El 7 de diciembre la prorrectora Alejandra Mizala y Thomas Griggs, director ejecutivo del proceso de acreditación institucional, expusieron ante el pleno del Senado Universitario sobre la planificación y proyección de este importante desafío para la Universidad de Chile, cuyo lanzamiento oficial será en marzo de 2024.
La Universidad deberá presentar a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) un nuevo informe de autoevaluación en marzo de 2025. La información reunida en este documento servirá, entre otras cosas, de insumo para presentar durante la etapa de acreditación.
Griggs, alumni de administración pública y magíster en ciencia política, indicó que el trabajo de acreditación institucional que la casa de estudios realizará el 2024 requiere de la participación de toda la comunidad. “El Senado Universitario es una instancia clave para informar y hacer partícipe al cuerpo académico, a las y los funcionarios y a estudiantes de un proceso que es beneficioso para la propia Universidad. Saber cuánto hemos avanzado y cuáles son nuestros principales desafíos es un tremendo aporte para seguir construyendo la Universidad de Chile".
Tal como señala la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la acreditación institucional es de carácter obligatorio para las instituciones de educación superior autónomas. Este proceso mide el nivel de calidad de cada organismo, mediante la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares definidos por la CNA; pero también de acuerdo a sus propias definiciones estratégicas. Es decir, se evaluará el cumplimiento de la Universidad respecto a lo establecido en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los lineamientos del proyecto educativo, el programa de Rectoría, las Políticas Universitarias, entre otros parámetros internos, y considerando el grado de superación de las debilidades de la acreditación anterior.
El Senador Claus Köbrich, presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional -instancia encargada de elaborar el Plan de Desarrollo Institucional-, se refirió al papel del órgano triestamental en este proceso. “La acreditación se ha convertido en un factor crucial para el reconocimiento de la calidad de las universidades. El nuevo modelo de acreditación evalúa la excelencia en función de nuestro propio PDI, por lo tanto, un plan estratégico bien concebido es esencial para guiar a las universidades a través de este complejo proceso. Este plan no sólo ayuda a identificar y fortalecer las áreas de mejora, sino que también fomenta una cultura de excelencia y compromiso continuo con la calidad. Además, servirá como hoja de ruta, facilitando la implementación de prácticas efectivas de gestión, promoviendo la innovación en la enseñanza, fomentando la investigación de excelencia y fortaleciendo la vinculación con el medio”, dijo.
La Universidad de Chile se enfrentará a una acreditación integral, ya que se evaluarán todas las sedes y campus, y la totalidad de funciones y niveles formativos, incluyendo las carreras y programas de postgrado. Asimismo, la CNA ha enfatizado en el carácter dinámico del concepto calidad. Por lo tanto, se debe demostrar avances significativos respecto del proceso anterior, ya que comprobar un desempeño similar no es garantía de obtener una acreditación por siete años – periodo máximo de certificación al que se aspira-.
“Este proceso que involucra a toda la Universidad tiene sentido cuando lo usamos para reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre cuánto hemos avanzado respecto de las brechas que se detectaron en el proceso anterior. Pero también sirve para proyectarnos hacia el futuro y pensar en qué queremos ser y qué debemos hacer para lograrlo. Entonces, me gusta pensarlo como catalizador de avances para la Universidad. Es decir, que, a propósito de este proceso, podamos avanzar en muchas cosas que se están trabajando, y en las que a veces nos demoramos mucho”, explicó la Prorrectora.
Cambios en la acreditación
Desde la reforma de 2018, el modelo de acreditación ha experimentado cambios significativos, como la formulación de nuevos criterios y estándares, y nuevas lógicas y metodologías de evaluación. En este nuevo contexto, la Universidad deberá acreditarse en cuatro dimensiones obligatorias: gestión estratégica y recursos institucionales, docencia y resultados del proceso de formación, aseguramiento interno de la calidad, y vinculación con el medio. Además, para optar al periodo máximo de vigencia deberá acreditarse en la dimensión de investigación, creación y/o innovación.
Con la intención de evaluar el nivel de logro de estas cinco dimensiones existe un total de catorce criterios, entre los cuales está el de gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión, que no fue parte del proceso anterior.
Respecto a la Superintendencia de Educación Superior, también va a desempeñar un rol distinto. En 2018 su función era informar a la CNA sobre la situación financiera de la Universidad. Ahora, además, deberá emitir un informe acerca del cumplimiento de la Ley 21.369, que busca garantizar espacios libres de acoso y violencia de género.
En cuanto a los resultados de la acreditación, actualmente los estándares de evaluación se dividen en tres niveles:
- Acreditación de nivel 1 (tres años). Se entrega a las instituciones que cuentan con políticas y aplican mecanismos para el aseguramiento de la calidad.
- Acreditación de nivel 2 (de cuatro a cinco años). Se entrega a las instituciones que aplican de forma sistemática mecanismos para el aseguramiento de la calidad, miden sus resultados y promueven una cultura de la calidad.
- Acreditación de nivel 3 (de seis a siete años). Se entrega a las instituciones que usan sus resultados para retroalimentar y ajustar políticas y mecanismos para el aseguramiento de la calidad. Además, su cultura de la calidad se expresa en la mayoría o todas sus unidades.