Política de Inclusión Universitaria en la perspectiva de la diversidad funcional

La Política Universitaria de Inclusión y Discapacidad en la perspectiva de la Diversidad Funcional es un instrumento aprobado por el Senado Universitario, institución normativa de carácter triestamental, en agosto de 2018. Constituye la culminación de un trabajo colaborativo iniciado en 2014 con la aprobación de la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil.

Esta nueva normativa universitaria recoge los principios y disposiciones sobre discapacidad actualmente vigentes en el país, estipulados tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como en diversos cuerpos legales, entre ellos la ley 20.422, la ley 21.091 de Educación Superior, y la ley 21.015 que incentiva la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

El objetivo general de la Política apunta a implementar y cumplir cabalmente dichas disposiciones en la Universidad, conforme a la misión institucional y de acuerdo a los principios estatutarios que orientan la actuación de los órganos y la comunidad universitaria. Los objetivos específicos consideran la priorización institucional de la temática, la promoción del cambio cultural en la comunidad universitaria,, la creación de una institucionalidad encargada de coordinar, ejecutar y resolver las necesidades y adecuaciones requeridas por las y los estudiantes, académicos/as y funcionarios/as de la Universidad, y la creación de un plan para la implementación del acceso universal en las dependencias institucionales.

En términos globales, esta Política contribuye desde su denominación, incorporando el concepto de Diversidad Funcional, al cambio cultural que debe guiar la superación de visiones biomédicas y peyorativas sobre la experiencia de la discapacidad.

La serie de procesos institucionales que desembocaron en la aprobación de la Política de Inclusión y Discapacidad en la perspectiva de la Diversidad Funcional por parte del Senado Universitario, comenzó en julio de 2014, momento en el que el órgano normativo triestamental decretó la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil, cuyo texto definió entre los grupos prioritarios a las y los estudiantes en situación de discapacidad. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2015, desde la Oficina de Equidad e Inclusión, se convocó a una Comisión de Discapacidad, con representantes designados por los decanos/as de todas las unidades académicas. La Comisión trabajó durante un año en sesiones periódicas, contando con la participación de una serie de actores relevantes en materia de inclusión y discapacidad tanto internos como externos.

Fruto de este trabajo, a fines de 2016 se publicó el informe "Inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad de Chile. Un compromiso con la equidad”. 

En dicho informe, la Comisión manifestó reconocer la urgencia de disminuir las barreras al acceso, permanencia, participación efectiva y egreso de estudiantes en situación de discapacidad, enfatizando el deber de la universidad de atender las necesidades de este colectivo, implementando las adecuaciones necesarias para garantizar una participación efectiva en igualdad de oportunidades.

El señalado informe incorporó las principales conclusiones de las diversas subcomisiones, estableciendo, entre otros puntos, una propuesta de modificación del sistema de admisión especial; la conformación de un equipo profesional multidisciplinario especializado en el área; la prestación de servicios de apoyo para la permanencia; la implementación de adecuaciones curriculares y la modificación de planes de estudio y reglamentos en aras de la flexibilidad curricular; la incorporación de la accesibilidad universal dentro de los criterios transversales de gestión institucional; capacitación y´concientización de la comunidad universitaria; entre otras.

El documento fue presentado en la sesión plenaria del Senado Universitario del 12 de abril de 2018, conformándose un equipo de trabajo orientado a la elaboración de la Política de Inclusión y Discapacidad, integrado por la Dirección de Pregrado, la Oficina de Equidad e inclusión y la Secretaría de Inclusión y Diversidad Funcional de la FECH, y coordinado por el Senado Universitario. A su vez, el área jurídica del organismo elaboró el Documento de Trabajo N° 111 (junio 2018), titulado "Marco Jurídico ­ Discapacidad en el ordenamiento jurídico y en la Universidad de Chile". (Senado Universitario de la Universidad de Chile, 2018a)

Se sostuvieron reuniones con el Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad (PAED), grupo Convive, Núcleo de Desarrollo Inclusivo, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Vicerrectoría de Gestión Institucional. A partir de dichas reuniones se recabaron diversas visiones y experiencias, especialmente de las personas en situación de discapacidad. En tal sentido, es de relevar la importancia de la generación de esta normativa universitaria con una óptica participativa y con una perspectiva de Derechos.

La Política considera cuatro estrategias transversales, a saber:

  1. Transversalización del enfoque de derechos, incorporándolo en todos los instrumentos de gestión institucional, asociado a metas claras y objetivables. Asimismo, se debe incorporar la temática de inclusión y discapacidad en la formación básica de pregrado.
  2. Intersectorialidad en los procesos, centrada en el carácter multidisciplinario de la atención a las necesidades de estudiantes y trabajadores/as en situación de discapacidad.
  3. Comunicación efectiva, velando por la difusión e información oportuna de todos estos procesos hacia la comunidad universitaria.
  4. Interseccionalidad en la inclusión, como eje de los procesos de análisis institucional y diseño de estrategias en favor de la inclusión.

 

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