¿Hay televisión pública en Chile?

Chile es un país de apariencias. En que gran parte de lo que parece no es. Así, tenemos un sistema político formalmente democrático, con elecciones periódicas de autoridades, pero donde la Constitución y las leyes no son el producto efectivo de la voluntad mayoritaria del pueblo. Tenemos también una legislación que formalmente consagra los derechos sindicales. Pero tanto por las restricciones de esa misma legislación, como por la práctica, los derechos a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga son severamente vulnerados. Lo mismo podríamos decir de la generalidad de los derechos humanos en nuestro país.

La televisión pública no se escapa a este patrón. Tenemos una empresa de televisión que es propiedad del Estado (Televisión Nacional o TVN) y que es regida por un directorio cuyos miembros son generados por la Presidencia de la República y el Senado. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, opera como una empresa privada que “compite en el mercado televisivo” con los demás canales universitarios o de grupos económicos. De este modo, debe autofinanciarse sin recibir ningún aporte estatal directo, con lo que queda absolutamente condicionada al avisaje que obtenga en el mercado, que en la práctica se obtiene abrumadoramente de grandes consorcios pertenecientes a grupos económicos.

Lo anterior encadena a TVN a la esclavitud del “rating” y le impone a la estación los criterios de ser un “negocio” como cualquier otro. Por tanto, le impide configurar su programación en la perspectiva de un servicio público destinado a ser un vehículo efectivo para la materialización de los derechos a la libre información y expresión; y para el desarrollo cultural del conjunto de los chilenos.

En rigor no es solo aquello lo que desfigura el rol de TVN. Tal como lo ilustra exhaustivamente Patricio Bañados en la entrevista concedida a este Boletín, las propias políticas de la Concertación, de consolidar el modelo económico y cultural neoliberal impuesto por la dictadura, han repercutido en un clima de extendida y sofocante autocensura al interior de la estación. De este modo, todo lo que afecte a los poderes fácticos de la sociedad chilena pasa a estar excluido de los noticiarios y programas de TVN.

 Por esto, no es posible ver allí (así como en el resto de la televisión chilena) informaciones ni debates sobre los principales problemas que afectan a la sociedad chilena: extrema desigualdad en la distribución del ingreso; ausencia de una política nacional del cobre; carencia de derechos laborales y sindicales efectivos; concentración económica en desmedro de la pequeña y mediana empresa; concentración creciente de la propiedad de los medios de comunicación; etc. ¡Ni siquiera las graves fallas del Transantiago han merecido algún debate en TVN!

Por ello, tampoco podemos escuchar en el canal “público” las voces de los dirigentes representativos de las grandes mayorías afectadas por la aplicación del modelo neoliberal: dirigentes sindicales, poblacionales, indígenas, juveniles, de las PYMES, etc. Con suerte aparece, de cuando en cuando, el presidente de la CUT,
Arturo Martínez. Sin embargo, los dirigentes de los gremios de la gran empresa y los economistas neoliberales aparecen diaria y profusamente para ilustrarnos de las “bondades” del modelo chileno y de la admiración que suscita en los círculos financieros y de inversionistas internacionales.

Debido a aquello, tampoco vemos en TVN ningún debate a fondo sobre la política de terrorismo de Estado aplicada por la dictadura, precisamente para refundar nuestro país sobre la base de un modelo neoliberal que nunca iba a ser aceptado democráticamente por la mayoría de la población que se vería perjudicada.
Por lo mismo, cuando se dan noticias referidas a violaciones de derechos humanos o algunos reportajes, TVN no contextualiza ni menos condena al régimen que como política sistemática las provocó. Naturalmente que esto exacerba la desmoralización de la sociedad chilena.

También, debido a aquello, tampoco podemos extrañarnos mucho de la sistemática autocensura que TVN aplica hasta el día de hoy a la generalidad del cine del exilio; y particularmente a los documentales con una visión crítica de la realidad chilena, lo que estamos reseñando desde el número de Septiembre de este Boletín.

Por tanto, es prácticamente imposible que tengamos una auténtica televisión pública, de no haber un reacercamiento del liderazgo de la Concertación a sus posiciones originales planteadas en el programa presidencial de Aylwin, en 1989; y, concretamente, a las posiciones tradicionales de sus partidos que priorizaban la vigencia del derecho a la libre información y expresión de los ciudadanos por sobre la capacidad económica de unos pocos potentados. Criterio que en su momento hizo suyo la propia derecha, cuando el presidente Alessandri estableció, a partir de 1959, que solo las universidades podían tener acceso a concesiones para establecer y operar canales de televisión en nuestro país