En el Día Internacional de la Madre Tierra y en el marco de la tercera Conferencia de las Partes (COP) del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», el lunes 22 de abril se presentó el libro «Comentario al Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe», editado por la Dra. Lina Muñoz Ávila, Henry Jiménez y Eduardo Ferrer; coordinado por Miguel Barboza y Hartmut Rank; y publicado en 2023 por la Fundación Konrad Adenauer.
El objetivo del Acuerdo de Escazú –cuya tercera Conferencia de las Partes se llevó a cabo esta semana en Santiago de Chile– es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
El evento fue moderado por la profesora Ximena Insunza Corvalán (investigadora del Centro de Derecho Ambiental) y contó con las palabras y exposiciones de Hartmut Rank (Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad-Adenauer), Miguel Barboza (Coordinador de Proyectos de la Fundación) y la Dra. Lina Muñoz Ávila (profesora de la Universidad del Rosario).
En sus palabras de bienvenida, Hartmut Rank destacó que la obra cuenta con autores y autoras provenientes de América Latina, Europa y América del Norte, desde la academia, la sociedad civil, los Estados y las organizaciones internacionales.
El libro cuenta con capítulos escritos por expertas y expertos en la materia, entre quienes se encuentran el Dr. Michel Prieur –quien la semana pasada visitó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile–, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer, y las abogadas chilenas Valentina Durán Medina (profesora del departamento de derecho económico e investigadora del Centro de Derecho Ambiental), Constance Nalegach Romero (Jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente) y Andrea Sanhueza Echeverría (Representante del Público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú).
Miguel Barboza, por su parte, se refirió al proceso de elaboración de la obra, su objetivo y la proyección futura. El objetivo del libro fue comentar artículo por artículo el Acuerdo de Escazú, al estiló alemán, y su proceso de elaboración llevó cerca de 2 años. Dentro de su presentación, adelantó que el libro próximamente estará disponible en portugués y en inglés.
En la presentación del libro, los integrantes de la Fundación Konrad-Adenauer declaran: “Esperamos que esta obra sea un referente regional e internacional para conocer mejor el Acuerdo de Escazú y reflexionar sobre lo que se viene para los Estados de América Latina y el Caribe en su implementación. El Acuerdo implica un desafío grande para los Estados, por lo cual se necesita un conocimiento razonado y claro de este por parte de todas y todos quienes hacemos parte de esta sociedad para apoyar su monitoreo y adecuada ejecución”.
La Dra. Lina Muñoz Ávila comenzó su intervención comentando que la implementación del Acuerdo de Escazú “es un sueño para la región, que ha tardado muchos años, muchos esfuerzos, muchas reflexiones. Estar hoy en la Universidad de Chile, que es un centro de pensamiento referente para el país y para América Latina, nos permite reflexionar sobre cómo ha sido este recorrido. En ese sentido, agradezco, también, muy especialmente a la Fundación Konrad-Adenauer, porque ellos se han sumado para hacer que este sueño del comentario del Acuerdo de Escazú fuera una realidad”. Agregó que “Esta es una obra muy especial sobre el Acuerdo de Escazú, porque no hay ninguna otra que haga análisis artículo por artículo, y que plantee desde la perspectiva de la implementación, pero también desde una perspectiva teórica y conceptual, cuáles son las implicaciones de los elementos que cada una de las disposiciones del tratado incorpora”.
Durante su exposición, la académica de la Universidad del Rosario entregó 3 mensajes claves respecto del contenido del Comentario y de su potencial para poder apoyar la implementación del Acuerdo de Escazú. El primer mensaje, dijo relación con el contexto de violencia y conflictividad de América Latina y El Caribe. El segundo, con el potencial jurídico transformador que tiene el Acuerdo de Escazú en la región respecto de las normas procedimentales y respecto de la institucionalidad. Y, el tercero, con el potencial del Acuerdo de Escazú para potencializar los mandatos constitucionales en América Latina y El Caribe.
Los autores y autoras de los 17 capítulos del libro son: Luis Roberto Barroso, Patricia Perrone Campos Mello, Constance Nalegach, Patricia Madrigal Cordero, Valentina Durán Medina, Benjamín González Guzmán, Gloria Amparo Rodríguez, Mario Peña Chacón, Daniela Soberón Garreta, Carlos Trinidad Alvarado, Natalia Gómez Peña, Daniel Barragán, Andrea Sanhueza, Henry Jiménez Guanipa, Giulia Parola, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Joel Hernández, Soledad García Muñoz, Danielle Annoni, Tomás Severino, Juan Auz, Michel Prieur, Christina Binder y Claudia Florencia Valls.
El libro cuenta con un prefacio escrito por Marcos Orellana (Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y con un prólogo a cargo de Ricardo Pérez Manrique (juez de la Corte IDH).
La COP 3 del Acuerdo de Escazú
En la antesala de la presentación del libro, la Dra. Pilar Moraga Sariego (directora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia) fue entrevistada en el Programa Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, oportunidad en que pudo conversar sobre los desafíos de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP).
La agenda de la COP3 del Acuerdo de Escazú –inaugurada por el Presidente de Chile– incluyó, entre otras materias, la presentación de informes de la Mesa Directiva, de la Secretaría y de los Representantes del Público, Informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la consideración y aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, y la presentación sobre la implementación nacional del Acuerdo de Escazú en los Estados Partes.
Durante su entrevista en Radio Análisis, la directora del Centro de Derecho Ambiental recordó la consagración de los derechos de acceso en la Declaración de Río de 1992: “el objetivo de estos derechos es poder mejorar la toma de decisiones ambientales, puesto que, con el mayor involucramiento de las personas, de las comunidades, de los grupos, de distintos actores de la sociedad, se toman mejores decisiones. Este es el paradigma que impulsó la Declaración de Río y que hoy día se concreta a través de este Acuerdo a nivel regional”.
Enseguida, se refirió a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales (reconocidos en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú), recordando que esto ha sido una reivindicación de parte de muchas organizaciones, y de la sociedad civil: “La protección del medio ambiente en el contexto latinoamericano, que es un continente caracterizado por la extracción de recursos naturales, genera una tensión que, quizás, es más fuerte que en otras partes del mundo, porque la protección del medio ambiente involucra un cuestionamiento al modo de desarrollo, al nivel y a las formas de explotación de los recursos naturales, y, por lo tanto, se va generando una tensión entre los intereses económicos por una parte, y los intereses de la sociedad civil”. Agregó que, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestra región las ONG y las organizaciones ambientales no tienen un financiamiento estatal: “en nuestros países latinoamericanos, países en desarrollo, es muy excepcional una situación de esta naturaleza. Quizás, también, debiéramos pensar en avanzar hacia eso, porque es parte de la sociedad (…) quizás hoy día, como parte de la democracia, y de esta arista que es la democracia ambiental (…) habría que pensar, también, que el Estado tiene un rol en el financiamiento de estas agrupaciones”.
Consultada por la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, sostuvo que “Nuestro país en términos de definición, de marcos legales, de acceso a la participación, acceso a la información y acceso a la justicia en materia ambiental, lleva un largo camino: no nos estamos iniciando en esto. Por supuesto que hay muchas brechas y vacíos. Estamos permanentemente preocupados de cómo se puede fortalecer”. En esta línea abogó por un reconocimiento legal e institucional de las y los defensores ambientales y por superar los sesgos existentes en materia de participación ciudadana: “El aparato del Estado todavía es débil en esto: en el sentido de poder generar realmente procesos participativos, que influyan en la toma de decisiones de buena manera. Muchas veces se habla de si es vinculante o no es vinculante. Yo iría más allá de eso: lo importante es que la participación nos sirva para involucrar distintas visiones, conocimientos, y eso enriquezca una determinada decisión”.
En cuanto al rol del Estado en la promoción del Acuerdo de Escazú, en sus distintos niveles, recordó que el Estado debe propiciar los mecanismos de participación: “Esta es una responsabilidad del Estado y propiciar estos mecanismos de participación significa otorgar los espacios, que exista una legitimidad, que exista una consideración de toda la participación, de las observaciones que pueda presentar la sociedad civil en las diversas tomas de decisiones, y, luego, también, optimizar los tiempos y facilitar la información adecuada”.
#CDAxEscazú
En el marco de la COP3 del Acuerdo de Escazú, el viernes 26 de abril, la profesora Ximena Insunza participará en la «Mesa Redonda: Artículos Inéditos Seleccionados», oportunidad en que expondrá sobre «El régimen recursivo de los Tribunales Ambientales como una vulneración al derecho al recurso establecido en el Acuerdo de Escazú». Adicionalmente, la tarde de hoy, jueves 25, tendrá lugar el evento paralelo «La facilitación del acceso a la información ambiental para la sociedad civil: Experiencias desde la Ley Marco de Cambio Climático», organizado por el CDA, el CR2 y Ciudadanía Inteligente. Finalmente, Joaquín Abarzúa (ayudante del CDA) y Claudio Osses (coordinador de comunicaciones) asistieron como público a distintas sesiones de la COP3.
La 4° Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se llevará a cabo entre el 22 y el 24 abril de 2026 en Santiago de Chile.
