Marco Llerena, vicepresidente de Oro Negro: "Necesitamos un Estado que diga que se siente orgulloso de la existencia del pueblo tribal afrodescendiente"

Entrevista a Marco Llerena, vicepresidente de Oro Negro.
Marco Llerena Rodríguez, vicepresidente de Oro Negro.
Marco Llerena Rodríguez, vicepresidente de Oro Negro.
Fiesta de la Virgen del Rosario Peñas, Arica.
Fiesta de la Virgen del Rosario Peñas, Arica.
Entrevista Virtual.
Entrevista Virtual.

Este 16 de abril se cumplen 5 años de la publicación de la Ley que Otorga Reconocimiento Legal al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno (21151), disposición que además admite “su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión”.

Para saber cómo analizan las organizaciones sociales este proceso, conversamos con Marco Llerena Rodriguez, historiador del arte titulado en la Universidad de Chile y actual vicepresidente de Oro Negro, histórica agrupación que lucha desde hace más de veinte años por el reconocimiento de su pueblo, espacio que además, junto a la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra casa de estudios se encuentra organizando el Seminario “Memoria, Identidad y Políticas Públicas: a 5 años del reconocimiento legal del Pueblo Tribal Afrodescendiente”, que se realizará este próximo 9 de mayo en Casa Central. 

¿Cuál sería el análisis que se hace desde las organizaciones sociales de estos cinco años de la promulgación de la Ley?

La verdad es que ha sido un proceso extremadamente lento para lo que se aspiraba, ya que dentro de sus indicaciones decía que debía haber sido reglamentada al año de promulgación y tras cinco años recién estamos desarrollando ese proceso. Somos 8 las organizaciones que estamos trabajando con la Unidad de Asuntos Culturales e Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social en la reglamentación, y esta lentitud implica de que ha sido muy difícil generar política pública en materia del Pueblo Tribal Afrodescendiente, ya que nosotros no somos Conadi, no somos un pueblo indígena, somos un pueblo afrodescendiente y necesitamos una institucionalidad diferente, por eso la relación con esta Unidad es muy positiva pero creemos que el proceso ha sido muy lento, porque ha pesar de que nosotros avanzamos bastante todo el rato se nos dice que no hay reglamentación, lo que implica que dependemos mucho de la voluntad de las autoridades de que avancemos o no, así que ha sido un trabajo muy personalizado el que la Ley se materialice. 

¿A pesar de la lentitud, que es lo que más destacarías de esta Ley?

Dentro de lo principal es que reconoce que hay un patrimonio y un Pueblo Tribal Afrodescendiente en Chile, herederos de la trata transatlántica de esclavizados. En un capítulo importante señala que efectivamente serán contraparte las organizaciones que el propio Pueblo Tribal determine, también dice que debiese haber un trabajo importante en educación, y ahí las organizaciones ya estamos trabajando con la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación para la creación de contenidos para los libros de estudio del próximo año, por ejemplo de primero a octavo básico; y también establece que se deben incorporar contenidos sobre la historia del pueblo tribal y su desarrollo en Chile desde la Educación Parvulario a la Educación Universitaria, por eso también el trabajo con la Universidad de Chile es muy relevante, por lo que el seminario que se realizará en mayo lo valoramos mucho. Y por supuesto establece que como pueblo tenemos derechos, no solamente el derecho a la existencia de poblaciones herederas de esclavizados que llegaron a América Latina sino que también derechos culturales, etc. El balance que se hace es positivo de cierta manera, pero a veces tiene que ver más con la disposición de las autoridades en los gobiernos, por lo que tiene que ver con personas más que con el Estado. 

Si uno recapitula, por allá por 1830 se dejó de establecer en el Censo o encuesta nacional la existencia de lo afro, hoy, casi doscientos años después, se vuelve a preguntar por el pueblo tribal, ¿qué significado le dan?

Las poblaciones afrodescendientes fueron históricamente censadas en los censos coloniales, incluso en Santiago, el Maule y Arica se detecta presencia negra en Chile, pero luego en el mundo más contemporáneo sufrimos racimo y autoridades en procesos pasados del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) nos negaron la posibilidad de ser censados, ya que primero nos decían que era muy costoso y en el proceso anterior nos pusieron en la categoría de otros, lo que sin duda nos invisibilizó bastante porque había que decirle al censista póngame en la categoría otros y luego decirle que eras afrodescendiente, pero aún así aparecieron auto reconocidas más de nueve mil personas, así que lo que pasa en el Censo actual, donde aparecen las categorías  “Afrodescendiente”, “Moreno/a de Azapa”, “Afrochileno/a”, “Negro/a de la Chimba”, “Negro/a”, “del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno”, es histórico y es muy importante porque probablemente nos dará una cifra mucho más exacta para poder hacer política pública. 

¿Lo del Censo es también una instancia de apertura al reconocimiento social y no sólo del Estado?

Acá podemos hacer un poco de historia. Según los datos registrados de las mercancías que llegaban en los barcos de las distintas coronas llegaron a América Latina más de quince millones de seres humanos en tres siglos y se distribuyeron por todo el continente, incluyendo Chile, porque rutas esclavistas hacia Chile había por diferentes lugares, Argentina y Perú, por ejemplo, y en algún momento después con las independencias y las nacionalizaciones la mayoría de los países de América Latina y especialmente Chile tiende a borrar su negritud, a invisibilizar y a borrarnos de la historia, fundamentalmente porque se crea un estereotipo de una nación bajo ciertos símbolos, estatus y raza y esa raza niega la negritud. Entonces es normal que la gente no nos reconozca. De hecho a mí me tocó cuando trabajamos esta Ley hace cinco años que muchos destacadas y destacados senadores nos dijeran que no tenían idea de que habían negros en Chile, por lo tanto nosotros no nos íbamos a enojar, ya que en los libros de historia siempre se dice que los negros en Chile se murieron de frío o desaparecieron, y eso ha empezado a cambiar. La negritud en Chile es y ha sido negada por razones fundamentalmente racistas y es un racismo sistémico, además. 

¿Cómo se hace el cambio de pasar de la buena voluntad de las personas a tener políticas de Estado que permitan avanzar en cambios y también en la contención de ese racismo?

Reconocimiento efectivo. Acaba de estar la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales de Naciones Unidas, (Alexandra Xanthaki) en Chile y su relatoría dice que tenemos una legislación muy débil para el mundo indígena y afrodescendiente, de hecho no estamos reconocidos en la Constitución por lo tanto eso marca las leyes hacia abajo y ahí tenemos un problema de un esquema de racismo que tiene que ver con el no reconocimiento de la territorialidad, y en la documentación de la reglamentación quedó fuera el derecho a la tierra, por lo que las actuales autoridades, no todas por cierto, niegan la territorialidad. Nosotros pensamos que tiene que ver con el desarrollo minero, ya que si es así tendrían que consultarnos como pueblo, y eso pasa con todos los gobiernos, se evita la palabra territorialidad y sale de la reglamentación.  

¿Cómo se proyecta el trabajo tras estos cinco años?

Podemos decir que los avances que hemos tenido son positivos pero lo son porque las organizaciones hemos ido a tocar la puerta de las instituciones una y otra vez. Lo que proyectamos es la materialización de la Ley. Vivimos en un país absolutamente legalista y es como si la Ley solucionara el problema y hemos visto que no es así, depende mucho de la sensibilización, de las voluntades pero sobre todo de los recursos para poder ejecutar. 

Necesitamos un Estado que diga que se siente orgulloso de la existencia del pueblo tribal afrodescendiente, como en Argentina o en Brasil que hay encargados nacionales del tema afro y son personas afrodescendientes. Necesitamos un estados que invierta recursos para ejecutar la política pública.