienen una significación social ni una gravitación futura de ningún tipo. Por lo tanto, ojalá este tema esté en la acreditación o en algún reglamento pero, a su juicio, requiere un énfasis político distinto. Hay que saber en qué se está poniendo ese gran esfuerzo al que aludió el Dr. Rojas. Este es un discurso que debería estar presente; se requiere definir qué se está financiando, porque ahora hay un gran desorden en la oferta académica.

El Decano Sr. Silva tiene dudas de que esta ley no tenga impacto en esta Corporación, porque hay estudiantes de clase media en ella que tienen grandes problemas y la morosidad tiene que ver en parte con eso. Hay que prepararse para ver qué impacto tendrá, en verdad y cómo enfrentarlo con sentido ético. Debe ser analizado de una manera integral porque no es un problema del Crédito Solidario solamente sino de financiamiento de las universidades complejas porque, en la medida en que se está desfinanciado, hay que subir los aranceles y eso viene ocurriendo históricamente. El presupuesto es un tema muy importante; cómo pedirle al Gobierno que considere un porcentaje de recursos que garantice este Fondo.

La Dra. Burrows cree que si bien esta ley estaría respondiendo a las necesidades de un porcentaje importante de la población, no es menos cierto que cuando está inserta en un sistema en que la educación se está moviendo por las leyes de la oferta y la demanda, surgen las preocupaciones. Existen actualmente 500.000 estudiantes universitarios y los candidatos presidenciales han señalado que la aspiración es llegar al millón, esto es al 66% de la población que está entre los 18 y los 25 años. Pero lo que no está claro es cuál es el sentido de esa incorporación. Habría que preguntarse, por ejemplo, en qué medida esta ley está respondiendo a las necesidades de movilidad social considerando que Chile es uno de los países donde hay menos movilidad social, sobre todo en los quintiles más bajos. Las becas que se han indicado, ¿obedecen a una necesidad de estudiar, los resultados de estudios consistentes indican que en un cierto plazo se requiere integrar a un segmento de la población a la educación superior o responden a la necesidad de dar respuesta a los desafíos existentes en innovación tecnológica y generación de conocimiento? Este es el momento para discutir estos grandes temas. Le preocupa que con un mayor acceso al crédito mucha gente “compre” una profesión, que eventualmente no tendrá posibilidad de ejercer considerando la sobreoferta que se está produciendo con la gran cantidad de universidades existentes. Es fundamental discutir estos aspectos fundamentales para el crecimiento del país.

El Sr. Abarca cree que el planteamiento de los estudiantes es justo y concita preocupación en todos los integrantes de la comunidad, pero hay que insistir en lo que esta Corporación viene señalando desde hace mucho y que es un planteamiento más integral y global relacionado con el escaso financiamiento que la Universidad de Chile y la universidades estatales, en general, están recibiendo del Estado. Lo expuesto por el Sr. Vicerrector Sr. Cáceres muestra que la Universidad se ha pronunciado sobre esta materia en muchas ocasiones pero se requiere posicionarla en los temas que han sido mencionados por el Dr. Bahamonde y la Dra. Burrows. Se necesita una política seria en materia educacional para el país y es esencial que la Universidad asuma el tema liderando la búsqueda de un posicionamiento de la comunidad nacional sobre la educación. Hay que constituir una mesa de trabajo que logre insertarse como un planteamiento propio de la comunidad nacional no respecto a un tema puntual sino a una visión de país en materia de educación superior.

La Dra. Sepúlveda estima relevante esta discusión sobre la ley aunque esté aprobada. Desea que ella se replique localmente para que la comunidad universitaria conozca lo que está ocurriendo. Esta ley contiene aspectos que aún no se sabe cómo funcionarán porque el reglamento es un tema importante y en ese aspecto no es tardía la discusión. La Universidad debe emitir una declaración reclamando el derecho a participar en una mesa de trabajo con el Ministerio para poder aportar y así lograr que las condiciones sean las mejores no sólo para los estudiantes de esta Casa de Estudios sino para todos los estudiantes del país. La ley es un instrumento más, como ha señalado el Vicerrector Sr. Cáceres en su intervención, que permitirá acceder a crédito a un segmento de estudiantes, pero los aspectos relacionados con las carreras es algo muy relevante y la ley de acreditación es esencial. Ha sido objeto de numerosas indicaciones y es pertinente darse el tiempo para conocer lo que está pasando con ella en el Congreso Nacional.

El Decano Sr. Las Heras cree que hay acuerdo en que la ley ya está aprobada y habría que abocarse a otros problemas, Como señaló la Dra. Sepúlveda, la ley de acreditación que se discute en el Congreso no solo tiene que ver con financiamiento sino con calidad de la educación. Si no se hace un lobby importante, puede ocurrir que muchas de las pseudo universidades actualmente funcionando sigan creando nuevas carreras de acuerdo a sus intereses económicos. Hay una oportunidad de modificación del Fondo del Crédito Solidario; es algo que afecta directamente a la Universidad de Chile y a todas las universidades del Estado; el tema de la morosidad agobia a muchas Facultades; la inequidad se da mucho más en el crédito solidario que en esta ley que, eventualmente, va a beneficiar a un sector de la sociedad y va a facilitar la movilidad social. Nadie puede oponerse a ello y no lo han hecho los estudiantes tampoco. Hay que hacer una propuesta concreta al Gobierno; el hecho de que esta Universidad este financiando anualmente alrededor de 2000 millones de pesos no es un tema menor porque se sabe que ello se hace a expensas de los académicos y los funcionarios y, por eso, es un tema que nos atañe. El tema del arancel diferenciado también merece una discusión y una posición. Las cifras que mostró el Dr. Rojas son muy interesantes, pero le gustaría conocer también las cifras de los que no han recibido los beneficios de los recursos que el Estado ha estado aportando. Hay una serie de temas que siguen siendo tabúes, como la ley del cobre, la previsión de las FF.AA. Cree que hay que hacer una propuesta concreta sobre el Fondo de Crédito Solidario, cómo dar una solución porque la Universidad no puede seguir cubriendo el déficit. También el tema de la morosidad no se puede seguir postergando porque causa gran daño a la Corporación.

El Sr. Rector (S) propone abordar ahora el segundo tema.

2.- Financiamiento Estudiantil.

El Sr. Rector (S) cree que hay una transición entre el tema anterior y éste, porque si bien la ley ya es un hecho ha dejado una preocupación muy grande sobre los temas que han planteado los estudiantes y que este Consejo comparte. El Gobierno invita a discutir una reingeniería, pero se trata de algo mucho más profundo que una reingeniería y que está ligado al financiamiento en general, al método de asignación de recursos. Es, por tanto, un rediseño general vinculado a todas las políticas públicas de ayuda a la educación pública. Por eso no se trata de seguir presentando propuestas –porque se ha visto que hemos hecho muchas- sino de encontrar una instancia de diálogo real, de auténtica interlocución. Hasta ahora no se ha logrado instalar una mesa de trabajo para discutir propuestas. Hay que recordar que el documento distribuido para la sesión es de agosto de 2003 y respondió a una solicitud del Ministerio de Educación luego que el Presidente Lagos distinguió entre universidades complejas y las que no lo son, reconociendo que las primeras requieren de un financiamiento diferente. La idea era constituir una mesa tripartita de discusión con el Parlamento y el Ministerio, la que hasta hoy no se ha reunido. Ahora se les pide proyectos a los estudiantes, pero sin abordar los temas de fondo. Ofrece la palabra al Decano Sr. Oyarzún.

El Decano Sr. Oyarzún señala que todos conocen el documento. Enfatiza que la discusión de la ley no es ociosa aunque se promulgue, porque hay cuestiones pendientes de los reglamentos que pueden producir muchas alteraciones del esquema global que se percibe. Es un síntoma también del modo como se han manejado las políticas públicas, tal como ha indicado el Sr. Rector (S). El interés de esta Corporación no ha sido plantear sus propias inquietudes y reivindicar sus propios objetivos e intereses sino plantear la necesidad de una discusión ciudadana sobre el problema general del financiamiento de la educación superior con la participación de los actores relevantes. Agrega que el resumen ejecutivo del documento recoge los aspectos fundamentales de su contenido. La idea esencial es la propuesta de un nuevo trato entre el Estado y la Universidad de Chile que afecta a tres componentes fundamentales: la falta de una política coherente del Estado hacia la Universidad, a las disposiciones legales y reglamentarias obsoletas y a una forma de financiamiento que privilegia los esquemas de acción privada. Aparecen indicados como temas que importan de manera inmediata y explícita a la Universidad de Chile pero que no tienen que ver con los intereses específicos de esta institución solamente ni están planteados desde esa perspectiva particular.

En cuanto al financiamiento, el documento presenta un diagnóstico y una serie de proposiciones. El diagnóstico está en las secciones 2, 3 y 4 del documento y las conclusiones en el 6º. El diagnóstico parte del financiamiento vigente tanto en el orden institucional como el que corresponde a la garantía de un acceso a la educación superior, por lo que está incluido el tema del financiamiento estudiantil como un aspecto orgánico del problema general del financiamiento universitario y, particularmente, de esta Corporación. La expresión Fondo Solidario aparece en un solo lugar del documento vinculado a la deuda histórica. Sin embargo, el tema del financiamiento estudiantil está desde un comienzo en el foco del documento, como un elemento crucial del financiamiento considerado en términos generales. Indica la contradicción entre esta fórmula de financiamiento vigente y la misión institucional, la que se expresa en lo que se describe como siete tensiones, como señala la cuarta sección del documento. La primera es entre la necesidad de autofinanciamiento y el cumplimiento de su misión nacional y pública; 2) tensión entre el rol articulador e integrador de redes de universidades estatales y la competencia del sistema de educación superior; 3) tensión entre la orientación de la Universidad a problemas nacionales y un sistema de incentivos dominado por el mercado; 4) tensión entre el aseguramiento de la calidad académica y un nivel de remuneraciones compatible con el equilibrio presupuestario; 5) tensión entre la recuperación de costos mediante el aumento de derechos de estudio y la captación de alumnos de alto potencial sin discriminación económica; 6) tensión entre las necesidades de inversión en planta física, equipamiento y renovación del capital humano y aquellas que impone el esquema de autofinanciamiento centrado en una lógica de corto plazo; y 7) tensión entre los requerimientos de eficiencia y competencia y un marco legal restrictivo, que impide la modernización de la Universidad y la articulación flexible de las tareas. En la sección 6º se plantean proposiciones una vez que, en la V, se ha expresado el proyecto que la Universidad tiene hacia el siglo XXI. Estas proposiciones no sólo aluden al financiamiento sino a los tres componentes que se mencionan en la Introducción. Estas proposiciones permitirían establecer las bases para el proyecto formulado. Dentro de esas están las relativas al financiamiento y se plantea 1) establecimiento de un esquema coherente de políticas de financiamiento para la educación en general y 2) en lo relativo a esta institución: compromisos claros del Estado con la Universidad de Chile. Enfatiza que el documento plantea la necesidad de desplegar una discusión aún faltante sobre el sistema en general y no sólo en lo que se relaciona con esta Universidad. El Acuerdo mencionado por el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional es muy coherente con lo que se expresa en este documento y es una buena manera de señalar que este Consejo ha mantenido un discurso coherente sobre estos temas desde hace mucho tiempo.

Concuerda con lo señalado por la Decana Sra. Flisfisch en cuanto a que falta completar una tarea y es la discusión interna de estos temas y esto debiera ser objeto de un llamado enfático a que este debate baje a los niveles basales de la comunidad universitaria; que los académicos se interesen en estas materias.

Agrega que el documento plantea la necesidad de que se formulen políticas públicas claras sobre el financiamiento de la educación superior en general y, específicamente, el establecimiento de ciertos compromisos claros del Estado con la Universidad de Chile y también, desde luego, en reciprocidad. Sobre este punto, el espíritu que gobierna esta propuesta en la relación de esta Corporación con el Estado, es el de la rendición de cuentas, la “accountability”. No se trata de recibir recursos sin una determinación, una comprobación de la destinación final de esos recursos. Son recursos ligados a determinadas tareas específicas, explicitadas, y que son susceptibles de ser evaluadas en términos y plazos definidos y eso determina un esquema de convenios de desempeño contra los cuales se establece esta asignación de recursos. Este es un elemento central.

En lo particular, los puntos centrales planteados son: 1) el financiamiento de la docencia de pregrado –lo que concierne directamente al primer punto de la tabla- , que comprende un subsidio diferencial por los costos efectivos de la docencia de calidad que la Universidad de Chile imparte, y una forma de financiamiento especial para los alumnos de la Universidad de Chile; 2) el financiamiento en función de la complejidad , mediante un sistema de aporte basal que considere la diversificación de los instrumentos para financiar adecuadamente la investigación y la creación artística y el postgrado; el financiamiento de postgrado y un plan de inversión en estructura física y equipamiento, incluida la definición y formulación de proyectos de planta física en correspondencia con el desarrollo académico de la Universidad y 3) el financiamiento de actividades de interés nacional a través de la incorporación del aporte extraordinario de MM$ 6.411 (Aporte Especial para la Universidad de Chile) al presupuesto ordinario de la Universidad y de convenios de desempeño entre el Estado y la Universidad para la generación de nuevos programas de impacto nacional.

El documento contempla también, en cuanto a financiamiento, un ítem relacionado con la compensación por la “deuda histórica”, referida a los bienes patrimoniales, a la transferencia al Fondo Solidario de Crédito Universitario y a la corrección de los criterios discrecionales empleados en la distribución del 5% del AFD en los años 1988-1991 y un fondo retornable a utilizarse para el ajuste, renovación y nivelación de remuneraciones de la planta. Estos planteamientos son una manera más de enfatizar las contradicciones con que la Universidad de Chile ha tenido que sobrevivir en su fórmula actual de financiamiento.

Cree que este documento de la Universidad de Chile mantiene coherencia con las declaraciones, acuerdos y formulaciones que han hecho este Consejo y las autoridades superiores de esta Universidad en los últimos años. Es casi un resumen ejecutivo del proceso de discusión interna y de los planteamientos de sus autoridades. Aún permanece sin respuesta y ello subraya la falta de una discusión nacional relevante sobre todos los temas concernientes a la educación superior, más allá del financiamiento. Esta es una buena ocasión para hacer presente la necesidad de iniciar esta discusión con el Ministerio y el Parlamento.

El Sr. Rector (S) reitera que no ha habido diálogo con el Gobierno. Existe una posición clara y consistente de esta Universidad que no ha tenido respuesta. El Consejo debiera pronunciarse en el sentido de insistir en la necesidad de revisar el Fondo de Crédito en un contexto más amplio de rediseño general del sistema público de financiamiento estudiantil vis a vis con esta posibilidad de crédito privado.

Ofrece la palabra.

El Sr. Abarca no está de acuerdo con que el documento no ha sido respondido porque fue presentado por el Sr. Rector al Ministro de Educación en esta misma sala y su respuesta fue contundente. Dijo que le llamaba la atención que, de 8 planteamientos, 5 se refirieran a financiamiento. Su respuesta fue categórica y ofreció realizar un trabajo conjunto para afinar el documento. No tiene claro si eso se hizo.

El Sr. Rector (S) responde negativamente.

El Decano Sr. Oyarzún recuerda que cuando el Ministro visitó este Consejo y recibió este documento, lo hizo como ex alumno de la Universidad de Chile, no como Ministro y, por eso, se considera que no ha habido una respuesta oficial.

El profesor Martínez tiene la impresión que la respuesta es tácita y negativa en todo su contenido, porque ninguna respuesta –salvo la acreditación que ha tomado su curso independiente- se ha dado. El documento tiene un gran valor, pero le gustaría discutir la estrategia. Parte de la base que hay un caudal de información que podría no estar en mayos públicas de aquellos que toman decisiones y suficiente material dentro del documento podría cambiar la opinión de los políticos que resuelven sobre educación superior. Cree que puede haber tenido un efecto de esa naturaleza, pero limitado. Propondría un enfoque distinto, si es que se va a hacer un nuevo esfuerzo sobre ese tema, y es plantear una discusión sobre políticas de educación superior en general y políticas de educación superior con participación estatal, como una estructura global para el sistema país y no sólo desde la perspectiva de la Universidad de Chile, por coherencia, porque esta Corporación plantea su rol de líder en las materias nacionales y se define como tal, Hay, por lo tanto, una actitud de coherencia en el momento de plantear sus necesidades, mirar cuál es la realidad nacional y no sólo las condiciones propias sino también las de los demás. Hay que tener claro que si no se logran alianzas con algunos que pudieran estar en líneas parecidas no se logrará suficiente apoyo para abordar el problema más allá de los temas que puedan asumir los ministerios por su propio interés o sus propias posibilidades. Propone esta estrategia para esta ocasión.

Al considerar el problema global, se plantea doblarle la mano al sistema vía algún mecanismo de discriminación. Hay una política de mercado, de discriminación. Esta Corporación ha insistido en que hay algunos ejes de discriminación que son necesarios. Cree que no se ha sido exitoso en demostrar que hay razones de discriminación. Como primer eje de discriminación propone el tema de la calidad, recogida por la ley de acreditación, y lo que se llaman las universidades complejas con investigación. Este tema ayuda a establecer criterios de discriminación donde la Universidad de Chile va a lograr una mejor posición. Un segundo tema es el compromiso social. Hay una tarea de establecer un mayor compromiso con el Gobierno y el Estado y eso hay que definirlo claramente. Un tercer eje es un elemento de discriminación natural y es la tradición y, dentro de ella, la comparación con otras experiencias mundiales, en las que hay un apoyo a las universidades estatales por su calidad o por su rol estatal. Por lo anterior propone plantear la renovación del enfoque en un documento que mire los ejes principales de la educación superior y que permita hablar con todos los participantes de esta discusión.

La Decana Sra. Flisfisch no entiende por qué se ha presentado este documento ahora. Pero, con referencia a él, recuerda que el Ministro en su visita señaló que la Universidad era autocomplaciente y autoreferente. Comenta que la comisión tripartita nunca se reunió y la convocatoria a esa mesa de reflexión surgió del Ministerio a petición de esta Corporación, pero quedó en compás de espera. Este documento no habla del financiamiento de las universidades estatales sino que es particular sobre esta Corporación. No está segura de que este sea el documento adecuado para tratar el financiamiento de los estudiantes de las universidades estatales, dado los términos de la discusión y los planteamientos de la FECH y la CONFECH. Tiene la impresión que los estudiantes piden un pronunciamiento más que sobre la ley reciente sobre el financiamiento universitario estudiantil general. Hay que abocarse a la reflexión sobre ese tema en particular hoy, lo que no quiere significar que los otros temas que se plantean en el documento no sean importantes. Los estudiantes exigen una definición sobre la reingeniería o reformulación del Fondo de Crédito Solidario. Está de acuerdo en que hay que ir mucho más allá que una reingeniería del Fondo. Hay que considerar que el déficit actual de dicho Fondo en esta Universidad es de 8 mil millones de pesos. Le preocupa salir a la opinión pública con declaraciones que después no se cumplen. Alude a Acuerdos incumplidos de este Consejo. Pregunta si se ha hecho algo respecto al último Acuerdo del Consejo. Tiene la sensación que siempre se vuelve al punto de partida. Le parece que si hubiera habido una propuesta clara sobre el Fondo, se hubiese revisado cabalmente y cada institución hubiere hecho un estudio serio sobre las realidades específicas, la situación sería hoy distinta. No le ve mucha salida a la situación. El movimiento estudiantil está planteando temas de fondo que afecta a todos. Le parece que no hay coherencia con el discurso. No está dispuesta a aprobar otra declaración pública que quede incumplida. Siente que no se avanza en la reunión. Recuerda que el Decano Sr. Ramos elaboró un documento que no recibió respuesta de sus colegas. Quisiera conocer la propuesta de la Rectoría de la Universidad. Todos ya han leído el documento hace mucho y siente que se pierde tiempo.

El Sr. Melo está de acuerdo con la Decana Sra. Flisfisch en la necesidad de ordenar la discusión y sacar algunas cosas en limpio. La idea central sería focalizar en cómo esta comunidad va a abordar la problemática del financiamiento estudiantil del sector público. Esta llamada reingeniería, que al menos genera un espacio de conversación, debe ser capitalizada de muy buena forma por esta Universidad y tener una propuesta concreta al respecto. Esa necesidad no queda clara en el documento que se maneja y no hay ninguna propuesta concreta. La FECH desea que haya una declaración pública que dé cuenta de la preocupación de la Universidad sobre este problema y genere, en un plazo concreto, un espacio de trabajo. Sabe que no hay una opinión única en el Consejo, pero debe crearse el espacio para discutir. Se explaya sobre los diversos puntos a tratar que sean coincidentes con los planteados anteriormente por los Consejeros. Está de acuerdo con el Decano Sr. Las Heras respecto a abrir este espacio de debate. Una propuesta concreta es parte de esta responsabilidad. Propone declaración pública y la formación de una mesa de trabajo.

El Consejero Sr. Vio señala que el Ministro Bitar expresó lo que ha sido la política liberal que ha habido en Chile y mostró un abierto desacuerdo con el documento. La contradicción es que, a pesar de su misión, en los hechos esta Universidad se ha adaptado a la política pública de un mercado que exige ciertas cosas. En los países que se han enfrentado a esta situación, se ha logrado hacer una conjunción entre lo público y lo privado y, de hecho, muchas universidades europeas de excelente nivel están financiadas por el Estado y por el sector privado. Este es un punto que este documento debería tomar en cuenta. Concuerda con el profesor Martínez en cuanto a la necesidad de acentuar lo discriminatorio a favor de la Universidad de Chile, esto es la misión pública, la calidad con que se hace el trabajo y la condición de garante del resto de las universidades en cuanto a calidad.

El Consejero Dr. Rojas no comparte la visión de las universidades europeas del Dr. Vio porque, por ejemplo, en Inglaterra y Alemania, hay universidades que sólo tienen financiamiento público. Cree que este país tiene un sistema intermedio, de corte liberal y esta universidad se ha flexibilizado a trabajar en esas dos corrientes. Le parece que no puede olvidarse la consistencia y la actividad que el Ministerio ha desarrollado y, en particular, el Ministro Bitar. Hay que considerar que la ley promovida por el Ministerio sobre la morosidad del crédito, que era escandaloso, ha permitido recuperar 13 mil millones de pesos. Esa ley de reprogramación de crédito, el descuento por la Tesorería de las devoluciones de los impuestos ha sido el resultado de un tremendo esfuerzo legislativo. El nuevo estatuto ya está también en el Congreso Nacional. El proyecto de ley sobre el endeudamiento a largo plazo de las universidades estatales que excede el periodo presidencial y el cambio mayoritariamente del control ex ante al ex post de la Contraloría General de la República es otro de los puntos considerados en el documento que está en marcha. Otro tema es el de la acreditación y ahí hay otro gran esfuerzo en el sentido que señala el documento de esta Universidad. Hay que considerar también los Mecesup, que han entregado una gran cantidad de recursos frescos para las universidades más competitivas y el proyecto Royalty 2 -que está convencido conseguirá aprobación-, que también proporcionará una cantidad importante de recursos para innovación y desarrollo tecnológico en las regiones pero también en la metropolitana y, en la asociación que se haga con las regiones, la Universidad de Chile va a tener otra ventana de recursos frescos en temas en que la más alta competitividad.

La Dra. Burrows está de acuerdo con lo poco conveniente que resultaría en este año de elecciones un documento que sin duda distingue a esta Universidad en su relación con el Estado. La experiencia que se ha tenido con el proyecto de Estatuto muestra que todas las observaciones que se han recibido se vinculan precisamente con esos aspectos que distinguen a esta Universidad con el Estado. Incluso se han objetado normas que existen en los estatutos desde que existe esta Universidad. Por eso siente que este documento no sería adecuado porque se está reclamando una relación distinta del resto con el Estado. Cuando la Universidad de Chile tenía sede en regiones se la veía como una universidad nacional, pero ahora se la mira como una de la Región Metropolitana. Los intereses de las regiones se hacen presente en las regiones y eso se opone a tratos preferenciales con esta Corporación. Cree que la discusión debe centrarse en los aspectos planteados por la Decana Sra. Flisfisch y focalizado en el sistema público, no en la Universidad de Chile.

El Sr. Rector (S) precisa que este documento no será enviado a ninguna parte ahora; se distribuyó como material de referencia. El objetivo de su elaboración fue para su discusión en una mesa tripartita, la que no se ha constituido. No hay respuesta oficial del gobierno sobre él.

La Dra. Burrows aclara que su planteamiento lo toma para la eventualidad que se desee usar de punto de referencia y en cuanto se trate el tema del Fondo Solidario centrado en la Universidad de Chile.

La Consejera Sra. Zeran desea concretar. Este documento de referencia es interesante y lamenta que no se haya difundido debidamente porque refleja una postura. El destino de la Universidad de Chile y de la educación superior no es una discusión retórica sino que tiene que ver con políticas públicas. Acogiendo el sentido de la reunión, estima necesario avanzar, si bien está claro que esta no será la única reunión. Es preciso un diálogo sobre la materia y, respecto a la coyuntura, debe llegarse a un acuerdo acerca del modo de tratar el tema hoy mismo.

El Decano Sr. Oyarzún cree que se ha producido confusión con este documento porque debió precisar en su intervención que este es un documento de trabajo. Su idea era llamar la atención sobre el sentido del mismo, que tiene que ver con una cierta coherencia que la institución, y este Consejo en particular, han mantenido respecto a diversos temas de políticas públicas sobre educación superior dentro de los cuales está el de financiamiento. Cree que ese documento respondió a un pie forzado consistente en responder a la pregunta ¿por qué la Universidad de Chile? Y por eso está focalizado en esta Corporación. Era una pregunta que no sólo venía del Gobierno sino también del Congreso. También cabe plantearse cuál sería un documento audible para el Ministerio. Si se va a hacer un planteamiento, debe ir acompañado de una discusión acerca de la estrategia para promover la revisión de los temas que se han estado abordando y, una declaración de ese tipo, debe contar también con una agenda que se cumpla, con plazos, compromisos, tareas y responsables establecidos.

El Decano Sr. Silva cree que está bien la declaración, pero hay que trabajar sobre los temas específicos, porque se cuenta con antecedentes. Hay que definir una modalidad interna de trabajo y una estrategia externa para llegar a buen fin. Además de la declaración, hay que insistir en la mesa de trabajo. Deberíamos solicitar participación en las comisiones respectivas en el Congreso. Hay que focalizar en el Fondo Solidario.

El Rector (S) recuerda el origen de esta reunión remitiéndose a lo sucedido en la sesión anterior luego que el Presidente de la FECH solicitó debatir el tema de la nueva ley. Se planteó entonces que no se podía analizar ese tema sin debatir el Financiamiento en general y, por eso, se colocaron para la tabla de hoy ambos temas. Reitera que el documento ha sido una referencia sobre la coherencia que ha tenido esta Corporación sobre la materia. Se consideró pertinente apoyar esta postura de defensa del Fondo de Crédito Solidario. Alude a la propuesta de declaración que se acaba de distribuir y que se incorpora a continuación. Agrega que en este borrador participó el Presidente de la FECH, un Consejero, y miembros de la Vicerrectoría:

1. El proyecto de Ley sobre Financiamiento de Estudios de la Educación Superior provocó la legítima preocupación de la comunidad universitaria y, en particular, de los estudiantes universitarios, quienes detectaron el peligro que en el largo plazo puede sufrir el mantenimiento del Fondo de Crédito Solidario.
2. La intervención de la Universidad de Chile fue fundamental en "asegurar que dicho proyecto de ley incluyera el artículo 8°, el cual señala que "...las disposiciones de la presente ley no modifican de manera alguna el sistema de crédito solidario establecido en la Ley N° 19.287 y sus modificaciones".
3. El Consejo Universitario apoya, en consecuencia, la demanda de los estudiantes de educación superior, en cuanto a establecer una mesa de trabajo con el Gobierno y todos los agentes .involucrados, con el carácter de urgente. Es fundamental el aseguramiento, no solo de una reingeniería de la gestión del actual Fondo de Crédito Estudiantil, sino que también un rediseño general del sistema público de ayudas estudiantiles, contemplando su financiamiento, método de asignación y cobertura. En síntesis, asegurar el acceso y financiamiento al sistema de educación pública por sobre los intereses inherentes a la misión de las entidades bancarias.
4. En este sentido, la Universidad de Chile es parte de la posición expresada en esta materia por el Consejo de Rectores, en cuanto a que "el problema central del desarrollo de la Educación Superior se vincula con el adecuado financiamiento institucional para promover un sistema de calidad que efectivamente brinde reales oportunidades a los jóvenes chilenos. Esta discusión se ha pospuesto por años y por lo mismo, solicita que se inicie - a la brevedad - un análisis acabado del tema, para definir criterios y reglas atingentes a la inversión, al crecimiento del sistema y al desarrollo futuro de sus tareas".
5. El Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis Riveros, ha hecho pública y consistentemente, desde julio de 1998, la demanda institucional respecto a la necesidad de revisar las políticas de financiamiento para la educación superior, no sólo en lo relativo al financiamiento estudiantil sino de todo el sistema de educación en general.
6. En este sentido, el Consejo reitera que la Universidad de Chile ha respondido a todos los llamados del Gobierno respecto a entregar propuestas de financiamiento. Así, acogiendo la fórmula de Universidad compleja propuesta por el Presidente de la República y el requerimiento del Ministro de Educación, elaboró en agosto del 2003, el documento "La Universidad de Chile hacia el siglo XXI, una propuesta de la Universidad de Chile al Estado Nacional". Este documento, preparado por la comunidad universitaria, con representantes del Consejo Universitario, Senado Universitario, Fech y Fenafuch, además de autoridades centrales, era el documento de discusión para la mesa de trabajo tripartita que propuso el Ministerio de Educación, con la participación del Congreso Nacional. Esta mesa, a la fecha, no ha sido constituida.
7. documento establece las bases de un debate sobre el carácter, destino de la Universidad de Chile y, en general, sobre la educación superior pública en Chile, conducente a decisiones específicas por parte del Estado Chileno. Incluye, en forma destacada, un análisis de su esquema de financiamiento en las últimas dos décadas. Plantea con minuciosidad las políticas de financiamiento para la Universidad de Chile, que entiende su desarrollo futuro en un contexto de compromisos claros con el Estado en todo lo que concierne a su responsabilidad de educar con excelencia, al desarrollo de la investigación y la creación artística, y al fomento. De una enseñanza superior pertinente para el bienestar socioeconómico de la nación. La necesidad de fuentes de financiamiento flexibles y específicas, con instrumentos adecuados a los diferentes niveles de complejidad y calidad de las instituciones universitarias, estables en el tiempo, solidarias con los miembros de la sociedad, sujetas al escrutinio público, son las ideas que nutren nuestro planteamiento.
8. En consecuencia, el Consejo Universitario reafirma la petición al Supremo Gobierno para conformar en el tiempo más breve las instancias de discusión en las mesas de trabajo, tanto en lo referente al Fondo de Crédito Solidario como en lo atingente al diseño general del financiamiento universitario.

El Consejo reitera, además, la importancia de los procesos de discusión interna en la comunidad universitaria, que permiten compartir información relevante sobre el financiamiento universitario, y contribuyen a la permanente generación de propuestas a su respecto.

Santiago, 17 de mayo de 2005”.

El Sr. Las Heras considera muy largo el punto 6 y, además, si no se conoce el documento en referencia no se entiende. Propone sacarlo. Los otros puntos reflejan claramente la posición.

El Decano Sr. Ramírez concuerda en sacar el punto 6.

El Presidente de la FECH se suma a esa propuesta. Cree que habría que corregir la redacción del punto 1. Si bien el nuevo inciso es un buen gesto no garantiza absolutamente nada. La preocupación por el Fondo Solidario se mantiene intacta. Propone eliminar de ese punto la frase “en su articulado original”.

La Dra. Burrows no cree que haya que sacar todo el punto 6. El primer párrafo le parece bien; eliminaría el segundo.

El Decano Sr. Las Heras insiste en que si se menciona el documento hay que hacer aclaraciones.

La Consejera Zeran cree importante dar cuenta de que la Universidad ha reflexionado sobre este tema y señalar que hay una mesa de trabajo que no se ha constituido. Por eso dejaría la primera parte del punto 6 y la segunda la eliminaría. Concuerda con el Sr. Melo en eliminar la frase aludida.

El Sr. Rector (S) pregunta si, en general, hay acuerdo sobre la declaración. De ser así sugiere que la profesora Zeran, la Dra. Burrows y el Sr. Felipe Melo podrían dar la redacción final.

La Consejera Sra. Zeran entiende que hay acuerdo general y, por tanto, hay dos observaciones aprobadas: eliminar el párrafo 2 del punto 6 y la frase del punto 1.

El Decano Sr. Urcelay que se personaliza demasiado el punto 5 porque la Universidad de Chile siempre ha hecho planteamientos consistentes sobre estas materias.

El Sr. Rector (S) propone hacer referencia a los demás en lugar de eliminar la referencia al Rector.

El Decano Sr. Urcelay agrega que en el punto 7 hay que decir explícitamente que la Universidad de Chile desea tener participación en los reglamentos de la ley, porque serán los que marquen la diferencia.

El Sr. Rector (S) pregunta cómo cambiaría la redacción.

El Decano Sr. Urcelay señala que agregaría, luego de la frase final, “particularmente en lo que se refiere al diseño de sus reglamentos”.

El Decano Sr. Oyarzún indica que la ley se refiere al financiamiento de los estudios que debe distinguirse del financiamiento universitario. En este punto se habla en general del financiamiento universitario por lo que, de hacer algún alcance, debería especificarse concretamente.

Hay acuerdo en ese sentido.

El Presidente de la FECH señala que, en el inciso 2º del punto 7 ver cuáles van a ser las formas que se va a dar la Universidad para discutir este tema. Hay que fijar un plazo, establecer una forma concreta para llevar a cabo esta discusión.

El Decano Sr. Las Heras propone que la Comisión Mixta integrada por el Senado y la Comisión de Estructura, a la que habría que agregar participación estudiantil, se aboque a discutir el Fondo Solidario y otros temas de financiamiento. Aprovechar esta Comisión para iniciar el trabajo y generar algún tipo de propuesta sería un buen camino.

ACUERDO Nº35

El Consejo Universitario aprueba por unanimidad emitir la siguiente declaración pública:

1. El proyecto de Ley sobre Financiamiento de Estudios de la Educación, Superior " provocó la legitima preocupación de la comunidad universitaria y, en particular, de los estudiantes universitarios, quienes detectaron el peligro que en el largo plazo puede sufrir el mantenimiento del Fondo de Crédito Solidario,
2. La intervención de la Universidad de Chile fue fundamental en asegurar que dicho proyecto de ley incluyera el artículo 8°, el cual señala que "(…) las disposiciones de la presente ley no modifican de manera alguna el sistema de crédito solidario establecido en la Ley N° 19.287 y sus modificaciones".
3. El Consejo Universitario apoya, en consecuencia, la demanda de los estudiantes de educación superior, en cuanto a establecer una mesa de trabajo con el Gobierno y todos los agentes involucrados, con el carácter de urgente. Es fundamental el aseguramiento, no sólo de una reingeniería de la gestión del actual Fondo de Crédito Estudiantil, sino que también un rediseño general del sistema público de ayudas estudiantiles, contemplando su financiamiento, método de asignación, y cobertura. En síntesis, asegurar el acceso y financiamiento al sistema de educación pública por sobre los intereses inherentes a la misión de las entidades bancarias.
4. En este sentido, la Universidad de Chile es parte de la posición expresada en esta materia por el Consejo de Rectores, en cuanto a que "el problema central del desarrollo de la Educación Superior se vincula con el adecuado financiamiento institucional para promover un sistema de calidad que efectivamente brinde reales oportunidades a los jóvenes chilenos. Esta discusión se ha pospuesto por años y por lo mismo, solicita que se inicie -a la brevedad- un análisis acabado del tema, para definir criterios y reglas atingentes a la inversión, al crecimiento del sistema y al desarrollo futuro de sus tareas".
5. El Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis Riveros, así como el Consejo Universitario, han hecho pública y consistentemente, desde julio de 1998, la demanda institucional respecto a la necesidad de revisar las políticas de financiamiento para la educación superior, no sólo en lo relativo al financiamiento estudiantil sino de todo el sistema de educación superior en general.
6. En este sentido, el Consejo reitera que la Universidad de Chile ha respondido a todos los llamados del Gobierno respecto a entregar propuestas de financiamiento. Así, acogiendo la fórmula de Universidad compleja propuesta por el Presidente de la República y el requerimiento del Ministro de Educación, elaboró en agosto del 2003, el documento "La Universidad de Chile hacia el siglo XXI, una propuesta de la Universidad de Chile al Estado Nacional”. Este documento, preparado por la comunidad universitaria, con representantes del Consejo Universitario, Senado Universitario, Fech y Fenafuch, además de autoridades centrales, era el documento de discusión para la mesa de trabajo tripartita que propuso el Ministerio de Educación, con la participación del Congreso Nacional. Esta mesa, a la fecha, no ha sido constituida.
7. En consecuencia, el Consejo Universitario reafirma la petición al Supremo Gobierno para conformar en el tiempo más breve las instancias de discusión en las mesas de trabajo, tanto en lo referente al Fondo de Crédito Solidario como en lo atingente al diseño general del financiamiento universitario.

El Consejo reitera, además, la importancia de los procesos de discusión interna en la comunidad universitaria, que permiten compartir información relevante sobre el financiamiento universitario, y contribuyen a la permanente generación de propuestas a su respecto.

El Sr. Rector (S) agradece la participación de los Consejeros en esta sesión, cuya discusión ha resultado muy enriquecedora.

Se levanta la sesión a las 12:25 hrs.

ANTONIO ZAPATA CACERES
Secretario General (S)
Secretario Consejo Universitario