En el marco del mes de la ciberseguridad, el pasado 10 de octubre, el Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, dio a conocer los resultados del informe “Ciberseguridad y Género: La perspectiva de género en las políticas públicas de América Latina y el Caribe”, elaborado por Daniela Olivares y Valentina Arriagada, investigadoras del CEDI, gracias al apoyo del Gobierno de Canadá, a través de su Embajada en Chile.
La instancia contó con la participación del Embajador de Canadá, Michael Gort; el Decano de la Facultad, Pablo Ruiz-Tagle; la Gerente General de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Karin Quiroga; la Oficial de Proyectos del Programa de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Katya Vera; y la investigadora del CEDI, Daniela Olivares.
En el evento, el Decano Ruiz-Tagle dio las palabras de bienvenida, donde agradeció a la Embajada de Canadá en Chile por su apoyo con el informe y con en el curso Género y Ciberseguridad, que ha permitido ofrecer a la fecha 100 becas a personas de toda Latinoamérica y el Caribe para capacitarse en la Facultad de Derecho. Destacó también el compromiso de la Universidad de Chile con la igualdad, del que surge estudiar las cuestiones de género desde un punto de vista crítico. La equidad de género es un tema transversal, debe ser estudiado en el uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
La investigadora del CEDI, Danielle Zaror, quien ofició de presentadora, destacó que el informe es un trabajo pionero en el área, y por ello, será un aporte para la región, al ser un estudio que nos permite analizar las políticas de ciberseguridad de la región y constatar si estas incorporan un enfoque de género.
Posteriormente, Daniela Olivares se refirió al estudio como una sistematización de la información pública existente sobre las políticas y estrategias de ciberseguridad de los países de América Latina y el Caribe, que analiza si estas integran la perspectiva de género de forma directa, esto es, haciendo mención expresa a la perspectiva de género, mujeres o disidencias sexogenéricas, o indirecta, a través de menciones genéricas a los derechos humanos o a grupos vulnerables.
Respecto a los hallazgos del informe, señaló que de los 16 países de América Latina y el Caribe que cuentan con una política o estrategia de ciberseguridad, 14 de ellos incluyen en mayor o menor medida derechos humanos. Número que al analizar cuántos de estos países incluyen alguna referencia a perspectiva o enfoque de género, disminuye drásticamente, a solo 4 países: Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.
A continuación, Karin Quiroga, se refirió a las brechas de género en ciberseguridad, indicando que las mujeres representan solo el 25% de quienes trabajan en ciberseguridad a nivel internacional, y a la falta de más de 28.000 profesionales en ciberseguridad en Chile.
Recalcó la importancia de incluir la perspectiva de género en las políticas de ciberseguridad, porque en caso contrario, no se consideran a las mujeres en la toma de decisiones, lo que genera sesgos, y no permite el cierre de las brechas.
El embajador Michael Gort señaló que para las mujeres en el ciberespacio es latente el alto riesgo de sufrir intimidación y ciberacoso, la filtración de su información privada, extorsión y/o fraude. También se refirió al compromiso internacional de Canadá de promover y proteger un ciberespacio libre, abierto y seguro, siendo para ello fundamental que los estados se comprometan en el ciberespacio.
Posteriormente, destacó el programa de Becas de mujeres en la ciberseguridad internacional y el ciberespacio, que ha permitido la participar de expertas en negociaciones del grupo de trabajo de composición abierta sobre seguridad y el uso de tecnologías de información y comunicaciones.
Finalmente, Katya Vera, se refirió a la falta de datos, investigaciones, recursos y evidencia en la materia, que permitan tener una mejor comprensión de los componentes de género y ciberseguridad, por lo que considera el informe una importante contribución.
Además, expuso los resultados de una encuesta de la OEA que arrojó que el 60% de las personas consideraba que no había nexo entre ciberseguridad y género, y 54% refería que el sexismo persiste en el sector. Esto lo consideró una visión riesgosa, porque pensar en neutro al trabajar en temas de ciberseguridad conlleva que pasemos por alto necesidades específicas de las personas y que por tanto las políticas y el diseño de la ciberseguridad tengan sesgos que afectan su efectividad.
También expuso sobre los programas que ha desarrollado la OEA que buscan cerrar brechas, entre ellos el Ciberwomen Challenge, ferias de mentorías en ciberseguridad para las jóvenes de las américas, y a publicaciones sobre violencia de género en línea que buscan brindar herramientas de seguridad digital.