Entre el 13 de marzo y el 15 de abril se está llevando a cabo el apagón analógico en Chile; esto es, el final de la fase de transición de la TV abierta desde la tecnología analógica a la tecnología digital, período que se ha extendido cuatro años más de lo programado originalmente, pero que ha permitido a los canales —y a los televidentes— tomar las medidas necesarias para adaptarse a este cambio. Es el cierre de un proceso cuyo primer hito fue el proyecto de Ley ingresado por la presidenta Bachelet el 2008 hasta su promulgación en mayo de 2014.
En todo el debate público en torno a la TV Digital esta fue considerada no solo como un cambio tecnológico, sino también como una oportunidad de mejora sustantiva de la industria televisiva. Promesas tales como “una mayor diversidad y pluralismo informativo y cultural; una adecuada expresión televisiva de la identidad y problemáticas regionales, locales y comunitarias; el desarrollo de la industria de contenidos y cultural general” o “una televisión que esté a la altura de los desafíos de hoy, desde el punto de vista del pluralismo y la inclusión”.
Sin embargo, a 10 años de implementación los avances destacables al respecto son más bien imperceptibles. Por ejemplo, no existen a la fecha nuevos canales comerciales de TV digital de alcance nacional, más allá de las segundas señales de los canales ya existentes. A excepción de la señal educativa de TVN y el canal de la Universidad de Chile en la frecuencia que arrienda a Chilevisión, en general las segundas señales se han convertido en nuevas pantallas para antiguos contenidos de los mismos canales.
En el caso de la TV local y regional, en el marco de una investigación cualitativa desarrollada entre 2021 y 2022 con directivos/as y editores/as del sector, ante la pregunta sobre la existencia de algún tipo de impacto del proceso de digitalización de la televisión abierta sobre el pluralismo, todos los entrevistados de canales regionales contestaron negativamente, señalando que la ciudadanía en general desconoce el acceso, usos y beneficios de la TV digital, persiste una despreocupación de las instituciones públicas por educar en torno al tema y el retraso del apagón analógico ha inhibido el tránsito de las audiencias a la digitalización.
En el caso de los canales locales, había un poco más de optimismo pero también con ciertas reservas: les preocupaba la falta de educación de las audiencias sobre la digitalización de la TV y que algunos aspectos de ley beneficiosos para el sector se han implementado de modo lento o problemático, como el must-carry. En el caso de la TV Comunitaria, el dato duro es que solo existen 5 concesiones asignadas, todas en 2018. El 15 de marzo se publicó en el diario oficial la adjudicación de 8 frecuencias más en esta categoría, pero aun está pendiente el otorgamiento de las mismas.
Volviendo al tema específico del apagón, el principal riesgo que tenemos hoy día es que el Estado no cuenta con datos propios suficientemente exhaustivos y actualizados respecto del nivel de digitalización de los televisores, especialmente en sectores alejados y aislados, en zonas más pobres, entre adultos mayores y que el apagón genere una nueva arista de exclusión digital. Sobre todo en aquellos sectores sociales y geográficos donde su vinculación con la contingencia y la realidad nacional se da principal o exclusivamente a través de la TV abierta. No todo el país tiene el mismo nivel de conectividad que Sanhattan.
Sin embargo, no se conocen medidas adoptadas desde el Estado respecto de las situaciones de exclusión digital de las audiencias que podría provocar esta situación. La investigación de casos internacionales de implementación de la TV Digital llevada a cabo por Albornoz y García Leiva (2012) señalaba países donde se observaron formas de subsidio relacionados con la adquisición de aparatos o decodificadores como el Programa Cupón en Estados Unidos y los Puntos eco en Japón.
En el otro extremo mencionaban el caso de China, donde había riesgo de dejar fuera del proceso a la población rural y/o muy pobre, que ascendía en esa fecha al menos a unos 160 millones de personas (en el contexto analógico ya había 40 millones de chinos que no accedían a ninguna señal de televisión abierta). Un caso más reciente y cercano es Argentina, que en el contexto del apagón dispuso en 2022 un plan de ayudas para audiencias vulnerables que no pudiesen pagar la reconversión o reemplazo de sus televisores (Decreto 156/2022).
Habría sido una buena medida preventiva la existencia de una campaña pública informando del proceso, sus implicancias y eventuales dificultades. En este punto solo queda esperar que el apagón se lleve a cabo sin controversias y que los cambios sustantivos que prometió el cambio tecnológico puedan observarse algún día.