El jueves 7 de marzo -a raiz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer- Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género (DIGEN), dio cuenta ante el pleno del Senado Universitario sobre los avances en la implementación de las políticas universitarias orientadas a disminuir las brechas, sesgos y violencias de género en la Universidad de Chile, y su articulación con el resto de procesos institucionales.
Los mecanismos con los que actualmente cuenta la casa de estudios en temas de género se remontan al año 2014, cuando una comisión triestamental de igualdad de género –conformada por personas que, desde sus compromisos personales, decidieron hacer un diagnóstico preliminar- definió que era necesario abordar las discriminaciones existentes desde la institucionalidad. De este modo, se creó la Oficina de Igualdad de Género, que posteriormente se transformaría en la actual Dirección de Igualdad de Género.
Las políticas universitarias para Prevenir el Acoso Sexual, y de Corresponsabilidad Social en la Conciliación de las Responsabilidades Familiares y las Actividades Académicas, fueron las primeras en ser aprobadas, ambas en 2017. Según la directora de la DIGEN, esta decisión fue tomada con el propósito de enfocarse en problemas concretos y visibles, cuyo abordaje permitiera sensibilizar y concientizar a la comunidad universitaria.
“Si bien en un comienzo el mecanismo institucional era débil, había mucha participación comunitaria en comisiones y comités en el marco de la generación de las primeras políticas. La conclusión a la que se llegó en estos colectivos, es que no existían aún las condiciones culturales ni políticas en la Universidad para plantear una política integral de igualdad de género. Había que tomar el camino largo”, agregó.
Puesta en marcha
Gracias a un arduo esfuerzo de la DIGEN y de distintas unidades y organismos universitarios, las ideas que nacieron en el papel se han ido transformando en acciones tangibles. Esto, gracias a un constante seguimiento que ha permitido asegurar su ejecución.
“A veces cumplimos el rol un poco ingrato de estar encima de las facultades y vicerrectorías viendo resultados, porque queremos garantizar que las políticas no sean solo declaraciones de intenciones. Tenemos escrito en las políticas casi todo lo que quisiéramos que una universidad tenga. La preocupación, por lo tanto, es cómo implementamos lo que decimos. Por eso es que ponemos tanto acento en hacer seguimiento a las acciones”, expresó Andrade.
Respecto a los avances institucionales asociados a la Política para Prevenir el Acoso Sexual, en la actualidad la Universidad cuenta con la Unidad de Investigación Especializada (UIE) en Acoso y Discriminación, de la Dirección Jurídica. Además, las víctimas pueden acceder a atención socio jurídica con un equipo especializado de la DIGEN, y atención psicológica con un equipo especializado del Servicio Médico y Dental (SEMDA).
Desde el enfoque preventivo, la Universidad ha puesto en marcha planes de sensibilización para la comunidad y de capacitación del personal, un curso de inducción para los nuevos funcionarios, y cursos de formación general sobre género, violencia y derechos humanos, que se imparten todos los semestres.
Por su parte, la implementación de la Política de Corresponsabilidad social en la Conciliación de las Responsabilidades Familiares y las Actividades Académicas ha permitido generar programas de apoyo a estudiantes madres y padres. Desde 2018 ha operado el Reglamento de Corresponsabilidad Social en el Cuidado de Hijas e Hijos de Estudiantes, que –entre otras cosas- garantiza flexibilidad académica y permisos por enfermedades de los/as hijos/as.
Asimismo, casi el noventa por ciento de las facultades cuenta con infraestructura para el cuidado (lactarios, mudadores, accesibilidad para coches) y también existe acceso preferente a los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Actualmente, existen jardines infantiles en los campus Juan Gómez Millas y Beauchef, y prontamente se va a inaugurar un tercero en Campus Sur.
Sello Genera Igualdad
En 2020, luego de tres años desde la aprobación de estas iniciativas, la Comisión de Género y Diversidades del Senado diagnosticó que la desigualdad de género persistía en la Universidad y que era imperioso contar con una política que se hiciera cargo de estas falencias institucionales de manera integral. Esto, a través del "Informe sobre medidas en torno a las problemáticas de segregación, brechas y violencia de género, educación sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile".
Tras un trabajo colaborativo entre la Comisión de Género y Diversidades y la DIGEN -que también contó con la participación de distintas organizaciones, agrupaciones y actores de la casa de estudios- se elaboró la Política de Igualdad de Género, que fue aprobada por el Senado Universitario el 3 de marzo de 2022.
Carmen Andrade señaló que con el propósito de abordar algunas de las dimensiones fundamentales de esta política, la Universidad suscribió el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la intención de implementar una certificación en estándares de igualdad de género, denominada Sello Genera Igualdad, cuya primera fase se desarrolló entre 2019 y 2021.
“La U. de Chile se transformó en la primera institución de educación superior de América Latina reconocida, en este caso por el PNUD, por el cumplimiento de estándares de igualdad de género. Este proceso busca transformar la cultura institucional para construir una cultura de igualdad de género. Tiene un doble propósito: intervenir la propia Universidad, es decir, lograr resultados concretos en las distintas áreas del quehacer universitario, y también ser una experiencia que sirva como modelo para el resto de las universidades que quieran replicarla”, añadió.
En la primera etapa participaron las vicerrectorías de Asuntos Académicos (VAA), Asuntos Económicos y de Gestión Institucional (VAEGI), Investigación y Desarrollo (VID), Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) y de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), junto a las facultades de Ciencias Sociales (FACSO) y de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). Estos organismos realizaron un autodiagnóstico de las principales desigualdades y discriminaciones de género, el cual les permitió fijar estándares, metas e indicadores en los distintos niveles, y ejecutar planes de acción para cumplirlas.
De este modo, la U. de Chile está trabajando arduamente por fortalecer la institucionalidad de género, y en ese contexto, ha logrado –entre otros- los siguientes avances: actualizar el Modelo Educativo, documento estratégico que orienta la función formativa en la Universidad; publicar una guía de educación antisexista; modificar el reglamento que regula el desarrollo de la carrera académica; generar incentivo para aumentar la proporción de académicas que participan o lideran investigaciones; incorporar criterios y directrices de género en normas y reglamentos, por ejemplo, el reglamento que permite contratar a personas del sexo subrepresentado; diseñar procesos de selección y de reclutamiento erradicando sesgos de género; aumentar el número de autoras en revistas institucionales y en todo tipo de publicaciones de la Universidad; elaborar un manual para un ejercicio informativo con perspectiva de género y una guía de lenguaje inclusivo.
En la actualidad, la Universidad se encuentra desarrollando la segunda fase de este proceso, la cual busca implementar, profundizar e institucionalizar los avances de la primera etapa.
Desafíos y proyecciones
En cuanto a los desafíos existentes, la ex ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Carmen Andrade, afirmó que es fundamental que los organismos universitarios incorporen los temas de género como parte de su quehacer habitual. “Todavía está la idea de que este es un tema que genera una pega extra y que le corresponde a la DIGEN. En ese sentido, es importante entender que se trata de una perspectiva que debiera cruzar el día a día de la Universidad. En eso se ha avanzado muchísimo, pero hay que desarrollarlo más”, declaró.
Desde la perspectiva de la DIGEN, también se requiere optimizar los ritmos de los procesos, que siguen siendo lentos, y la coordinación entre las unidades académicas y las vicerrectorías para garantizar que las iniciativas se apliquen en cada facultad de la casa de estudios.
Respecto al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2026-2036, Andrade enfatizó la importancia de incluir la perspectiva de género. Si bien en el anterior PDI se incorporó una estrategia de igualdad de género, en este proceso se busca abordarlo de manera transversal y no como un acápite.